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SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca de Juárez). En agosto de 2022, hace ocho meses, el congreso local recibió y turnó a tres comisiones la iniciativa de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que respaldan 38 organizaciones de la sociedad civil y periodistas de Oaxaca. Ahí sigue, entre las muchas iniciativas adormilada, pausada, archivada.
Las comisiones -que presiden las diputadas y diputado de Morena- son de Administración y Procuración de Justicia, Lizett Arroyo Rodríguez; de Derechos Humanos, que encabeza la diputada de Morena, Tania Caballero Navarro, y la de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, de la que es responsable (por así decirlo), Jaime Moisés Santiago Ambrosio, quienes seguramente saben bien a bien las altas cifras que han caracterizado a Oaxaca, ayer como hoy, por la sistemática violación de derechos humanos a la que se enfrentan defensores y periodistas por los abusos del poder, que son indiscutibles y necesarios contrapesos, guste o no.
La iniciativa impacta a cinco ordenamientos: Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Orgánica Municipal y la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ya que su intención es poner fin a la impunidad que prevalece y que se puede constatar en las altas cifras de actos de molestia, hostigamiento, amenazas, persecución, abusos de autoridad y hasta asesinatos contra personas defensoras y periodistas.
La Fiscalía General de Oaxaca informó recién que existen 184 carpetas de investigación en los últimos cinco años tan solo de periodistas, en realidad serían 52 meses. 124 de las víctimas son hombres y 60 mujeres. Lo que quiere decir que hubo 3.5 agresiones a periodistas por mes en Oaxaca desde 2018 a este mes de abril. El otro dato espeluznante es la agresión a personas defensoras de derechos humanos, 34 tan sólo en 2021, según datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en entrevista para Pedro Matías, corresponsal de Proceso en septiembre pasado.
De ese tamaño es la urgencia de ponerle dientes a las leyes, porque hasta ahora en Oaxaca lo que prevalece es la impunidad casi total de cada una de los hechos de abusos de autoridad, principalmente, en contra de quienes defienden recursos naturales y personas, y de personas periodistas violentadas por su trabajo, ambos hechos sistemáticos en un país violento y donde hemos pasado del terror de los poderes caciquiles, cuerpos de seguridad y políticos, al terror de la violencia del crimen organizado, cuerpos de seguridad-militares y la evidente complicidad con la política.
El objetivo de esta iniciativa de ley, sin duda nos recuerda el valor del trabajo que desarrollan periodistas y personas defensoras de derechos humanos que frente a la realidad requieren ser protegidos de agravios lacerantes para la vida propia, la de sus familias y/o comunidad a la que pertenecen.
También pone plazos para que las instancias responsables den respuestas ante las denuncias y que quienes incumplan puedan también ser sancionados. Hay incluso, propuestas de aumentar las sanciones para las personas agresoras y el funcionariado que haga caso omiso de las denuncias. De la misma forma se proponen sanciones a quienes obstaculicen o limiten el ejercicio de la libertad de expresión o la defensa o la protección a los derechos humanos.
Son cinco leyes las propuestas de modificación. Sería muy importante que en el Congreso local y en específico en las comisiones a las que se turnó, realmente entendieran la importancia y urgencia de esta iniciativa. Aquí se busca, primero, hacer conciencia sobre la no impunidad, que tanto la Fiscalía como los tribunales tengan en sus manos elementos para sancionar jurídicamente a los responsables y, por otro lado, lo más importante, garantizar la vida y la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de lo contrario todo seguirá igual.
Prevenir es la fórmula y la única manera de prevenir este tipo de hechos, es haciendo que la ley se cumpla, que los criminales, al menos sepan, que impedir la libertad de expresión y de información se castiga, lo mismo que la omisión y la simulación institucional.
El Congreso de Oaxaca ya se dilató ocho meses. En ese tiempo, han ocurrido -en promedio- casi 30 agresiones contra periodistas y una cantidad simular contra las personas defensoras de derechos humanos, si nos basamos en las estadísticas actuales. Les dejo ese recordatorio para que sepan que toda omisión tiene consecuencias. Ya lo saben, no se trata de pagar féretros detrás de un atentado, ni crear fideicomisos para las familias o deudos de las personas agraviadas, porque eso no resuelve el problema. Se trata de prevenir que este tipo de hechos ocurran, no se repitan.
