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Es intencional la incompetencia de la fiscalía federal para periodistas: Propuesta Cívica
ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ (SemMéxico, Ciudad de México). Durante una charla informal, el 12 de julio, entre los responsables principales del mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas con un reportero especializado en el tema, se coincidió con una revaloración:
— Propuesta Cívica es cada día más confiable. Hace buenas investigaciones y propuestas viables para la protección de periodistas–.
Y esa ponderación se confirmó dos veces en la última semana de julio con sendos trabajos de esta organización civil, porque fueron respaldados en el más alto nivel internacional:
El día 22 presentó un extenso documento de 58 páginas titulado Reparación ¿Integral? Para Periodistas, resultado de una investigación en México apoyada por Open Society Foundation; y el 29 de ese mes su directora ejecutiva, Sara Lidia Mendiola Landeros, presentó un amplio reportaje, financiado por el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO.
Lo singular de este trabajo de la especialista en Derecho Penal Acusatorio es que revela, con datos confirmados, que es intencional la incompetencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Y ratifica al final lo que es una percepción generalizada: “Si la Feadle y las fiscalías estatales funcionaran de manera adecuada, no habría necesidad de tener un Mecanismo de Protección.”
La FEADLE no quiere
El texto de Sara Mendiola fue reproducido internacionalmente por la revista de periodismo del Centro Knight de la Universidad de Texas y es el cuarto reportaje de una serie sobre la investigación y la persecución de los casos de violencia contra las y los periodistas en América Latina patrocinados por la UNESCO.
Ella investigó la intervención de la FEADLE en los casos de la periodista Miroslava Breach Velducea quien fue asesinada cuando salía de su casa en la ciudad de Chihuahua y de Javier Valdez, asesinado en Culiacán Sinaloa y asegura que esa participación fue obligada por la presión y que no resultó tan exitosa como se pregonó oficialmente.
De las limitaciones de esa fiscalía señala que cuando era solo para casos de periodistas “no establecía una definición de periodista ni una metodología para determinar qué se consideraba como ejercicio profesional para establecerlo como móvil de un ataque. Esto le permitía declararse incompetente.”
“Otro problema fue que la FEADP estaba limitada a delitos federales y a delitos cuya pena fuera prisión, por lo que dejaba fuera de su competencia las amenazas o agresiones.”
Y persistió esa debilidad, añade la investigadora, ya que como FEADLE mantuvo las ambigüedades respecto a la definición de “periodista” o “actividad periodística” para justificar su intervención. Esto provocó un aumento en las declaratorias de incompetencia…
“Son varios los casos que muestran la forma en que la Feadle ignora los ataques a periodistas, incluyendo los homicidios. Un par de muestras son el asesinato de Armando Saldaña Morales y el intento de asesinato del que fue víctima Indalecio Benítez Mondragón. Y hay otros casos en donde la Feadle ni siquiera interviene.”
Sara Mendiola ofrece datos de lo intencional de la FEADLE para no atraer casos de periodistas a pesar de que tiene marco legal para aplicar su facultad de atracción, tanto por la constitución mexicana (las autoridades federales pueden conocer delitos del ámbito local cuando estos tengan conexión con delitos federales o se trate de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información) así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Refiere que esa práctica de la FEADLE desde 2010, se extendió a los años recientes del actual gobierno, Y cita que de once periodistas asesinados y asesinadas en este periodo “sólo uno de esos casos lo atrajo, el de Heber López, asesinado el 12 de febrero en Oaxaca… En el resto de los casos, la Fiscalía ni siquiera había iniciado investigaciones para determinar si los crímenes están relacionados con la labor periodística de las víctimas.”
“… la Fiscalía se escuda en la figura de declaratoria de incompetencia para evadir las investigaciones, al determinar que no tiene facultades para intervenir,… En 2014 se dio un incremento acelerado de averiguaciones previas, que coinciden con el mayor número de incompetencias declaradas, según el Informe de la Feadle de 2018. Entre esos años, de las 803 averiguaciones previas que conocía en ese momento, se declaró incompetente en 442, más de la mitad.” (El reportaje completo se puede leer en https://latamjournalismreview.org/es/articles/en-mexico-la-fiscalia-especial-para-la-atencion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-expresion-tiene-larga-historia-pero-pocos-resultados/
La directora Ejecutiva de Propuesta Cívica no lo dice, pero en los tiempos más recientes se ha propuesto que se obligue a la Fiscalía General de la República atraer todos los casos de agravios a periodistas y para ello se declare delito grave todo atentado al ejercicio del periodismo en la Constitución y en los códigos federales penal y de procedimientos penales.
El acento de Propuesta Cívica
La asociación civil Propuesta cívica fue creada en 2011, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Paulatinamente ha crecido en atención, en acompañamiento y representación legal (y sin costo alguno) a periodistas y personas defensoras ante distintas instancias judiciales y administrativas, y mucho más en la investigación con propuestas viables y no solo recriminaciones como suelen hacer otros organismos similares.
Por ejemplo, sobre el caos jurídico en materia civil, penal, laboral y de protección que adolece la protección a periodistas, los especialistas de este organismo lo documentaron mejor que ningún otro en su estudio Libertad de Prensa ¿Cómo se legisla en México? y que presentaron el 22 de abril de 2022 en el Senado de la República con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras. En él no solo se alejaron del criticismo, sino que propusieron un paquete de reformas y nuevas leyes para atajar ese caos.
Su nombre formal es Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica). Es el único organismo de todos los similares que lleva un recuento, nombre por nombre, de los 60 periodistas asesinados y asesinadas en el actual sexenio sin discriminar previamente si fueron ultimados por su profesión u otras causas. Algunos de sus estudios más recientes son:
En 10 Estados de la República siguen congeladas leyes para proteger a periodistas y no hay voluntad política para realizarlas; En México la mayoría de los periodistas trabajan en condiciones vulnerables y de riesgo. Uno de los más recientes, del 11 de julio, es “En ascenso violencia contra la prensa en Tamaulipas; urgen acciones preventivas por parte del Estado”.
El 25 de julio Propuesta Cívica puso en su sitio web el que quizá sea su estudio más exhaustivo: REPARACIÓN ¿INTEGRAL? PARA PERIODISTAS Libertad de expresión (https://propuestacivica.org.mx/proyectos) donde se analiza “el andamiaje jurídico e institucional para la atención, protección y reparación integral a víctimas en México.”
Y allí reitera su acento propositivo: “no solo busca identificar las insuficiencias, sino también aportar una serie de propuestas oportunas y realizables, para mejorar los procesos de reparación integral tanto a periodistas víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, como a sus familias.… “
El presidente de Propuesta Cívica es Sergio Aguayo Quezada, su directora ejecutiva es Sara Lidia Mendiola Landeros y se apoyan en un Consejo Consultivo formado por Albertico Guinto (Doctor en Ciencias Jurídico Penales); Jacinto Rodríguez Munguía (Subdirector Editorial de la Revista emeequis); Marta Durán de Huerta (periodista y doctora en sociología); Rubén Alexis Guillen (Oficial de Programas del National Democratic Institute for International Affairs).
Y para quienes observan con detenimiento sus acciones y financiamiento en su sitio web informa que el 100 por ciento de sus ingresos los obtiene de seis fuentes: el 52 por ciento de Foundation Open Society Institute; el 24 de Evangelisches Werk Für Diakonie Und Entwicklung; 11 de Editora Argos; 6 del Frente por la Libertad de expresión y la protesta social que conforman 9 organizaciones (Article 19 Mx, Centro Vitoria, Centro Prodh, CEPAD, Cencos, Marabunta, Serapaz, Red TDT y la misma Propuesta Cívica); 5 por ciento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 2 por ciento de Reporteros Sin Fronteras.
Por ese acento propositivo y presencia alcanzada dentro y fuera de México es que las y los periodistas tenemos que observar a Propuesta Cívica como una instancia civil para acompañar nuestros protocolos de autoprotección y, en su caso apoyar sus proposiciones que ayudarían a establecer un sistema nacional, con estrategia de Estado, para la protección integral de periodistas. Mirada de reportero.
