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MARTÍN DE J. TAKAGUI
La libertad de expresión no es una simple frase o un concepto hueco, se trata de una de las garantías individuales y derechos que son reconocidos de manera universal y que son inviolables, debido a que el hablar, el decir, el expresarse, el comunicar es una característica exclusiva de los seres humanos y que, sin poder ejercerla, es inconcebible la existencia de la humanidad.
La libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de los periodistas, de los comunicadores o de los reporteros, se trata de un patrimonio de cada una de las personas, porque todo ser humano tiene derecho a pensar, decir y actuar como su conciencia se lo dicta y como la vida lo oriente para decir lo que quiere, lo que puede, lo que necesita y lo que piensa.
Hoy en día, en México estamos viviendo un ambiente que pone en peligro esa libertad que no solamente está consagrada y garantizada para el ejercicio libre de ella en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, además, está debidamente incluida y garantizada por la Carta Universal de los Derechos Humanos, proclamada poco después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948.
Desde hace 77 años el mundo entero reconoce a la Libertad de Expresión en esa Carta de los Derechos Humanos elaborada y emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París, cuyo artículo 19 la señala que es uno de los derechos fundamentales para la existencia de las personas.
Desde que llegó al poder en México la Cuarta Transformación, a través de los gobiernos de Andrés López Obrador y Claudia Sheinbaum, como los gobiernos estatales de color guinda, ha existido una constante en la forma en que los gobiernos se relacionan con los medios de comunicación y las plataformas electrónicas, que incluyen las redes sociales y sus respectivos usuarios.
Es inconcebible que gobiernos como Campeche, Puebla, Tamaulipas y el gobierno federal se atrevan a impulsar acciones y que penalizan a comunicadores, periodistas, ciudadanos comunes que utilizan las redes sociales y toda clase de personas que piensan diferente a ellos.
Para empezar, no debemos perder de vista lo que sucedió con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, Radio, Televisión y Cinematografía, en donde se pretendía que una agencia de supuestos especialistas habría de analizar las publicaciones de plataformas, redes sociales y medios de comunicación y si encontraban alguna publicación, que no fuera con los intereses del gobierno, podrían hasta desaparecer la plataforma o suspender el medio de comunicación.
Pero tanto el gobierno de Alejandro Armenta en Puebla y el de Layda Sansores en Campeche, si se pasó de la raya, pues el poblano envió una iniciativa de ley, aprobada por su congreso local, en donde se establecerán sanciones penales para quienes insulten o hablen mal de otra persona, a través de redes sociales o medios de comunicación, como si no existiera en nuestra Constitución el derecho de réplica.
El caso de Layda Sansores aún sin ley de por medio, decidió acusar a un viejo, experimentado y reconocido periodista que, según ella había hablado mal de ella, obviamente con una juez a modo decidido arraigarlo en su domicilio, sancionarlo y obligarlo a cerrar un portal informativo, del cual ya no formaba parte, pero además lo obligó a dejar de ejercer su carrera de periodista por dos años.
Se trata de sanciones anticonstitucionales, pues la Constitución también establece la libertad de toda persona a dedicarse y ejercer el trabajo que decida y que quiera hacerlo, siempre y cuando sea una actividad lícita y de buenas costumbres, o ¿acaso el periodismo dejó de ser una actividad legal?
En torno a ello, el miércoles 25 de junio, un grupo de periodistas de viejo cuño, entre los que se encuentra este reportero, decidimos expresar nuestra protesta en contra de todas esas leyes que ponen en riesgo la libertad de expresión y que, de acuerdo con algunos analistas, son el inicio de un sistema autoritario e incluso dictatorial.
La idea no es protestar contra persona o gobernante alguno, sino alertar a los legisladores, de que nosotros como trabajadores de los medios de comunicación, desde hace, al menos cuatro décadas consideramos que los legisladores deben, están obligados a evitar que una ley secundaria o estatal puedan vulnerar, esa que es una de las garantías individuales más preciadas para la humanidad.
Como lo dije al principio, se trata de una libertad que no es exclusiva de los comunicadores y periodistas, sino de cada una de las personas y hoy, todos los mexicanos debemos estar atentos al desarrollo de los procesos legislativos en la materia.
