Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> Asesinato del periodista Antonio de la Cruz no debe quedar impune
>> Sospechan de “carpetazo” con vinculación a proceso a detenido
>> Impunidad de agresores y corrupción judicial es combinación letal para periodistas
MARIO DÍAZ
Matamoros, Tamaulipas.- Por supuesto que le asiste la razón al diputado local de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Tamaulipas, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, al equiparar como “una llamada a misa” la vinculación a proceso de un presunto autor material del asesinato del periodista ANTONIO DE LA CRUZ y de su hija CINTHYA.
El legislador emecista considera que la indagatoria debe enfocarse en la identificación y arresto del autor intelectual toda vez que sospecha que funcionarios del anterior gobierno estatal tuvieron participación indirecta derivado de la línea editorial crítica del ahora occiso.
CÁRDENAS GUTIÉRREZ asegura que ANTONIO DE LA CRUZ “pisó cayos y denunció muchas cosas ocurridas en el anterior sexenio”, por lo que sospecha que están involucrados funcionarios de alto nivel del gobierno panista que encabezó FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
Como es del dominio público los trágicos hechos sucedieron el 29 de junio del año pasado en ciudad Victoria, cuando el comunicador junto con su hija salió de su domicilio y fue atacado a balazos dentro de su automóvil por un par de sicarios que lograron darse a la fuga. Una bala alcanzó a CINTHYA y falleció días después.
Con relación a los hechos, la fiscalía tamaulipeca arrestó en enero del presente año a un sujeto identificado como RAFAEL SANTIAGO quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el asesinato de un agente de la Policía Federal Ministerial en 2020, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa, además, como probable responsable del periodista ANTONIO DE LA CRUZ y su hija.
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, RICARDO IGNACIO RIVERA PACHECO, vinculó a proceso a RAFAEL SANTIAGO quien permanece detenido en un penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que la FGR extrajo información de un teléfono celular del inculpado que presume la participación en el atentado mortal al comunicador victorense.
Ante la endeble indagatoria de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la FGR, según se desprende del plazo de cuatro meses para terminar la investigación complementaria otorgado por el Juez de Control, familiares y compañeros de gremio del periodista sacrificado han externado sus respectivas inconformidades.
Se sospecha que el gobierno Federal pretende darle “carpetazo” al asunto al vincular a proceso a un probable autor material, pero sin ahondar la indagatoria para identificar y procesar al autor o autores intelectuales del doble asesinato.
Al respecto, el diputado local de Movimiento Ciudadano en la legislatura tamaulipeca enfatizó: “obviamente la indignación sigue, eso es como una llamada a misa, una campanada, y la verdad es que no estamos de acuerdo en que esto se quede de esta manera, se tiene que esclarecer”.
Cabe señalar que la impunidad de los agresores de periodistas y medios de comunicación, así como la mala actuación de fiscales y jueces se ha convertido en factores determinantes para que nuestro país esté considerado como de los más riesgosos para ejercer el periodismo.
Van un par de ejemplos para ilustrar lo antes escrito:
El periodista de la ciudad de México, ARTURO ZÁRATE VITE, es una víctima de la actuación irregular de juzgadores en un caso de acusación injusta en su contra a pesar de dos resoluciones judiciales de inocencia y que ahora-luego de diez años-revisa la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la ciudad de México, decidió reabrir el expediente sin respetar el principio de definitividad.
Recientemente ZÁRATE VITE denunció los hechos en la Cuarta Edición del Conversatorio “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
En el estado de Veracruz, el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA pretende encarcelar a la periodista CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ por señalar actos de corrupción y el caso de encarcelamiento de una persona inocente a quien se acusa de haber asesinado a un diputado local.
La fiscalía quinta de aquella entidad federativa ha citado a la comunicadora a quien se pretende imputar el delito de “obstrucción a una investigación”, cuando solo está cumpliendo con su labor informativa y ejerciendo sus derechos constitucionales de libertad de prensa y expresión.
Organismos gremiales nacionales y extranjeros se han solidarizado con la reportera veracruzana a quien el mandatario de Veracruz pretende encarcelar por críticas y señalamientos a su gobierno.
Lo dicho: la impunidad de los agresores y la corrupción del sistema penal acusatorio en una combinación que coloca a México como uno de los países en el mundo más peligrosos para ejercer el periodismo.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Sobra decir que la mención de ANTONIO DE LA CRUZ, ARTURO ZÁRATE VITE y CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ es una mínima fracción de la triste realidad que viven los periodistas y comunicadores en la república mexicana.
Y hasta la próxima.
