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ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ (SemMéxico, Ciudad de México). Cuando Daniel Carlos, uno de los directores de la revista-libro semanal Tribuna Comunista me invitó, por segundo año consecutivo, para ser expositor en este Festival, me entusiasmé por el honor que significa; pero eso mismo me trabó y atormentó varios días. ¿Cómo hacer para qué una exposición sobre la situación de las y los periodistas mexicanos sea convincente, con un ángulo interesante y útil para las personas no familiarizadas con esta corriente de mexicanos/as?
Y esa agonía de la primera página en blanco, que padecemos las y los periodistas, pude librarla con la respuesta muy sencilla: informar; y además hacerlo con sinceridad, en el marco de esa ética que procura el mayor bienestar social, con datos investigados y con el auxilio del método de análisis, como lo hace la gente de la izquierda-izquierda, de la que forman parte los comunistas bien desarrollados/as.
Pues bien, este tema es complejo y a veces agobiante por doloroso. No se cansen antes de tiempo, por favor.
Comunicación social elitizada
El periodismo y las y los periodistas, como todos sabemos, son el componente esencial de las actividades de la llamada comunicación social. Los medios convencionales son: impresos, la radio, la televisión, la industria del cine (productoras y salas), las agencias de noticias, los anuncios físicos, etcétera. Y más recientemente se desarrollaron poderosamente las plataformas digitales en internet, que conocemos como las redes sociales.
Sobre la esencia de los medios de comunicación, la mayoría de estudiosos aceptan que son la mejor herramienta de la superestructura ideológica del sistema socioeconómico imperante. En buena parte del mundo impera el sistema capitalista (el capital globalizado) con la ideología liberal re-estimulada (neoliberalismo); ideología que auspicia y protege a la libertad de empresa, el mercantilismo, las ganancias y la acumulación por encima del bienestar social.
México está domeñado por ese sistema mundial. Y como ya poca gente duda, las elites económicas y políticas -que se formaron dentro de ese sistema en los últimos 50 años- se beneficiaron, lo reprodujeron y lo siguen defendiendo. Aquí, gran parte de las empresas de medios suponen que el gobierno de López Obrador está afectando ese sistema sin entender que su agenda es contra los excesos de acumulación, de apropiación de lo público y de corrupción que las elites prohijaron.
Es así porque el sistema de comunicación social de México se define por una poderosa industria de periodismo mercantil, que se desarrolló bajo un modelo político de mutuas conveniencias entre las grandes empresas con los gobiernos del PRI.
Ese modelo permitió la formación de una elite de grandes empresas, la mayoría en corporativos, que atrajeron las tajadas más grandes del mercado de la publicidad con ganancias desproporcionadas, en comparación con otras industrias y también fomentó una capa privilegiada de periodistas; esa ha sido su fuerza hasta para imponer la agenda nacional por décadas.
Pero, la contradicción mayor que generó este modelo de comunicación fue asumir, en los hechos, que la ciudadanía son clientelas para venderles información y mensajes dosificados a su conveniencia. Las noticias, las opiniones y los análisis periodísticos, en general se convirtieron en mercancías vendedoras y en mensajes favorables para las y los gobernantes y consolidación de un régimen político “representativo” (elitista) para la toma de decisiones políticas entre unos pocos.
Práctica y técnicamente ese tipo de mercado incautó y controló gran parte de la información periodística de interés directo de las y los ciudadanos; esa información que debe estimular la participación política activa. Consciente o inconscientemente los grandes medios mexicanos rebajaron la esencia del periodismo: priorizar el servicio social de informar amplia y oportunamente.
En contraparte, a pesar de los grandes medios y de las empresas de prensa beneficiadas con el modelo, fueron creciendo en cantidad e intenciones democráticas los movimientos sociales. Las pruebas de ellos están en los movimientos de los años sesenta, los setenta, las elecciones federales de 1988 al 2000 y la gran insurrección cívica del 2018.
Pero, con tristeza tenemos que aceptar hoy, que lo esencial de ese modelo de comunicación social elitista sigue predominando. No obstante, quienes dirigen algunos de los medios privados más grandes creen que se quiere cambiar el modelo y quieren revertir algunas políticas gubernamentales que les restaron privilegios: en contraste otros se adaptaron al nuevo gobierno porque entienden que no les afecta demasiado a su libertad de empresa, porque el sistema capitalista no está siendo amenazado, sino que solo se quieren eliminar algunos de sus excesos.
Vulnerabilizó a periodistas
Ese modelo de comunicación social engendró otras contradicciones: domeñó las líneas editoriales de muchas pequeñas y medianas empresas de prensa e inhibió su derecho al desarrollo; desconoció y violentó varios derechos profesionales de miles de personas periodistas al regatearles salarios y prestaciones de nivel profesional. Con esas prácticas precarizó y vulnerabilizó esta profesión, hasta lo indecible.
En la izquierda entendemos bien que las y los periodistas profesionales observan y capturan la información y la convierten en la materia prima del mercado de la información con las noticias, las opiniones y las bases del análisis de otros. Esa materia prima del periodismo es convertida, por las empresas privadas de prensa en mercancía y en el mercado obtiene un alto valor monetario y social.
Y en México, ese producto final también se les incautó a los trabajadores/as de la información para ajustarla a la libertad de empresa y a sus creadores/as no se les retribuyó equitativamente el valor que crean. Frente a todo esto el Estado mexicano embargado por el neoliberalismo se fue haciendo cómplice para proteger al modelo: privilegiar la libertad de empresas de prensa atropellando la libertad de prensa que requieren mínimamente las sociedades democráticas, así sean solo representativas.
Un recuento de los efectos negativos de ese modelo en las y los periodistas pudo presentarlo este reportero el 22 de septiembre de 2022 en una mesa de debates del Seminario Internacional “Abuso y Límites del Poder Penal en Estados Democráticos de Derecho” en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Allí describí dos fenómenos iniciados durante los regímenes políticos anteriores al actual y que hoy flagelan a demasiados mexicanos/as:
Un fenómeno y el mayor es la gran crisis de violación a los derechos humanos; y el otro es el maltrato profesional, agresiones y asesinatos a periodistas -sobre todo a las y los más vulnerables- en un ciclo ya prolongado desde 1988 y acelerado del año 2,000 a la fecha. Para esto último hice un comparativo de seis aspectos de ese ciclo de lo que ocurría en 2010 y en 2022, para probar cómo se vulnerabilizaron demasiados periodistas. Cito, y no se abrumen:
UNO. Registrábamos y persiste la debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica.
DOS. Se padecía y se padece, ante empleadores, de salarios y prestaciones no profesionales, que no protegen ante agravios y tareas de alto riesgo ni facilitan la capacitación permanente. Y en las crisis despiden fácilmente (En 12 años alrededor de 10 mil perdieron sus empleos fijos). Entre unos 40 mil que seguimos en esto, la mayoría vio reducidos todavía más sus ingresos y prestaciones. La precariedad laboral es el segundo problema que padece buena parte de periodistas mexicanos/as.
TRES. Una de estas grandes vulnerabilidades de las y los periodistas es por debilidad gremial, paradójicamente por exceso de organismos. Hoy se puede probar, en todo el país, la existencia de al menos 400 organizaciones aparentemente gremiales y unas 2 mil 500 plataformas digitales que pretenden informar y competir con los corporativos de la industria.
CUATRO. Hace doce años agresiones de políticos, servidores públicos (fuerzas de seguridad, gobernantes, ministerios públicos y jueces) que cometían el 70 por ciento de agravios. Hoy esa proporción ha disminuido a menos del 50 por ciento. Pero no eran solo agresiones, también malas prácticas y omisiones ante demandas laborales, ante amenazas, ante acoso judicial.
CINCO. Nos alcanzó la violencia extrema. En estos 12 años se hizo imparable el asesinato de periodistas. Los responsables del mecanismo federal de protección difundieron recientemente que el sexenio de Felipe Calderón cerró en 2012 con 101 periodistas asesinados/as, el de Enrique Peña Nieto con 96 y que en los cuatro años del sexenio actual ya son 63 las y los colegas ultimados.
El crimen organizado se tornó en el perpetrador más violento: sus agresiones pasaron del 7 por ciento en 2010 a 24 por ciento en 2022. El flagelo de su violencia nos alcanzó, igual que a millones de mexicanos/as.
SEIS. Había, hace doce años, un régimen legal injusto, porque privilegió al mercado de la información y aceptó el acaparamiento de los medios; predominaba la penalización injusta a deficiencias de nuestro trabajo y aunque las sanciones se pasaron a códigos civiles prevalece lo penal en diez estados. Hoy existe una maraña legal con más de 40 normas relacionadas con el periodismo (14 estatales, 9 federales, 6 referencias constitucionales, más los tratados y convenios internacionales) que no han logrado reducir la atmósfera brumosa contra periodistas.
En resumen, desde 2010 ya se manifestaban plenamente varias crisis entre periodistas que nos fueron haciendo extremadamente vulnerables. Ese ciclo aciago persiste y engendró muchas zonas de silencio en el país, impidió que siguieran informando los asesinados/as y los amedrentados/as. Todo ello fue afectando negativamente los derechos a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía.
No obstante, la mayoría de la población parece desconocer todo esto y no contamos con su simpatía y menos con su apoyo. Esa es otra de las debilidades de las y los periodistas.
El menoscabo social
Ante asesinatos de periodistas hay sociedades que protestan masivamente pero no la mexicana.
Sin exageración puede afirmarse que cada persona de la mayoría de los 94 millones 259 mil 740 de personas mayores de 15 años en México tiene su propia percepción de lo qué son los medios de comunicación, el periodismo y sus periodistas. También que una gran parte de ese total acepta este modelo de comunicación social, recibe sus mensajes, pero no se siente atendida o que los medios de prensa convencionales estén a su servicio.
En París Francia, el semanario satírico Charlie Hebdo sufrió un tiroteo por dos hombres enmascarados pertenecientes a Al-Qaeda el 7 de enero de 2015. Y desde ese mismo día y hasta el 11 de enero se manifestaron no menos de 2 millones de personas en la capital. Diversas fuentes informan que fueron 3 millones 700 mil personas en las manifestaciones celebradas en toda Francia, con el lema: “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie).
En México de los 63 crímenes ocurridos desde diciembre de 2018, han sido contadas las manifestaciones de protesta, pero casi todas con puros periodistas. En 3 o 4 casos han sido marchas un tanto más cuantiosas o paradas tipo mitin en varios estados sin otros sectores sociales. En esos momentos se siente monstruosa nuestra soledad. La sociedad no participa en la inconformidad activa, ni siquiera las organizaciones urbanas, campesinas o de derechos humanos más notables.
¡Uff! Sí que está jodida la mayoría de periodistas de México, dirán quienes apenas sepan este panorama.
Golpes de timón
En todo este contexto complejo y abrumador parecen estarse conformando dos buenas noticias para las y los periodistas más vulnerables y que beneficiarían el derecho a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía mexicana.
Es público que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que antes de que termine 2022 presentará una iniciativa estratégica para crear una política de Estado que tomará como base en una nueva ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
Esto sería estratégico porque se anuncia que esa ley será de carácter general, que privilegiará la prevención y obligará a los estados de la federación a cumplirla y también a todas las fiscalías a que investiguen y se reduzca la impunidad. Estrategia que, presumiblemente facilitará reformar otras leyes que faciliten la adquisición de fortalezas profesionales a periodistas y defensores.
La otra iniciativa es de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ya presentó el Senador Emilio Álvarez Icaza, para adicionar un capítulo que reconozca como de interés público la función social del trabajo de periodista, reconocerle al menos 9 de los 14 derechos para ejercer con libertad y garantizarle reconocimiento social, trato profesional en prestaciones y darle facilidades para fundar empresas de servicio social informativo no lucrativas.
De consolidarse estos dos procesos para crear o reformar leyes podrían significar un cambio de enfoque, un golpe de timón, una política de Estado del gobierno federal para frenar el largo y aciago ciclo de agresiones y asesinatos de periodistas, pero también para allegarles fortalezas profesionales, reducir varias de sus vulnerabilidades y facilitar su libertad de cumplir con el servicio social del periodismo a quienes quieren hacerlo alejado del mero interés mercantil. Así de importantes son estos procesos.
En el sentido de protección social, el gobierno de López Obrador ya dio un primer paso. Cerca de 700 periodistas ya han sido inscritos en el IMSS y en diciembre se sumarían otros 700 que tendrán gratuitamente la protección de cinco seguros. Esos 1,500 probablemente y los que se sumen después, representan una proporción significativa de los 7 mil periodistas que trabajan por su cuenta y sin prestaciones sociales.
Promover un frente amplio de periodistas
Periodistas mexicanos/as, conscientes del valor social que tiene la conquista de derechos, han creado frentes amplios en distintos momentos con sus pares para defender los derechos de la ciudadanía a la información, la libre expresión y para su autodefensa.
En los años 70, al influjo ético de los movimientos estudiantiles y sociales, cientos de colegas (con una columna vertebral de periodistas comunistas) desarrollaron el frente llamado Unión de Periodistas Democráticos, frente que entre otras cosas ayudó a legislar sobre el derecho a la información, a esclarecer crímenes de sus colegas, a formar frentes con otros trabajadores/as de la información y a crear el Salario Mínimo profesional para Periodistas, entre otras cosas. Pero varios dirigentes de la UPD fueron cooptados por los gobiernos del PRI y desapareció. Un remanente de este movimiento formó la Casa de los Derechos de Periodistas en 2010 con un empuje notable para promover leyes y la autoprotección, pero cerró en 2015 por falta de apoyo institucional.
En 2020 un pequeño agrupamiento de 224 colegas fomenta otro frente amplio de periodistas con el nombre de Prensa no lucrativa. Y desde allí pugnaremos para que el inminente cambio estratégico de leyes y políticas públicas incorpore varios puntos de una agenda para dar más fortalezas para la autoprotección y mejor profesionalidad del periodismo.
En este agrupamiento ha iniciado la idea de convocar a un coloquio nacional de redes de autoprotección de periodistas que analizaría las leyes necesarias para una política de Estado. En casi todas las entidades del país se han formado redes similares. Quizá en ese encuentro pueda acordarse formar una red de redes con la fuerza suficiente para ganar la interlocución con empresas, con los gobiernos y organismos de pares en otros países. De lo que se trata, dirían los comunistas no es interpretar la realidad sino transformarla. Mirada de un reportero de izquierda.
Texto para ser presentado en la mesa de debates del Festival de 2022 de Tribuna Comunista el Sábado 8 de octubre de 2022 en el Centro Cultural El Rule, de Eje Central número 6, centro histórico de la Ciudad de México.
