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Ciudad de México, 31 de octubre (entresemana.mx). Un juez federal concedió una suspensión provisional a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, que frena por el momento la reforma por la que se eliminan los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno federal puede impugnar el fallo para que el caso se turne a un tribunal colegiado quien resolverá si confirma, modifica o revoca la resolución de primera instancia.
Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, prohibió temporalmente al CJF transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
La medida cautelar es para que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Tesorería de la Federación (Tesofe) “o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados, deben realizar lo siguiente: Se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF”, señala el acuerdo del juez.
Pero no sólo eso, también «se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos. Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación».
La quejosa promovió la demanda de garantías el pasado 30 de octubre, cuatro días después de que e presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial que acumulan más de 15 mil millones de pesos.
En su demanda, la magistrada reclamó el decretó por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del PJF. Por su parte, el impartidor de justicia señaló las 10 horas del 29 de noviembre para llevar a cabo la audiencia constitucional donde determinará si le concede l suspensión definitiva contra lo actos reclamados.
Con información del periódico la Jornada
