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ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ (SemMéxico, Ciudad de México). Aquella mañana del 11 de abril el veterano reportero tenía miedo. Lo dejaron solo en el estrado para exponer, a ochenta representantes de 30 gobiernos estatales, la evolución de las instancias de protección para periodistas en riesgo. Temía no poder convencer y, peor aún, irritarles cuando expusiera del desmadre de leyes estatales existentes.
Escudriñaba los rostros serios de quienes llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Pero durante una hora nadie le interrumpió, ni se salió.
Al final de su exposición el reportero les solicitó poner atención a las dos cámaras del Congreso de la Unión por la posibilidad de que en este periodo de sesiones aprueben la reforma al artículo 73 constitucional que permita crear una ley general de prevención y protección, con ello derogar la actual de alcance solo federal y, de paso, comenzar a difuminar el caos jurídico actual.
La concentración de funcionarias y funcionarios se denominó Encuentro Nacional de Autoridades para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Había mandos de gobiernos, de áreas de protección, de seguridad pública, fiscalías, derechos humanos, ministerios públicos. Muchas y muchos abogados.
El reportero no pudo ocultar su nerviosismo ante tal concurrencia y optó por leer su largo texto. La parte que logró más silencio y atención fue cuando ofreció los datos del caos legislativo que se creó con la intención de proteger y/o beneficiar a sus colegas, sin lograrlo. El fragmento es el siguiente:
Ley federal y mecanismos, caducos
En los años 80, no había ninguna instancia confiable del Estado mexicano que protegiera o le diera garantías de justicia a una ni a un periodista amenazado, acosado, agredido por hacer su trabajo.
De 1982 a 1988 durante el sexenio de Miguel de la Madrid fueron asesinadas y asesinados 33 periodistas, la mayoría en los estados de la República y salvo el caso de Manuel Buendía en ningún otro se investigó efectivamente.
Mujeres y hombres periodistas, al principio muy pocos, comenzaron a presionar para obtener garantías que les permitieran ejercer con seguridad. Sin embargo el avance fue muy lento y en contracara aumentaron sus índices de agresiones y asesinatos.
Fue hasta 2012 cuando se promulgó la ley federal y nació el Mecanismo (solo federal) de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Esta ley y su instrumento sí fueron como una especie de parteaguas, pero ambos ya están rebasados, ya no pueden enfrentar solos el fenómeno criminal que siguió creciendo.
El desmadre legislativo
Después de la ley federal, también por actividad creciente, movilizaciones y promociones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos se desató un ciclo de creación de leyes en los estados, unas de promoción, otras de protección y unas más de protección con derechos profesionales. Pero también otras que antes no limitaban o amagaban al ejercicio periodístico.
El resultado general fue un desmadre por la diversidad de enfoques, definiciones y propósitos.
El 31 de agosto de 2015, desde la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) advertimos en documento público cómo crecían las incoherencias legales. Reportamos que ya había una ley federal y 20 leyes estatales que pretendían fomentar o proteger al periodismo; que 29 iniciativas vinculadas esperaban ser dictaminadas.
En ese año detectamos que el código penal federal y cinco códigos estatales hacían punibles los agravios contra periodistas y a medios de información; igual supimos que para fomentar el ejercicio con recursos públicos había 3 leyes estatales; sobre el derecho al secreto profesional había entonces 5 leyes estatales y una norma federal; y de protección con derechos había cuatro leyes estatales.
Pero siguió esa tendencia y lo peor es que no se frenó el ciclo de agravios y asesinatos. La realidad no se modifica con la mera existencia de leyes.
Ese caos jurídico lo confirmaron los especialistas de Propuesta Cívica, en su estudio Libertad de Prensa ¿Cómo se legisla en México? que presentaron el 22 de abril de 2022 en el Senado de la República con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras.
En la materia de protección encontraron una Ley federal; 12 leyes estatales sobre protección a periodistas: cinco leyes relacionadas con periodistas que no desarrollan propiamente mecanismos de protección ante situaciones de riesgo; tres acuerdos que crean Unidades Estatales de Protección y seis iniciativas recientes de leyes de protección.
“Se identificó -aseguran los autores de ese informe-, que las legislaciones estatales no cumplen realmente con los estándares mínimos nacionales e internacionales…por lo que se concluyó que una de las barreras más importantes actualmente para proteger los derechos de las personas periodistas en México es justamente que en las jurisdicciones estatales las leyes son deficientes, cuando las hay, y que en algunos otros casos ni siquiera ha existido un compromiso real de los poderes locales…”
Lograron también identificar las incoherencias de leyes en materia civil, penal, laboral y de protección “que impactan de manera negativa la libertad de prensa en México y ponen en riesgo la actividad profesional de periodistas”.
“Al momento de la investigación, observamos con preocupación que aún existen Códigos penales estatales que tipifican alguna de las formas conocidas de delitos contra el honor (injurias, calumnias o difamación). Estados como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Sonora y Michoacán cuentan con legislaciones penales que contempla este tipo de delitos.
“En materia laboral. El principal problema encontrado es el grave vacío legislativo de las leyes mexicanas en materia de derechos laborales de periodistas…” Por otro lado, se encontró de manera preocupante que 5 estados cuentan con leyes que establecen como requisito contar con título o cédula profesional para ejercer el periodismo.
Así se confirmó el caos legislativo, el sinfín de leyes e iniciativas con buenas intenciones pero sin la coherencia necesaria y mucho menos efectividad para frenar agresiones y asesinatos. Un auténtico desmadre legislativo.
Y, a pesar de todo eso, al Mecanismo Federal se le cargó el mayor número de acciones de protección y fue desbordado. Eso lo argumentan mejor sus responsables.
Pero la mayor evidencia de que faltan hechos y coherencia de los entes del Estado mexicano es que continuó el largo ciclo de asesinatos.
En el gobierno de Miguel de la Madrid los periodistas asesinados fueron 33; con Salinas de Gortari 46; con Zedillo 24, con Fox 31, con Calderón 101, con Peña 96 y en cuatro años de López Obrador 69. En 2023 se registran tres personas victimadas pero aún ignoramos si lo fueron por causa de su profesión.
Esperanza contra el caos
– Para atajar el caos legal y encontrar un solo sentido y coherencia al andamiaje jurídico de protección es indispensable una visión de Estado para el diseño de un sistema nacional de prevención y protección. La piedra de toque sería, probablemente, una ley general -les dijo el reportero a los representantes de entidades estatales:
– Con mucha más ilusión que objetividad presumo que vienen otros pasos posibles en ese sentido- consideró:
– Que la propuesta de reforma constitucional para poder legislar una ley general para la protección integral de ambas actividades (que aprobaría estos días la Cámara de Diputados) sea ampliada en el Senado con visión de Estado para declarar que la actividad profesional de personas defensoras y periodistas son del interés público y por lo tanto deben contar con la protección del Estado y con derechos para ejercer su labor.
– Que esa reforma constitucional sea aprobada por todas las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso de la Unión como en todos los congresos estatales.
– Que la iniciativa de ley general perfile ese sistema nacional de protección integral con énfasis en la prevención.
– Que en esa ley general se desaparezca al mecanismo actual con sus rasgos cautelares y para policiacos para convertirlo una instancia nacional coordinadora de varios motores, entre otros una red nacional de monitoreo para reacción rápida ante amenazas.
– Que la ley General faculte a su instancia nacional para que, en su énfasis preventivo, promueva un andamiaje legal más coherente tanto en la federación como en los estados:
– Que esa ley general encauce políticas públicas en todos los niveles de gobierno, que faciliten la adquisición de fortalezas de personas defensoras y periodistas para que cada vez sean menos objetos de la protección pública y se conviertan en sujetos de acción para su autoprotección.
A casi una hora de exponer nerviosamente el veterano reportero hurgaba entre los rostros alguna muestra de irritación o aburrimiento. Solo encontró miradas atentas. La reacción general, quizá por comedimiento, fue un aplauso. No hubo preguntas. Posiblemente algo de lo expuesto quede en ellas y ellos para que su Encuentro signifique dar otros pasos, aunque sean pequeños, para comenzar a atajar, ahora sí, el largo y aciago ciclo de agresiones contra periodistas. Colegas, estemos atentos. Mirada de reportero.
