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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). Las cifras de la violencia feminicida y el feminicidio en México siguen siendo motivo de disputas entre las instituciones y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de las mujeres, porque desde la institucionalidad existe una evidente falta de reconocimiento al fenómeno de la violencia contra las mujeres en ese afán de no reconocer un grave problema sino que se intenta, incluso, ocultar el resultado de la violencia machista, que se incrementa por la violencia generalizada del país.
Los gobiernos de todos los niveles no solo adolecen de políticas públicas, como pomposamente llaman a las actividades establecidas en programas de gobierno para atender o resolver un problema, además se niegan a cumplir con las leyes federales, generales o estatales y, peor aún, con la normatividad internacional que están obligados a cumplir, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
A estas alturas y desde que en México se puso el dedo en el renglón a principios del actual milenio, tras los desafortunados feminicidios de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que tenemos es un avance de reconocimiento del fenómeno en la primera década y en los siguientes años el crecimiento y aprobación de la normatividad y protocolos de actuación, que han tenido que lidiar con la simulación orquestada desde los gobiernos ejecutivos y las fiscalías.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y noviembre de 2022 señalan que se cometieron casi siete mil asesinatos contra mujeres: 872 (12.4 %) de esos asesinatos fueron calificados como “presuntos delitos de feminicidio”; dos mil 592 (37.1 %) se clasificaron como “presuntos homicidios dolosos”, y tres mil 513 (50.3 %) como “presuntos homicidios culposos”.
Esto muestra que la minoría de los casos son considerados como feminicidios en México; en tanto que menos del 40 por ciento de esos asesinatos violentos contra mujeres fueron clasificados como presuntos homicidios dolosos, a pesar de que muchos de ellos están directamente relacionados con la violencia generalizada, o por decir lo menos, con venganzas, porque las mujeres siguen siendo utilizadas como botín de una guerra, lo que implica crímenes de odio contra mujeres que pertenecen a un determinado grupo familiar, se llaman feminicidios por conexión:
“Cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que intenta o mata a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima”, como lo establecieron en su momento Graciela Atencio y Elena Laporta en Feminicidio.net y por Julia E. Monárrez Fragoso, doctora, profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera con sede en Ciudad Juárez. (https://artecontraviolenciadegenero.org/tipos-de-feminicidio/)
Es decir, frente a este grave problema de la violencia contra las mujeres y los puntos de cruce con la violencia generalizada, todo indica se tiene que modificar la ley y en su caso, como no se ha hecho a pesar de ser una promesa de la hoy senadora Olga Sánchez Cordero, se tendrá que homogeneizar la ley que tipifica y castiga el feminicidio en México, porque de lo contrario estaremos solo mirando un solo lado de la moneda y exculpando a las autoridades de no hacer el trabajo que les corresponde de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Los datos sistematizados para el caso concreto de Oaxaca, por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género del Congreso estatal, nos muestra que bajo la clasificación de “presuntos delitos de feminicidio” el Estado de México sigue siendo el número uno con 131 delitos, le siguen Nuevo León (85), Ciudad de México (70), Veracruz (63), Chiapas (42) y Oaxaca en el sexto lugar con 40 casos. En la punta contraria en el sitio 32 está Nayarit con solo dos, Tlaxcala con tres, Yucatán con cuatro, Baja California Sur con seis y San Luis Potosí con nueve al igual que Aguascalientes.
Pero si analizamos los presuntos delitos de homicidios dolosos, ahí es donde las cosas se ponen complicadas, porque Guanajuato, entidad azotada por el crimen organizado reporta en el mismo lapso 382 asesinatos de mujeres; seguido de Baja California con 252 casos, el Estado de México con 241, Michoacán con 228, Chihuahua con 181, Jalisco 118 y Oaxaca con 114 homicidios dolosos de mujeres. Estos crímenes no son espontáneos tienen a todas luces una relación directa con la violencia generalizada que hoy se extiende en casi todo el país.
Salomón Jara heredó un estado con una grave condición de violencia contra las mujeres al ocupar el quinto lugar con más delitos de presuntos feminicidios; el octavo por presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos, y el quinto por presuntas víctimas mujeres de homicidios culposos, eso lo tendría que llevar actuar de manera inmediata para cumplir con la ley, esa que prometen tanto “cumplir y hacer cumplir”. Tan solo en sus primeros 40 días del gobierno morenista que encabeza Salomón Jara, han sido asesinadas en distintas circunstancias 21 mujeres y niñas. En contraparte solo discurso y nada de acción.
Relacionado con este mismo asunto tenemos la próxima elección del futuro Fiscal General de Oaxaca. “El autónomo” tendrá que ser electo por las y los integrantes del Congreso. Hoy Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General en la CDMX agradeció en su cuenta de twitter al “Dr. Ernesto López Saure por el buen trabajo que desempeñó como Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidi0o, producto de su profesionalismo, dedicación y compromiso. Le deseo éxito en el nuevo camino que inicia”. López Saure es uno de los aspirantes a Fiscal General del Estado de Oaxaca. ¿Será que ya hay línea para elegir al fiscal autónomo en Oaxaca?
Si es así, el hoy defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, tendrá que quedarse en su mismo lugar, al igual que otros y otras 24 suspirantes por el difícil cargo de Fiscal General del Estado de Oaxaca, ese que tiene bajo su responsabilidad hacer que la ley se cumpla, castigar al crimen o sea tendrá que renovar al personal de toda la Fiscalía, iniciar procedimientos a otros, algo que Arturo Peimbert no pudo hacer, o estaremos hablando de otro montón de años de contemplación, omisiones y complicidades que han dado a este estado de impunidad que hoy se vive en Oaxaca.
