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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). En los últimos días y muy cerca de la celebración del 10 de mayo, día de las madres, hemos leído y escuchado en repetidas ocasiones que no hay nada que celebrar en México.
La emblemática fecha busca reconocer a las mujeres que han sido madres, se enaltece esa condición como un destino biológico, una maternidad que pasa por la santificación, aunque vivan un infierno de violencia familiar, rechazo en el trabajo, un piso pegajoso que les impide avanzar en sus centros laborales, precariedad, falta de guarderías o que implica pasar por las calderas de la violencia vicaria, esa donde se confabula el patriarcado y sus instituciones, además de lo que hoy está en la mesa del mundo: homicidios calificados o feminicidios de sus hijos e hijas, así como la desaparición de ellas y ellos.
Sí, ha sido el feminismo y sus estudios, un movimiento social a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres y su lugar en la historia, el que ha contribuido, poco a poco, a la desmitificación de ese mandato de género como una regla de vida, para no ser un “vientre vacío”. El feminismo plantea una maternidad libre, por decisión propia y no por imposición.
Este año se cumplen cien desde el establecimiento de la conmemoración, una iniciativa propuesta por un hombre, el periodista Rafael Alducín en 1922 y secundada por el gobierno mexicano de aquel entonces. La sospecha del feminismo, era sin duda, frenar los avances de las mujeres que buscaban emanciparse, ir a las universidades, incorporarse al trabajo fuera de casa, obtener su propio dinero, escaparse de ese destino de tener hijos, incluso a pesar de su propia vida.
Lo contrastante, como se ha dicho hasta el cansancio, es la falta de garantías para una maternidad libre, donde la violencia sexual obliga a parir hijos producto de la violación, no solo a mujeres en “edad reproductiva” como luego se dice, sino también a adolescentes, niñas y jóvenes menores de 18 años, a quienes se les rompe toda posibilidad de seguir una vida sin tener que cuidar a un niño con quien la diferencia de edad, muchas veces, es de apenas poco más de 10 años. Una realidad dramática que sigue ocurriendo en este país y donde, para variar, los responsables no son castigados.
A pesar de los avances que hoy se puedan contar –científicos, legislativos-, la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado sigue permeado por creencias religiosas, políticas y sociales de los poderes reales y fácticos, inculcadas cada segundo a través de una estructura de creencias, que pasa por los poderosos medios de comunicación, que entretienen a las mujeres y hombres de todas las posibilidades económicas durante 24 horas de cada día.
Hablar de aborto tiene una respuesta rápida y avasalladora: la criminalización de las mujeres. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, en septiembre de 2021, sentencia publicada en enero pasado. Y, por otro lado, el abortar hasta la semana 12 de gestación es posible en Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima (todos en 2021) y Sonora (2022) hasta la semana 13.
El aborto es una realidad en el 21.8 por ciento de las 32 entidades del país, una historia larga que no termina con estas legislaciones, persisten los obstáculos para la atención de las solicitantes, el maltrato psicológico, incluso, en clínicas y hospitales y también hay que decirlo, entre la familia, el grupo de amistades y personas cercanas, porque sigue vigente la idea del aborto no sólo como un delito sino también como un pecado. Deconstruir esa idea es una tarea que pasa por la educación en las escuelas, los medios de toda clase y tipo, las iglesias que siguen negando una dramática realidad para las mujeres y muchas veces por los propios gobiernos y sus intereses.
Otro contraste para la maternidad es la falta de seguridad para hijas e hijos. Los multicitados datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran la gravedad de una realidad, banalizada y ninguneada por los ejecutivos de las 32 entidades y desde la presidencia de la República, lo que tenemos son varias décadas de un país donde la violencia parece no tener retroceso alguno, sobre todo, porque no existe una garantía de justicia y no impunidad para las víctimas y sus familias.
Los gobiernos de todos los niveles pretenden tapar el sol con un dedo frente a estos hechos. Las fiscalías son incapaces de realizar investigaciones, los tribunales también han fallado en incontables ocasiones. Se trata de miles de hogares destruidos por la violencia donde es común criminalizar a las víctimas y es ahí donde surgió hace varios años un nuevo tipo de madres, uno que es sujeto político al encabezar las luchas por el esclarecimiento, primero de las desapariciones políticas, hoy por violencia feminicida y la desaparición, generalmente, por razones de trata de mujeres.
Este es el país que somos. Uno donde ser madre pasa más que por razones y creencias celestiales por un infierno terrenal, de negación de los derechos humanos de la madre de todos las y los mexicanos, incluyendo, aunque no lo parezca de quienes están en el poder.
