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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca de Juárez). A las catástrofes mundiales que vivimos, como la pandemia y sus secuelas; el que parece irreversible cambio climático y sus efectos dramáticos; las crisis financieras provocadas por la voracidad de los grandes capitales, se han sumado la negligente, cómplice y omisa actitud de gobernantes frente a la silenciosa pandemia de la violencia contra las mujeres.
En México, las mujeres hemos atestiguado hechos de violencia misógina, machista o violencia feminicida cometida antes, durante y después de que los violentadores ocupan cargos públicos, los cuales han contado con la protección de otras y otros funcionarios, incluyendo, claro está, de las y los propios gobernadores o presidentes mexicanos.
Un caso reciente fue el de Félix Salgado Macedonio, quien pretendió ser gobernador de Guerrero por Morena y cuya aspiración se vio truncada -pese a la defensa de López Obrador- por la comisión de delitos de violación sexual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no era posible sostener su candidatura, lo cual no bastó. Es decir, dejó de ser candidato por otra razón distinta a la violencia sexual ejercida contra una mujer.
Fue desde el Instituto Nacional Electoral donde se logró truncar la carrera de Félix Salgado rumbo a la gubernatura, porque el entonces precandidato no presentó sus informes financieros a tiempo, de ahí que no logró su registro. Pasaron tres cosas en una: Uno Salgado no fue candidato, dos fue sustituido por su hija, quien ahora gobierna, aunque simbólicamente el primero en sentarse en la silla del gobernador fue el propio Félix Salgado cuando acompañó a Evelyn Salgado a su oficina, aquel primer día de gobierno. Y tres, el INE hizo un hoyo profundo, uno más en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador.
La violencia machista va desde ese nivel hasta otros funcionarios de menor rango jerárquico en las estructuras gubernamentales o institucionales, porque como plantea el feminismo mexicano se requiere que los gobernantes rompan el pacto patriarcal.
Lo que me queda claro es que cada gobierno tiene su propio machito dentro de sus filas. En Oaxaca, por ejemplo, con José Murat Casab, conocido como el capo de capos (políticos) se protegió y defendió hasta el cansancio a Jorge Z, conocido como “El Ratón”, tras actos de violación en contra de una trabajadora. Un hecho que no tuvo ninguna consecuencia. Con Gabino Cué Monteagudo otra servidora pública denunció a su jefe en el Instituto Estatal de Educación Pública y tampoco pasó nada, con Alejandro Murat se repitió la fórmula y ya saben el resultado: nada de nada.
Ahora con Salomón Jara el gobernador de la 4T en Oaxaca las cosas pintan del mismo color. La fórmula gubernamental es aguantar y aguantar a las feministas y víctimas de los abusos, que protestas y exhiben con pruebas los delitos cometidos por los funcionarios, la decisión parece estar tomada con relación al caso de Donato Vargas Jiménez coordinador de Atención Regional y Delegados de Paz del gobierno cuatrotrero.
A pesar de que las feministas oaxaqueñas y las víctimas han entregado ya las pruebas documentales y han señalado en un escrito de denuncia presentado ante la gubernatura, la Secretaría de Gobernación y la jefatura de Asesores, las leyes y reglamentos violados por el funcionario, desde un WhatsApp e, incluso, con acciones de violencia física, sexual, económica, y emocional y psicológica, antes, durante y ahora a las víctimas que han dado la cara frente a los medios, quienes han sido amenazadas, de nuevo, en días pasados
El pasado jueves, en un programa que se transmite en la televisión pública, Salomón Jara insistió en que no hay nada que perseguir, que Donato Vargas es un hombre bueno y un gran trabajador, esto a insistencia de las preguntas hechas por la periodista Nadia Altamirano. Las denuncias contra el funcionario tienen que ver con sus muy misóginas publicaciones hechas en un chat donde se promueve la objetivación de las mujeres como objetos sexuales, donde hace gala de su machismo aberrante. Mismo en el que están involucrados otros funcionarios, incluso un diputado, el también morenista Pablo Díaz, que haciendo gala de su ignorancia reduce su actitud machista a problemas personales.
El mandatario trató incluso de minimizar las preguntas con sus respuestas, esas que dicen mucho pero no dicen nada de fondo. El Jueves de Gozona, como se llama el programa, paradójicamente a su eslogan no cumple con ser una herramienta de rendición de cuentas y diálogo abierto.
En el fondo, como ya se ha dicho, el gobernador cuatrotero de Oaxaca, como lo hicieron los otros y el mismo presidente López Obrador, no está dispuesto a romper el “pacto patriarcal” que lleva en su corazón y tatuado en su aprendizaje machista, como parte de la cultura social a la que pertenece y que le hace pensar que es la correcta porque le ha dado resultado en la vida. Sin embargo, eso ha implicado pasar sobre las otras, es decir, las mujeres.
Por ello, al ser omiso o ningunear las denuncias contra su “amigo”, paisano y colaborador, fortalece su posición, no está dispuesto a ceder ni un mínimo ni a las víctimas y menos a las feministas que acompañan las denuncias de las mujeres que -reitero- han dado la cara. En suma, pedirle a un gobernador como Salomón Jara Cruz, que quité, destituya a Donato Vargas, que le hace daño a su imagen, es como pedirle que se quite un brazo o una pierna. Así las cosas. Y en medio de todo, lo mismo sucede con las 12 mujeres titulares del gabinete legal de Salomón Jara, pedirles que sean empáticas con las víctimas, para estar fuera de toda lógica patriarcal.
