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GUADALUPE RAMOS PONCE (SemMéxico, Guadalajara, Jalisco). Recientemente, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), emitió un comunicado externando su preocupación por la declarada intención del Ejecutivo Federal para desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). El 18 de abril, se dio a conocer el Decreto que pretende desarticular la capacidad del SIPINNA y trasladar sus funciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Decreto Presidencial busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Llevar el tema a una institución asistencial como el DIF que no tiene facultades para coordinar al Estado mexicano, es desdibujar definitivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. En México existen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes (30.4 % de la población del país), a quienes se pretende privarles de la categoría de sujetos de pleno derecho y regresar a la visión asistencial tradicional.
La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria, implica una clara acción de regresividad en saldar la deuda histórica que tiene el Estado con infancias y adolescencias en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, atendida inicialmente con la promulgación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con la creación del propio Sistema de protección.
Esta Iniciativa representa uno de los más graves retrocesos en materia de garantía de derechos de las infancias, además de ser un claro incumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 4° establece “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”
Resulta preocupante que la reciente iniciativa propone que la Secretaría Ejecutiva sea absorbida por una institución de carácter asistencial como el DIF misma que no cuenta con las capacidades estructurales, operativas y técnicas para coordinar la gran política de Estado en materia de niñez. El DIF no tiene facultades para coordinar a otras secretarías, mientras que el SIPINNA se centra en proteger los derechos de la niñez mediante la creación de políticas públicas y la armonización de las leyes a nivel nacional y se ubica en un órgano de Gobernanza como la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Desde su creación, el Sistema de protección ha sido reconocido como un mecanismo eficaz, por instancias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por gobiernos de la región que han visto en él un modelo a seguir en el sistema garantista de derechos.
Hacemos un llamado urgente no sólo mantener sino a fortalecer la estructura actual de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA porque esta instancia puede brindar, en su posición actual, la respuesta necesaria a las numerosas problemáticas que viven niñas, niños y adolescentes en el país.
El mes de abril debería ser un periodo para establecer y cumplir compromisos a favor de los derechos de la niñez y no para arrebatarles los logros que, después de tanto tiempo y con tanto esfuerzo se han obtenido.
El comunicado de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), hace un llamado a las Diputadas y los Diputados, así como a las autoridades a frenar la Propuesta de Ley. Llegar al 30 de abril con esta iniciativa aprobada significaría al menos 30 años de retroceso en los derechos de las niñeces y adolescencias en nuestro país.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Vicecoordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
