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SARA LOVERA
SemMéxico, Ciudad de México. Nada. Nada nos altera, es como si hubiéramos dejado de incomodarnos con los crímenes cotidianos. Son los feminicidios, sí, pero son también la criminalización de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Ahí no sólo hay impunidad, sino una cara que voltea a otro lado sobre los horrores dentro de las cárceles.
¿Por qué el presidente de la República y su gabinete insisten en que todas las denuncias son en realidad tejidas por sus adversarios? ¿Cómo nos ofreció, hace cinco años, una transformación? Nos dijo se acabó la injusticia; los servidores públicos ya no son corruptos, “gobernamos contra la oligarquía” y los conservadores que abusaron de todas y de todos, todo el tiempo.
Lo cierto es que el dolor y la injusticia, a mí, no dejan de sorprenderme. En México criminalizan la protesta, donde viven los más pobres, los que son primero. Quienes piden diálogo que se les consulte o se les pregunte para que se haga una presa, se mueva un río. Por eso protestan. Son los indígenas y campesinos quienes lo viven, en los que no pensamos, los que creíamos, eran reprimidos en el pasado.
La noticia que con un informe documentado lanzó Amnistía Internacional, denominado “México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, es una muestra de lo que realmente sucede en el país, y se diga lo que se diga, el abuso del poderío local es un hecho consentido por el régimen.
La directora de Amnistía en México, Edith Olivares Ferreto, lo dijo: “es alarmante el desproporcionado uso de las normas penales en contra de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para disuadirlas, castigarlas e impedir que exijan sus derechos, además del hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento y desapariciones”, documentado en Chiapas, Puebla y Yucatán.
Es un informe voluminoso, con testimonios, que hielan el alma. Estruja Eustasio Juan Hernández Vázquez, titular de Derechos de Colonia Maya, en Chiapas, por lo que describe sin inmutar a la autoridad. “No somos delincuentes, estamos defendiendo el lugar donde vivimos”, así de simple. En Puebla y Chiapas gobernados por la cuatroté.
Elizabeth del Carmen Pérez Díaz, de la Colonia Maya, dijo que ella y sus compañeros fueron criminalizados, con órdenes de aprehensión, con procesos abiertos, “nosotras defendemos la paz, y el territorio. ¡No somos delincuentes! Cómo se le hace para caminar sin miedo”.
No tenía idea de estas cosas. ¿Ustedes? En 2022 se cometieron asesinatos, se cambiaron hechos, hubo encarcelamientos para quien alza la voz, las comunidades son perseguidas. En Zacatepec, Miguel y Alejandro, comunicadoras/es y defensora/es nahuas, en 2019 protestaron por la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo, ahora resultaron delincuentes.
La lista es inmensa. Todo está documentado. Amnistía Internacional pide a las autoridades dejen de criminalizar y violar el derecho a protestar de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Se precisa en el informe que, en cuatro países: Colombia, Brasil, México y Honduras, en 2022, se cometieron 177 asesinatos de activistas, el 80 por ciento de los ocurridos en la región.
Eso queda arrinconado porque vivimos la algarabía política. Las y los criminalizados por enfrentar intereses políticos y económicos de caciques y empresarios ¿No íbamos a terminar con los abusos y con la corrupción? Ahora “a nadie se le persigue, como antes”, como dice el presidente.
En la cárcel, si te toca estar, además, debes enfrentar la extorción para evitar amenazas, golpes a muerte. Sé de la Ciudad de México. Me asusta la indiferencia, la mentira, la continuidad anunciada. Veremos.
*Periodista, directora del portal informativo http://semmexico.mx
