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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Este miércoles se define el futuro de la aplicación de justicia en Yucatán. El Congreso del estado debatirá una iniciativa de reforma constitucional enviada por el gobernador Mauricio Vila, que modificará la organización y permanencia de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán.
El jefe del Ejecutivo yucateco expone como propósito central de su propuesta “fortalecer la autonomía del Poder Judicial de Yucatán”. Reconoce el gobernador en la exposición de motivos que la relación entre población y juzgadores registra un gran rezago, esto es, por la falta de número suficiente de juzgados que aborden y resuelvan los asuntos penales, civiles, mercantiles y familiares puestos a su consideración. Y es cierto: faltan jueces-juezas que apliquen la ley, sin el calvario al que son sometidas personas y familias que tienen que litigar algún asunto. Buena intención del gobernador, pero su iniciativa poco, por no decir nada, abonaría a mejorar la calidad y la prontitud de la justicia en Yucatán. Les diré, amig@s lectores, por qué.
Aumentar de 11 a 17 el número de magistrado/as del Tribunal Superior de Justicia
Las comisiones redujeron a dos las magistraturas de nueva creación. De cualquier manera, no es el rezago de los asuntos en el Tribunal (que, por cierto, tiene muy poco), sino en los juzgados que llevan los casos penales, civiles, mercantiles, familiares y, a partir de este año, laborales. Súmenles, además, las facultades concurrentes con la federación, como los expedientes por narcomenudeo, mercantiles, etc. El remedio, puro y llano, sin reforma de ningún tipo, sería que el Consejo de la Judicatura acordara ampliar significativamente el número de juzgados en los departamentos y distritos judiciales. Para eso se necesita dinero proveniente del presupuesto que autoriza el Congreso. Otro cálculo ausente es el costo por cada nueva magistratura. Entre salarios de la o el nuevo magistrado, su ponencia (personal y empleados) e instalaciones para trabajar, fácilmente asciende a 6 millones de pesos por año, que provendrán del ya de por sí raquítico presupuesto de que dispone el Poder Judicial de Yucatán. ¿No sería mejor aplicar esos recursos en más juzgados?
Eliminar el “haber de retiro” vitalicio
Cuando concluye su periodo de 15 años el magistrado/a recibe una pensión equivalente a su salario por el resto de su vida. En la iniciativa el gobernador presenta unos cálculos del costo de esta prestación con los cuales pretende fundamentar su eliminación para ser sustituida por un año de salario completo y después…nada. La independencia judicial se fundamenta en la seguridad de las personas que, como jueces y magistrad@s, aplican las leyes sin otro compromiso más que el debido proceso. No hay presión de acumular para prever su futuro, ni urgencia de quedar bien con algún poderoso para tener ingresos una vez que su encomienda haya finalizado. Dice el gobernador que, después de concluir su responsabilidad, pueden vivir muchos años (en el ejemplo utilizado, calcula más de 25), cobrando su pensión. ¿Y si se elevara la edad mínima para ser propuest@ como juez o magistrado/a? Por ejemplo, 40 años, con, al menos, 15 años de experiencia profesional. Y si esto se combinara con el incremento de la edad límite de retiro hasta los 78 años (que era la del presidente Biden al iniciar su mandato), se podría reducir la preocupación del gobernador sobre la afectación al erario. Y conservar la indispensable independencia judicial.
“Muerte súbita” a los 70 años
Cumplidos, deberá la o el juzgador concluir su encargo bajo el supuesto que esa “avanzada” edad los inhabilita para realizar una adecuada función. Eso significaría que nadie después de los 55 años podría ser considerado para ser parte del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Es lamentable la falta de reconocimiento a la experiencia y saberes que sólo se adquieren con el tiempo. Se adiciona la propuesta de que, habiendo servido 30 años al gobierno de Yucatán, también les sería aplicada la guillotina a quienes se encontraran en ese supuesto. Actualmente, dos magistrados rebasan los 70 años; otros 6 se encuentran entre los 70 y los 55 años y los restantes son menores de esa edad.
La iniciativa de reforma en comento también incluye incrementar de uno a tres el número de magistrados integrantes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. ¡Bienvenido el órgano colegiado para resolver asuntos que lastiman a los servidores públicos estatales y municipales!
Si no habrá oportunidad de justicia pronta y expedita, ¿cuál puede ser entonces la finalidad de presentar esta reforma? Sin duda alguna, “agitar el árbol” del poder Judicial del estado, muy particularmente de su Tribunal Superior. Su estructura y funciones provienen fundamentalmente de 2008, cuando en el gobierno de Ivonne Ortega fue incrementado de 5 a 11 el número de magistrad@s y se estableció el haber de retiro vitalicio. Varios de las y los magistrados a punto de concluir su periodo fueron designados entonces. Localmente, este es el antecedente inmediato, por la vía de la ampliación, de controlar al poder Judicial por parte del Ejecutivo, con personas afines – ¿leales? – al gobernador@ en turno. El precedente más remoto nos remite a 1995, cuando se aplicó la “barredora” de los 26 ministros (21 y 5 supernumerarios) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se definió su actual conformación por 11 integrantes, todos nuevos, y una sola mujer, Olga Sánchez Cordero; ninguno, por cierto, afín al presidente Zedillo. Ahora es diferente en Yucatán. Primero, porque no reduce, sino amplía el número, sin que haya causa justificada para hacerlo en el Tribunal Superior. Segundo, porque al pender sobre las y los magistrados la amenaza de la eliminación legal del haber de retiro vitalicio, acelera o facilita renuncias antes de que se reduzca a 12 meses. Tercero, por la edad límite, que afecta principalmente a los tres magistrados inamovibles (Ricardo Ávila, presidente; Ligia Cortés y Mygdalia Rodríguez), que rebasan o están próximos a los 70 años.
“Limpieza profunda” de personas para ser sustituidas por la nueva “baraja” de Mauricio Vila. ¡Y por 15 años! ¿Qué daría López Obrador por una situación semejante en la SCJN? Mucho, sin duda. Pero ha tenido que seguir el paso lento de los relevos y una renuncia forzada por amenazas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El gobernador Vila y su partido tienen manera de alcanzar la mayoría calificada de 17 votos para aprobar la reforma constitucional al poder Judicial de Yucatán. Pero, ¿es lo que se necesita: ¿más magistrados, “leales” al ejecutivo que los propone? ¿Control transexenal del aparato judicial del estado? No es la vía para hacer realidad el reclamo de justicia que, aún en el estado más seguro de la república, resuena con fuerza. Este miércoles se define el futuro de la aplicación de justicia en Yucatán.
