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>> Convierten en ring político a la Cámara de Diputados
>> En esquinas encontradas Renato Sales y Alejandro Moreno
>> Layda Sansores seguirá siendo punta de lanza de la 4T
MARÍO DÍAZ (El Diario de Matamoros). LA Cámara de Diputados se ha convertido prácticamente en un ring político en donde están dirimiendo sus diferencias el fiscal general del estado de Chiapas, RENATO SALES HEREDIA y el diputado y dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.
Ambos contendientes son apoyados por sus respectivas bancadas en San Lázaro en el candente y polémico asunto jurídico-político que mantiene en esquinas encontradas a MORENO CÁRDENAS y a SALES HEREDIA.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Campeche ha integrado una carpeta de investigación en contra del presidente del CEN del PRI por el presunto delito de enriquecimiento inexplicable. RENATO SALES asegura que los ingresos de “Alito” MORENO no concuerdan con el número y valor de sus bienes patrimoniales.
Por tal motivo, como es del dominio público, el fiscal campechano solicitó el desafuero del legislador priísta en la Cámara Baja en el Congreso de la Unión para que responda a las acusaciones en su contra. La petición fue aceptada y aprobada por la mayoría morenista, por lo que se estima que ALEJANDRO MORENO será despojado de la inmunidad procesal una vez que se reanude el período ordinario en el palacio legislativo a principios de septiembre.
Sin embargo, la respuesta de los diputados tricolores no se hizo esperar y citaron al titular de la fiscalía de Campeche ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que responda ante el supuesto o real robo del equipo de espionaje cuando se desempeñó como responsable de la Comisión Nacional de Seguridad en el sexenio del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.
La cita a SALES HEREDIA obedeció a un proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas del período 2015-2019 cuyos resultados fueron denunciados y turnados a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante el probable daño a la Hacienda Pública por 807 millones de pesos, como consecuencia del robo de equipo sofisticado de espionaje.
El caso es que, tal parece que como dice el dicho y dice bien “enójense las comadres y aflórense las verdades”, el pleito político entre el gobierno de la Cuarta Transformación y los diputados tricolores se está dando en San Lázaro, derivado de la negativa de la bancada tricolor para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el jefe del Ejecutivo Federal.
Mientras la 4T utiliza como punta de lanza a la gobernadora de Campeche LAYDA SANSORES, al fiscal general estatal RENATO SALES y a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el PRI hace uso del cargo partidista y legislativo de ALEJANDRO MORENO para convertir la sede del parlamento azteca en un verdadero ring político.
Todo hace indicar que las condiciones del combate jurídico-político tienden a favorecer a la causa que enarbola el partido en el poder, sin importar que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, JONATHAN BASS HERRERA, negó conceder una medida cautelar para que el fiscal de Campeche no compareciera ante la Comisión de Vigilancia.
Es evidente que la revirada de los diputados del PRI al pretendido desafuero morenista de ALEJANDRO MORENO tiene como objetivo negociar la presunta responsabilidad del ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, durante el sexenio peñista.
A juzgar por lo que se ve, un muy probable escenario político será el desafuero de líder nacional del PRI, quien, para su mala fortuna, no goza del respaldo total de los priístas de la vieja guardia y de los de nuevo cuño.
Asimismo, las condiciones y circunstancias del match poítico-jurídico PRI-4T permiten suponer que la gobernadora LAYDA SANSORES y su aparato de procuración de justicia continuarán como el brazo armado de la Cuarta Transformación para doblegar y aniquilar todo lo que aun queda del partido ex invencible.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Para mala fortuna de los verdaderos panistas y del propio instituto político, ahora relegado como segunda fuerza en Tamaulipas, el gobierno cabecista pretende ratificar y dejar como herencia (y seguramente lo logrará) al actual dirigente estatal del blanquiazul LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN.
Obedeciendo las órdenes del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y con apoyo de marrullerías internas, el comité organizador del relevo partidista dejó fuera al ex senador de la república JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO, quien se perfilaba con banderas desplegadas ante las diversas muestras de apoyo de la base.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
