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Ciudad de México, 12 de septiembre (entresemana.mx). La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades restaurar el servicio educativo conocido como “Escuelas de Tiempo Completo” (ETC), tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).
La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados. En la demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.
El órgano jurisdiccional llegó a esta determinación tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de las NNA, además del interés superior de la niñez, ya que las ETC otorgaban beneficios que garantizaban el ejercicio de estos derechos, mismos que ya no son posibles de obtener a través del programa LEEN.
En el supuesto, anota en su decisión la Jueza, que la restauración de las ETC como programa no fuera posible, las autoridades están obligadas a modificar el programa LEEN 2022 de tal manera que “se contemplen los mismos derechos y beneficios prestacionales de servicio público educativo contenido en aquel sistema de la “Escuela de tiempo completo”, y no solo de apoyo económico (prestacional).
En ese sentido, la Jueza de Distrito obliga al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla (ETC).
Dicha determinación incluye los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.
Además, la Jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que (…) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.
El Programa ETC, en su punto más alto de cobertura, beneficiaba a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de NNA, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje y, para al menos 1.6 millones de estudiantes, un servicio de alimentación que para muchas de ellas y ellos les brindaba el primer alimento del día.
