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SARA LOVERA (SemMéxico, Ciudad de México). Luego de grandes dificultades, el 7 de enero de 2020, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos acordaron formar un gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez Pérez-Castrejón. Fue la solución a una larga crisis. Hoy, esa coalición está en peligro y tiene que ver con la potencia del movimiento feminista. Lo que ahí sucede es una llamada de alerta para las mexicanas.
Las diferencias surgieron por dos leyes: una, que ha puesto en peligro la atención y efectividad de la violencia contra las mujeres, llamada solo Sí es sí, que ha aligerado la condena a agresores sexuales; hoy, con más de 700 casos de castigos disminuidos. La otra, es la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGBTI”, conocida como Ley Trans.
El proceso ha sido largo y doloroso. En la práctica, ha dividido al movimiento feminista español, afectando a todas las mujeres; hoy, ariete político. Esta discusión tiene que ver con la legalización de la autopercepción de género y permite cirugías de cambio de sexo a menores de 12 años.
Se trata de una antigua discusión al interior del feminismo internacional, sobre aspectos que involucran discusiones sobre si la prostitución es un trabajo o es el sitio de mayor indignidad de las mujeres, la permisibilidad de lo que se ha llamado vientres de alquiler, regulando y admitiendo su práctica, y el borrado de las mujeres en leyes de aborto y otras, que hablan de personas gestantes, y un largo etcétera.
Tras los enfrentamientos, están intereses inconfesables de las trasnacionales farmacéuticas. Pero es también un asunto ideológico, una reacción del patriarcado ante el potente y creciente movimiento feminista.
En México, lo vimos el 8 de marzo. Está presente una potente energía de las colectivas de las jóvenes que han visibilizado el tamaño de la discriminación, de la violencia y la enorme incapacidad de los Estados para dar respuestas y soluciones, atender a las víctimas, generar políticas públicas y erradicar la impunidad.
Y es que este movimiento de millones es insurreccional. Jóvenes reclamando sus derechos, seguridad y paz; un movimiento inapelable. Está también el avance numérico de mujeres en posiciones de poder, como es resultado de la paridad electoral. Todo ello ha puesto a temblar al poderío masculino.
No hay nada nuevo. Las feministas radicales y abolicionistas aseguran que la discriminación está basada en el sexo. Recuerdan que en los años 70 defendieron tres asuntos fundamentales: la no violencia contra las mujeres, el derecho al aborto y la libre opción sexual. Nunca hubo exclusión de nadie.
Fueron las promotoras de los derechos humanos, sin cortapisa, para la comunidad gay, pero el patriarcalismo usó al movimiento gay para distraer sobre el problema fundamental: las mujeres somos la mitad del mundo y lo que cuestionamos es el poder de los hombres. Es decir, la mitad de la población puso en jaque a toda la estructura, demandando la transformación del sistema.
La agenda feminista es lo más peligroso para los Estados, por ello esos Estados buscan relativizar la lucha feminista y su agenda. Es el poder que propicia la división del movimiento, por revolucionario. Los gobiernos manipulan malinformando, propician la fascinación por la diversidad, tienden cortinas de humo, distractores para borrar la lucha histórica de las feministas. Las llaman transexcluyentes, porque el poderío masculino está en la picota. México no está exento de ello, de ahí que el partido en el poder está dando apoyo, espacio y promoción a la corriente contra las mujeres. Veremos…
*Periodista. Directora del portal informativo: www.semmexico.mx
