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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). Como cada año hacemos un llamado para:
Que la maternidad sea libre y voluntaria, incluso gozosa.
Que un parto no sea un lujo ni un privilegio, ni ahonde la desigualdad social.
Que la maternidad esté libre de violencias machistas de todo tipo.
Que la maternidad no exista entre menores de edad.
Que la maternidad no sea un impedimento para crecer en el ámbito laboral.
Que no sea un obstáculo para asistir a la escuela entre adolescentes.
Que la maternidad no sea producto de la violencia sexual.
Que parir un hijo/hija no le cueste la vida a ninguna mujer.
Que sea un derecho, la existencia de estancias infantiles que permitan el desarrollo educativo y laboral de las madres.
Que ser madre no signifique tener miedo a la desaparición forzada de sus hijas e hijos.
Que tener hijas no exponga a las madres a vivir con el dolor a cuestas frente a la violencia feminicida y el feminicidio, que las madres nos convirtamos en huérfilas.
Que la violencia contra las madres no sea el motivo para la orfandad.
Estos son algunos de los temores y pendientes de la maternidad en la versión 20.23, temores que han ido creciendo con el paso del tiempo, en especial a lo largo de las últimas décadas, que se han visibilizado a través de los medios de comunicación y en la conciencia social de buena parte de las mujeres.
Hoy todavía en la mitad de los estados del país sigue penalizado, criminalizada la interrupción del embarazo. Esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia que impide que las mujeres que abortan sean procesadas, es decir, llevadas ante un tribunal y menos pagar con cárcel. A partir de declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, lo que llevó a la revisión de los códigos penales en casi todo el país, en septiembre de 2021. La actuación de la Corte en realidad puede resumirse en las palabras de la ahora presidenta de ese organismo, Norma Lucía Piña: “…este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer”.
Entre 2007 y este año 2022, los estados que han modificado sus reglamentaciones para garantizar el aborto legal hasta un determinado periodo, la mayoría hasta la doceava semana de gestación, son: Ciudad de México (2007), Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, y este año 2023, Puebla y Chiapas han eliminado el plazo de gestación en la legislación penal local que imponía acceder al aborto por violación. Sin embargo, sigue siendo considerado un delito. La maternidad libre es un pendiente en México a más de un siglo del primer llamado a despenalizar el aborto.
El segundo punto, es resultado de los enorme fallos y equivocaciones de las políticas públicas en materia de salud, que han dado paso a una creciente industria: la salud privada. En su verificación de precios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha encontrado que el precio de un parto fluctúa entre 10 mil y 30 mil pesos más o menos y si se trata de una cesárea esta atención hospitalaria privada va de 12 mil a 43 mil pesos, promedio. Situación que sin duda varía de acuerdo a la región. En una comunidad en pobreza la atención hospitalaria privada es un privilegio que no se alcanza de forma común y significa incrementar el riesgo de muerte para las mujeres y sus productos. Lo que sin duda alguna incrementa la brecha de desigualdad entre las propias mujeres, producto, reitero de las equivocadas políticas públicas en materia de salud. Aunque lo privado no sea garantía de nada, el ejemplo más importante fueron las muertes maternas por meningitis registradas en Durango entre 2022 y 2023.
En relación con las violencias machistas contra las mujeres y basándonos en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH), encontramos que de las mujeres de 25 a 34 años de edad el 51.5 % han sufrido violencia psicológica, física, sexual y económica-patrimonial o discriminación en los últimos 12 meses previos a la investigación del INEGI. Las mujeres entre 35 y 44 años pasaron por este mismo calvario en el 44.6 %; de 45 a 58 años de edad, fueron víctimas de violencia el 38.4 %; entre 555 y 64 el 29.7 %, y de 65 y más el 19.2 %. De las mujeres de 15 años y más (5.8 millones), 11.4 % experimentó violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses (de octubre 2020 a octubre 2021), 1.1 puntos porcentuales por encima de 2016 (10.3 %). La violencia machista está presente en la vida cotidiana de las mujeres. Porque si algo ha pasado y ha sido documentado es el desmantelamiento de las políticas públicas e instituciones de las mujeres sean en el ámbito ejecutivo como judicial. Aquí, como en otros casos, surgieron nuevos entes políticos, las madres contra la violencia vicaria, a partir de los tendedores de deudores alimentarios a lo largo y ancho del país.
La maternidad adolescente es un problema que sigue vinculado a la violencia y México es el país con más altas cifras de este problema. Un dato: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que en México la tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 y 19 años. El problema no se queda entre este rango de edad, sino que se presenta entre las niñas de 10 y 15 años. Cerrar los ojos ante esta realidad es lo que hizo el gobierno federal actual. Datos de INEGI refieren que en 2021 se registraron 111 mil 172 nacimientos entre madres de 10 a 17 años de edad. Solo dos problemas concretos: se trata de violencia sexual contra estas niñas en buena parte de estas maternidades forzadas y se truncan proyectos de vida.
Ser madre sigue siendo un problema para la obtención de un trabajo. Hasta hace poco tiempo se impedía tajantemente contratar a embarazadas y hoy tener hijas/hijos menores de cinco años es algo que se pregunta en las solicitudes de empleo, una condición que ha pasado de forma invisible ante los ojos de las autoridades, otros fenómenos estudiados por el feminismo son el techo de cristal y el piso pegajoso, ambos tienen que ver con la presencia de hijas/hijos en una mujer y frena su despegue en el ámbito laboral o público. Y si a eso le agregamos que muchas niñas siguen siendo expulsadas de sus escuelas por embarazarse, aun cuando sea resultado de violaciones, a los ojos de la moral escolar del profesorado o familias, estas niñas se convierten “en malos ejemplos para sus compañeras”, a otras se les retiran las becas -cuando las tienen-. Así la maternidad, voluntaria o forzada, es todavía motivo de discriminación tanto en lo laboral como en lo educativo.
La muerte materna sigue siendo un problema en México si consideramos que ninguna mujer debería morir antes, durante y después de un parto, sin embargo, las desigualdades siguen permeando la vida de las mexicanas. La enfermedad hipertensiva durante el embarazo es la razón más importante de la muerte materna, esto tiene que ver con la consulta preventiva en la mayoría de los casos ¿pero a dónde se acude si las clínicas de salud están lejos, las casas de salud están cerradas o no hay personal especializado? Lo otro, tiene que ver con la pobreza y la mala alimentación a lo largo de la vida de quienes al ser madres enfrentan hemorragias. Es cierto, hoy hay menos muertes maternas que hace una década, pero la meta es que ninguna mujer muera por ser madre y para ello se necesita atención pública médica de primer mundo, pero no solo discursivamente sino en los hechos. Atender a las mujeres desde la infancia, educación sexual, más oportunidades de educación en general, alimentación adecuada y atención médica oportuna.
En nuestro país existen dos entes políticos que han tomado la demanda de justicia para sus hijos e hijas: las buscadoras y las madres del feminicidio. Las cifras son el pan de cada día y hay un acercamiento real al número de desaparecidas y asesinadas de forma violenta por ser mujeres. Entes políticos que enfrentan la violencia institucional en todos los ámbitos y niveles de gobiernos. El federal que sigue ignorando su presencia -a cinco años de gobierno López Obrador no ha recibido a las madres del feminicidio-; los gobiernos estatales que dan paso a la impunidad, a la misoginia y el machismo con nulos resultados para las víctimas, y las autoridades municipales que se lavan las manos o se desentienden de la violencia contra las mujeres. Estas madres que acunaron a sus hijas e hijos en sus brazos, hoy acunan y abanderan la lucha contra la mayor de todas las violencias contra ellas mismas.
Estas violencias que dejan dos tipos de dolor en el cuerpo de una misma persona, en muchos de los casos: la orfandad para sus nietos y nietas, cuyos cuidados son asumidos por las abuelas con ayudas precarias desde los Centros de Atención a Víctimas, y, por otro lado, la aceptación de una nueva condición hasta hoy sin nombre, pero que se ha propuesto sea llamado como huérfilas para las madres o huérfilos para los padres.
Estas son las condiciones de la maternidad en México, esta es la versión 20.23 de ¡MADRES SÍ, PERO CON DERECHOS! Algo que queda claro no existe en este país y será terrible escuchar sus discursos, felicitaciones o lo que sea que venga desde las instituciones gubernamentales, las mismas que siguen precarizando el derecho a la maternidad con derechos.
