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SARA LOVERA
SemMéxico, Ciudad de México. En el episodio número dos del podcast de La Lovera, que produce la OEM, la doctora en derecho y destacada defensora de los Derechos Humanos, Alicia Pérez Duarte planteó como un asunto que divide a las feministas en México el asunto del alquiler de vientres, porque ello conduce al comercio humano.
Enfática y con argumentaciones dijo que esta práctica, permitida en entidades del país como Tabasco, atropella uno de los principios fundantes de los derechos humanos: la dignidad.
Una mujer presta su vientre para que otra logre ser madre. El hecho se convirtió en una polémica entre abolicionistas y quienes hablan de su regulación. Algunas feministas están definitivamente en contra de esta práctica, otras dicen que como se hace y sin control, debiera regularse. El tema es tan debatido, como la prostitución o en su tiempo el divorcio.
La regulación de la maternidad subrogada involucra algo más que “la decisión libre” de las gestantes, porque, se trata, insistió la doctora Pérez Duarte, del comercio humano y éticamente tiene enredadas a nuestras legisladoras, sin atinar qué hacer.
Para abonar a la reflexión sobre esta práctica, entre mujeres pobres, obligadas a hacerlo, la Gaceta UNAM y UNAM Global TV hicieron una investigación de cuatro meses en la que exponen sus puntos de vista especialistas universitarias desde la psicología, la medicina, la bioética, el derecho y los estudios de género.
La investigación muestra el intrincado laberinto en que transcurren las gestantes, algunas “altruistas”, pero hace evidente que la vulneración económica, médica y psicológica que viven quienes se prestan a una gestación sustituta o subrogada. También rescata testimonios que describen contratos y comercio insultante, engaño y mentiras, tanto como la omisión de las autoridades.
En México la maternidad subrogada está legalizada en 2 de los 32 estados del país: Tabasco y Sinaloa, y está explícitamente prohibida en San Luis Potosí y Querétaro, por lo que “en el resto del país hay un vacío legal que deja en la indefensión jurídica a las personas que deciden ser gestantes”. La investigación sostiene que se trata de un comercio global que alcanzará 129 mil millones de dólares para 2032, de acuerdo con el Informe Surrogacy Market 2023-2032.
La indagación muestra la experiencia de varias mujeres, como la de Abigail Villegas quien se sometió al proceso de gestación en dos ocasiones, con un relato ejemplar: engaño, miedo y fraude. A ello una diputada priista pide 25 años de cárcel, pero no se opone. La Suprema Corte de Justicia, tampoco decide.
Ante la indefinición legislativa, se olvida una iniciativa para prohibir el alquiler de vientres en todo el país, aprobada en comisiones por diputadas y senadoras de todos los partidos, pero las legisladoras parecen olvidar ese principio básico al que se refirió la doctora Pérez Duarte.
El asunto, debiera formar parte de la agenda electoral, y cobra mucha importancia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que este miércoles revisará la situación de 14 países, México uno de ellos.
El de los vientres de alquiler es un tema prioritario, sumado a una lista de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres que en esta administración se dejaron de lado, mientras es la política y las elecciones lo más importante. Lo cierto es que vivimos en la indiferencia. El EPU será una buena oportunidad para las organizaciones feministas, de intervenir y hablar. Veremos.
*Periodista. Directora del portal informativo http://www.semmexico.mx
