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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). Oaxaca está por terminar un episodio más de gobierno. Uno, donde la violencia contra las mujeres creció al ritmo de la impunidad. El sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, al que le faltan menos de cien días para terminar, será el que más asesinatos violentos contra mujeres reporta, supera con creces a sus tres antecesores.
Hoy, 5 de septiembre faltan 86 días para que la administración gubernamental de Alejandro Murat termine y concluye con el sello de Oaxaca Feminicida, una calificación dada por el feminismo local, hace tiempo cuando advirtieron la falta de resultados en la administración gubernamental.
Murat Hinojosa quien está con un pie fuera de la entidad que gobierna desde el 1 de diciembre de 2016, deja un problema real y profundo, uno que se fue agudizando con el tiempo y que llegó, ni duda cabe, a ser muy grave: la impunidad, es decir, la ausencia de justicia para las víctimas. Una ruptura total que viven cientos de familias, un fenómeno que no preocupa en lo público.
Hoy, 5 de septiembre, suman de acuerdo con la organización no gubernamental Consorcio Oaxaca, 689 asesinatos y como faltan 86 días, la cifra podría superar los 700 casos de asesinatos violentos de mujeres, lo que es ya lamentable.
¿El mandatario es responsable? Sí, en buena parte. Lo primero por haber incumplido varios mandatos constitucionales, así como acuerdos internacionales y claro las leyes locales. Fue omiso en muchos casos y en otros solapó a perpetradores.
Por lo pronto, con el reporte hemerográfico podemos advertir, en la actual administración pública se ha superado todo lo imaginable, un ejemplo, sus tres antecesores: José Murat Cabab (diciembre 1998 a diciembre de 2004), Ulises Ruiz Ortiz (diciembre 2004 a diciembre 2010), Gabino Cué Monteagudo (diciembre 2010 a diciembre 2016).
Durante el gobierno de Murat Cabab se registraron 427 asesinatos violentos de mujeres, en promedio se cometió un delito de esta naturaleza cada cinco días.
Con Ulises Ruiz, los asesinatos violentos contra mujeres se espaciaron, ocurrieron 284. Recordemos que ese sexenio estuvo atravesado por un conflicto social que impidió por la parte institucional el registro adecuado. Entonces una mujer fue asesinada cada ocho días.
En el gobierno de Gabino Cué Monteagudo la suma del recuento alcanzó 527 asesinatos. Uno cada cuatro días.
Con Alejandro Murat Hinojosa hasta hoy han ocurrido 689 feminicidios. Uno cada tres días en promedio. Sin embargo, en los meses transcurridos en el año 2022, se cometió un feminicidio cada dos días.
Esto nos muestra que, en los últimos 24 años, el fenómeno de la violencia feminicida y el feminicidio, como se ilustra con las cifras, va en aumento, no sólo como lo dijo el fiscal Arturo Peimbert Calvo al comparecer ante integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura local, quien apuntó que la comisión de estos delitos está relacionada con la cada vez más transversal presencia de la delincuencia organizada.
Esto sin duda ha agravado en grado supremo el problema. Pero sería importante no dejar de mirar al interior de las instituciones donde se consuman los hechos más aberrantes de corrupción, falta de capacitación del personal que investiga o que anda a tientas y locas, y claro la cada vez más creciente demanda de recursos públicos para atender el problema.
Las cifras de las organizaciones no gubernamentales feministas son contundentes. Los datos de las instituciones tiendan a diluirse, a minimizar un problema real. Por ejemplo, dice Peimbert Calvo de marzo del 2021 a junio del 2022, se iniciaron 66 carpetas por feminicidio, con 68 víctimas. En ese lapso, el recuento hemerográfico de Consorcio Oaxaca reportó 161 asesinatos violentos contra mujeres, es decir, 93 víctimas quedaron fuera del tipo penal de feminicidio, lo que equivale al 57 por ciento de los hechos ocurridos.
Muchas autoridades consideran que evitar el delito de feminicidio “escapa de sus manos y atribuciones”, como afirmó el Fiscal de Oaxaca y quizá tiene razón cuando lo que no existen son políticas públicas de prevención que tendría que emprender el Ejecutivo local, acciones efectivas de persecución del delito e investigación científica –responsabilidad de la Fiscalía- que se traduce en absoluciones de los pocos muy pocos responsables llevados a juicio por la Fiscalía, a manos del Tribunal de Justicia del Estado, o absueltos por decisiones no vista desde la “justicia con perspectiva de género”.
El resultado es un acelerado proceso de hechos que se repiten cada vez con menor tiempo uno del otro, que tarde o temprano redunda en el mismo cáncer: la impunidad.
Y todo ello es resultado del dejar hacer y dejar pasar que caracterizó al gobierno de Alejandro Murat, más preocupado por lo superfluo, lo banal, lo trivial y fútil de una administración pública donde la gobernanza ha sido la gran ausente.
La pregunta es: ¿qué hacemos entonces si quienes están al frente de las instituciones o del gobierno, no pueden o se sienten incapaces para hacer frente a un problema que crece, crece y sigue creciendo? ¿Qué hacemos, desconocen su responsabilidad constitucional?
