Multas impuestas en 2023 por infringir ley federal de protección de datos personales suman más de 46 MDP: INAI

>> Los sectores más sancionados son los de servicios financieros y de seguros y, el de información en medios masivos

>>  De enero a diciembre de 2023, se instauraron 91 Procedimientos de Imposición de Sanciones

Ciudad de México, 7 de enero (entresemana.mx).  De enero a diciembre de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impuso multas por un monto total de 46 millones 849 mil 777 pesos a personas físicas y/o morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

De acuerdo con los registros del Instituto, los sectores más sancionados son los de servicios financieros y de seguros con 21 millones 415 mil 045 pesos; información en medios masivos, con 6 millones 765 mil 633 pesos; comercio al por menor, con 5 millones 487 mil 401 pesos.

Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción, se encuentran: dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, incumplir con el deber de confidencialidad, así como omitir en el Aviso de Privacidad alguno de los elementos que exige la Ley.

En el periodo referido se instauraron 91 Procedimientos de Imposición de Sanciones y se concluyeron 74, de los cuales derivaron las multas impuestas por el INAI por la cantidad referida.

Asimismo, se iniciaron 293 Procedimientos de Protección de Derechos; de los cuales 155 versaron sobre el derecho de acceso a datos personales, 5 de rectificación, 122 de cancelación y 79 de oposición al tratamiento de los datos. Cabe destacar que en un solo procedimiento se pueden ejercer uno o más de estos derechos.

Los sectores económicos ante los cuales existen mayores inconformidades con la atención a estos derechos, conocidos como ARCO, son el de información en medios masivos, con el 25.8 por ciento de solicitudes de protección de derechos; servicios financieros con el 20.6 por ciento, y servicios de salud y de asistencia social con 16.5 por ciento.

 

 

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