Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> Tardía resolución de la Segunda Sala de la SCJN
>> Invalidan un decreto cercano a la “muerte natural”
>> Complicado que regrese la vigilancia preventiva
MARIO DÍAZ (El Diario de Matamoros). CON todo y que parece ser un revés político para el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la realidad es que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Matamoros en muy poco cambia el estatus que dio origen a la misma.
En efecto, a través del entonces segundo síndico del trienio pasado, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ, el Ayuntamiento se inconformó por la extensión de vigencia de un decreto publicado por el gobierno del Estado el 22 de septiembre de 2020 para asumir el mando policial en ese municipio, hasta el 21 de septiembre de 2021, y que pretendía extenderlo un año más.
En aquel entonces, el ayuntamiento que preside MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ consideró que el mandatario estatal violó el principio de municipio libre, garantizado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tras deliberar la controversia constitucional y analizar el proyecto de resolución elaborado por el ministro JOSÉ MARÍA AGUILAR MORALES, el pleno de la Segunda Sala del máximo tribunal en el país consideraron fundada la inconformidad interpuesta por el gobierno municipal de H. Matamoros, Tamaulipas.
Los togados determinaron la invalidación del decreto del mandatario estatal GARCÍA CABEZA DE VACA al determinar que “si bien la Constitución Federal prevé el traslado de atribuciones originarias desde el municipio en favor del gobierno del estado en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo cierto es que la medida debe estar suficientemente fundada y motivada por ser de carácter excepcional y estrictamente temporal”.
Asimismo, que “en el decreto impugnado, el gobernador expresó razones que resultan insuficientes para justificar la ampliación de la temporalidad de la medida, pues no se dio noticia de algún nuevo acontecimiento calificado como situación de fuerza mayor o alteración grave del orden público, ni se exponen las razones por las que, a juicio del gobernador, los hechos que originalmente dieron lugar al traslado de atribuciones no han sido superados en el plazo previsto”.
Hasta ahí, los actos reclamados, el recurso de inconformidad, el proyecto de resolución, la votación plenaria de la Segunda Sala de la SCJN y, finalmente, la invalidación del decreto del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, publicado el 21 de septiembre de 2021.
Pero ¿cuál es la realidad de los hechos? ¿Realmente es un revés para el jefe del Ejecutivo estatal? ¿Volverá la vigilancia policial preventiva a H. Matamoros?
Veamos:
Primero: los ministros de la Suprema Corte invalidaron un decreto que está punto de finalizar su vigencia. Se publicó y causó ejecutoria en 21 de septiembre de 2021, la ordenanza concluiría el día 22 del próximo mes de septiembre, y los ministros determinaron lo conducente el 4 de agosto del año en curso; es decir, a escasos 50 días de la “muerte natural”.
Segundo: desde esa perspectiva, prácticamente el gobernador tamaulipeco impuso por más de diez meses el decreto invalidado por la Segunda Sala de la SCJN. Además, desde hace 12 años desapareció la policía preventiva derivado del mando único, y la vigilancia se ejerce con elementos de la policía estatal. Luego entonces ¿cuál revés?
Tercero: la policía preventiva no regresará al municipio durante el actual sexenio, toda vez que el período constitucional fenece el 30 de septiembre; en todo caso esa labor estaría siendo reconsiderada con el nuevo gobierno estatal que inicia actividades el primero de octubre. Además, es improbable que la administración municipal acepte incrementar el gasto corriente con eventual convocatoria y contratación del nuevo personal policial y, por supuesto, los gastos inherentes.
Con relación a la policía vial, derivado del decreto estatal los elementos fueron absorbidos por la secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque, eso sí, continuaron en la nómina de municipal. Como quien dice, yo los mando y tú les pagas.
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Sería conveniente saber qué actitud asumirán los regidores de H. Matamoros comisionados en seguridad pública con relación a la invalidación del decreto que regresa al menos a Tránsito Local bajo la tutela del ayuntamiento.
Uno de ellos, IVÁN PUENTE, tiene la palabra, quien, por cierto, es el mismo edil que andaba indagando el destino real del presupuesto de Comunicación Social, pero, extrañamente, bajó el ímpetu de su “investigación”.
Y hasta la próxima.
