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SARA LOVERA
(SemMéxico, Ciudad de México). Quien no recuerda que en febrero de 2022, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, estigmatizó violentamente a una reportera, o sus opiniones descalificadoras en septiembre siguiente hacia la alcaldesa del municipio veracruzano de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien fue secuestrada, al sugerir que organizó un “autosecuestro”. No es poca cosa, cuando lanzó un discurso de odio contra la asociación civil Equifonía, peticionaria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, llamando a sus integrantes “falsas feministas”, apenas el 30 de mayo pasado.
En menos de una semana, el gobernador morenista ha multiplicado sus conductas. Se le atribuye influencia directa en la detención y las acusaciones contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, a quien se le anunció un año de detención preventiva, sobre lo que familiares y colegas le llaman “falsas imputaciones”.
Este domingo, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz lanzó una voz de alerta por la persecución que se hace ahora contra la periodista Claudia Guerrero Martínez, crítica pertinaz de su gobierno. Sus integrantes advirtieron sobre cómo se endereza una nueva persecución a la libertad de expresión.
En una carta esta asociación señala que es de alto riesgo ser periodista en Veracruz, y que ahora se organizan carpetas de investigación para infundir miedo a la tarea informativa y provocar nuevas zonas de silencio. La AMCP le exige al gobernador que respete la libertad de expresión y pare el intento por imputar a la directora del periódico Veraz.
Lo de Claudia Guerrero Martínez forma parte de un ambiente de amenazas e intimidaciones contra quienes informan. Es una pieza más de una actitud misógina y patriarcal del gobierno veracruzano que ataja, de mala manera, a quienes critican a su gobierno o señalan sus errores. Cuitláhuac García Jiménez ya fue considerado como abusivo y autoritario por Ricardo Monreal Ávila —hoy, senador con licencia—, quien le dijo hace poco más de un año que era un representante de los vicios del poder.
Este lunes, Claudia Guerrero Martínez escribió un extenso texto en el que afirma que el gobierno pretende involucrarla en el tema de Itiel Palacios y la jueza Angélica Sánchez Hernández, sobre el asesinato de Juan Carlos Molina Palacios.
Agrega que la pretenden callar, cuando revela actos de corrupción en la administración del gobierno de Veracruz. Lanza un SOS a las y los periodistas y pide solidaridad con el gremio, entidad donde un día fue cegada la vida de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012.
El jueves pasado le enviaron un citatorio para obligarla a presentarse a declarar por falsas imputaciones o presuntas investigaciones del 2022, como un plan fabricado y así detenerla. Escribió que se trata de un plan persecutorio contra ella y contra periodistas que hacen valer su libertad de expresión.
En el citatorio que le entregó personal de la Fiscalía General del Estado se le pide comparecer en calidad de investigada. Ésta, dice, es una táctica para detener, con carpetas de investigación, sin sustento, todo lo que le gobernador llama enemigos de la 4t. Igual cuando trató de legislar sobre ultrajes a la autoridad.
En Veracruz nunca ha sido fácil el trabajo de las y los periodistas, desde hace sexenios. Ahora no hay diferencia. Se fabrican imputaciones, se busca sembrar el miedo y tender cortinas de humo en una entidad plagada de violencia feminicida, en una administración opaca y pocos o nulos resultados para abatir la problemática de las mujeres, la pobreza o la seguridad ciudadana. Encima, vive la fragilidad del sistema de salud que no podrá atender, por ejemplo, el aborto legal. A Claudia se la pone en una condición que afectará en lo inmediato su actividad profesional. Veremos…
*Periodista. Directora del portal informativo http://www.semmexico.mx
