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>> Es necesario implementar medidas que aborden eficazmente el problema de la corrupción toda vez que el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, sitúa a la Ciudad de México en la última posición respecto a las demás entidades en el país: María del Carmen Nava Polina
>> Enfatizó que se requieren acciones más decididas para el control de la corrupción en la Ciudad de México. El acceso a información detallada y transparente sobre las personas servidoras públicas sancionadas y las medidas tomadas para prevenir la corrupción es un paso crucial en esta dirección
Ciudad de México, 23 de mayo (entresemana.mx). Durante la décima octava sesión ordinaria, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) instruyó a la Secretaría de la Contraloría General informar sobre el registro de personas servidoras públicas sancionadas en la Administración Pública de la Ciudad de México.
Al exponer el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1858/2023, la Comisionada Ciudadana, María del Carmen Nava Polina, detalló que una persona requirió la información anterior, así como el nombre y posición de la persona responsable de los sistemas y reglas del registro, la fecha de creación, así como copia del documento por medio del cual se estableció el origen del mismo.
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó información sobre diversos requerimientos, pero la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INFO CDMX, al manifestar como agravio que la documentación recibida no correspondía con lo que solicitó.
Al analizar el caso, la Ponencia de la Comisionada identificó que el agravio resultó parcialmente fundado debido a que la Secretaría de la Contraloría entregó información incompleta, ya que omitió la copia del documento por medio del cual se creó el registro de las personas servidoras públicas sancionadas en la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nava Polina explicó la relevancia de este caso porque resalta la necesidad de acceder a información sobre las estrategias de control y prevención de corrupción. Añadió que las personas tienen derecho a una administración pública transparente, eficaz y libre de corrupción.
Dijo que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 muestra que el 57% de las personas en la Ciudad de México ven la corrupción como uno de los principales problemas y casi 9 de cada 10 consideran que los actos corruptos son muy frecuentes.
La Comisionada Ciudadana consideró necesario implementar medidas que aborden eficazmente el problema de la corrupción toda vez que el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, sitúa a la Ciudad de México en la última posición respecto a las demás entidades en el país en cuanto a la ausencia de corrupción, lo que subraya, justo, la urgencia de actuar para cerrar esta brecha a través del acceso a la información.
Ante sus compañeros de Pleno, explicó que, de 2019 al primer semestre de 2022, la Secretaría de la Contraloría sancionó a dos mil 716 servidoras y servidores públicos, por lo que el acceso al registro de estas personas es fundamental ya que promueve la responsabilidad y la integridad en el servicio público, inhibe conductas indebidas y permite identificar patrones de comportamiento problemáticos para tomar medidas correctivas.
“Por eso es muy importante garantizar el acceso a la información relacionada con la creación de estos sistemas. Un sistema adecuadamente fundado y gestionado asegura la recopilación y registro coherente y justo de la información, lo que puede evitar adiciones y eliminaciones arbitrarias”, aseveró la Comisionada Nava Polina.
Cabe destacar -dijo-, que el control de la corrupción y la promoción de la integridad pública deben ser esfuerzos integrales, lo que resalta la importancia de fortalecer las instituciones y la coordinación entre ellas. Lamentablemente, casi ocho años después de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ciudad de México no cuenta con una Política Anticorrupción ni con un Comité de Participación Ciudadana designado, lo que deja con pocos elementos para prevenir, detectar y combatir la corrupción.
Nava Polina señaló que sólo 14 entidades de la República comparten datos de las personas servidoras públicas sancionadas en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que no hay manera de que funcione el Sistema lo que limita la comparabilidad, accesibilidad y utilidad de estos datos.
Concluyó que se requieren acciones más decididas para el control de la corrupción en la Ciudad de México. El acceso a información detallada y transparente sobre las personas servidoras públicas sancionadas y las medidas tomadas para prevenir la corrupción es un paso crucial en esta dirección.
Por lo anterior, propuso al Pleno modificar la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General y que se le instruya turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.
