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SARA LOVERA*
SemMéxico, Ciudad de México. Los derechos de las y los trabajadores en México, en las últimas décadas, se han ido extinguiendo sistemáticamente. Hemos presenciado la desaparición de lo que se llamó el sindicalismo de la Revolución Mexicana, la contratación colectiva y la política proteccionista que se inscribió en las leyes y que durante mucho tiempo veló por la clase obrera.
Estos cambios se atribuyen a la reestructuración productiva, a la aparición de las nuevas tecnologías, y a la corrupción de las dirigencias obreras en el país. Pretextos que sirvieron, en la década de los años 80 del siglo pasado, para desaparecer, en México, los contratos ley, golpear a los sindicatos de industria y creció denodadamente lo que conocemos como sindicalismo blanco y contratos de protección. Decenas de derechos fueron conculcados.
Contradictoriamente, desde el año 2019 se decretó una nueva Ley Federal del Trabajo en respuesta a los mandatos del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entre otras muchas cosas obligó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mejorar el salario mínimo y crear la ilusión de mejores condiciones para la competencia laboral, incluso con nuevas reglas para la igualdad salarial entre hombres y mujeres, además promoviendo ambientes laborales libres de violencia de género e igualdad laboral.
En este contexto, terso, el 9 de febrero, como en los tiempos del “charrismo sindical” y de la reestructuración productiva, durante las primeras horas de ese día, fue tomado por asalto el local del Sindicato Independiente de los Trabajadores de La Jornada (SITRAJOR) y los delincuentes se llevaron documentación que arriesga la secrecía de votos de la legitimación del sindicato y su contrato colectivo. Además, sustrajeron datos personales.
Sobre ese hecho, no tenemos ninguna información, ni por parte de las autoridades laborales, ni de la Fiscalía Capitalina y tampoco de la empresa.
El asunto, parece ser el punto final de un largo conflicto sindicato/empresa en esa casa editora, por la disputa del contenido del contrato colectivo, que en 1979 fue considerado un modelo para resolver los derechos laborales, en concordancia con el cambio tecnológico y la igualdad de género.
En 2017, tras una huelga, que reclamó la restitución del contrato, se generó, por ejemplo, el despido de la dirigencia sindical e incluso demandas penales contra la secretaria general, la periodista Judith Calderón. A pesar de todo, el sindicato sobrevivió, y apenas en enero de 2023 consiguió rescatar algunos derechos.
Sin embargo, las y los trabajadores vivieron un ataque sistemático, mermando la libertad sindical, ante la mirada serena de las autoridades laborales, contraviniendo la norma constitucional y los convenios 87 y 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y afectando el derecho a la libre expresión.
¿Por qué el asalto? ¿Para qué? Algunas personas pensamos que el objetivo es desaparecer de plano al sindicato, para no pagar las indemnizaciones a que tienen derecho las y los trabajadores despedidos; porque la casa editora es favorita del régimen, porqué hay un ambiente sistemático de ataque al trabajo periodístico, porque de la misma manera se actuó en la huelga de Notimex; porque se cerraron las puertas a la protesta y ahí, en el Sitrajor, había renacido la defensa al trabajo decente que plantea el convenio 189 de la OIT.
Pero, sobre todo, porque pueden, cuentan con toda la fuerza del gobierno para eliminar una organización independiente y crítica. La última pregunta que hago es si el ataque permanecerá en la impunidad, que en tiempos electorales, a nadie parece importarle. Veremos
*Periodista. Directora del portal informativo http://www.semmexico.mx
