DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
SemMéxico, Mérida, Yucatán. Antes de que termine diciembre, legisladores federales y estatales habrán aprobado ingresos y gastos de los respectivos gobiernos para el próximo año.
La presidenta Sheinbaum ya presentó su proyecto; las y los alcaldes de los municipios yucatecos hicieron lo propio, con fecha límite el pasado 25 de noviembre. Solo falta el gobernador Díaz Mena, que tiene de plazo el próximo día 20. Lo cierto es que, tuerto o derecho, cuando amanezca el nuevo año habrá reglas para pagar impuestos al gobierno, así como programas para que la administración pública los aplique, bajo la premisa de hacerlo en beneficio de la ciudadanía, con probidad, eficacia y transparencia.
Año tras año, más cuando se trata de cambio de administración, los gobernantes afirman que gastarán mejor. Harán “más con menos”, sin incrementar impuestos. Si nos dejamos guiar por las declaraciones de la diputada Ivonne Ortega, exgobernadora y coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, a Yucatán le va a ir muy mal presupuestalmente hablando en 2025.
Si, por el contrario, escuchamos al diputado de Morena, Oscar Brito, también paisano nuestro, habrá un incremento “considerable” en los recursos federales asignados a Yucatán.
Confundida, decidí dirigirme a una fuente indubitable, como es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez” de la Cámara de Diputados. Encontré el documento titulado “Recursos identificados para el estado de Yucatán en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025”, disponible, por cierto, en línea.
No quiero, amig@s lectores, agobiarles con números, incluyendo porcentajes de incremento o de reducción, pero permítanme intentar poner algunas piezas indispensables para entender cómo nos puede ir el año próximo en el gasto gubernamental.
La “bolsa” más importante de dinero proviene de las Participaciones Federales (ramo 28). Es el reparto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), del IVA de 16% en la adquisición de casi todos los productos (excepto alimentos y medicinas, todavía), además de los denominados “impuestos especiales de producción y servicios”, por ejemplo, a las bebidas embotelladas, a la cerveza y licores, además de los nefastos cigarrillos.
Los ingresos de los estados, incluyendo Yucatán, dependen del importante Fondo General de Participaciones. No es un regalo del gobierno federal a los estados. Es su derecho. Por eso, que decrezca en 0.7% es muy grave. Y no es todo: la mayor reducción se da en el ramo 23, Aportaciones Federales, que disminuyen en 2%.
Revisar la entraña pone los pelos de punta: aportaciones federales a los servicios de Salud (FASSA), menos 6.7%. En Aportaciones Múltiples, desaparecen Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. La aportación destinada a los municipios (FORTAMUN) tiene un modesto 1.5% de incremento. Malas noticias para los nuevos alcaldes.
El programa destinado al combate de la violencia contra las mujeres decrece en 4.1%, único fondo federal del que dispone la Secretaría de las Mujeres del estado. Muy grave también es, a mi juicio, la desaparición de la aportación federal para Seguridad Pública (FASP). De 204 millones de pesos que recibió Yucatán en 2024, para 2025 es 0.
Leyeron bien, amig@s lectores. No habrá apoyo de recursos federales para las fuerzas estatales y municipales del orden, las mismas que han puesto a Yucatán como la entidad más segura de México. Ahora, el dinero tendrá que provenir del presupuesto estatal.
“Ponchada” la fuente de los recursos federales destinados al estado, revisemos la captación de ingresos propios. El más cuantioso viene del 3% de impuesto a las nóminas; seguido muy de cerca por los ingresos captados por CULTUR, que se cobran por acceso a las zonas arqueológicas de Chichén y Uxmal, principalmente. El cedular, que se paga por transacción inmobiliaria, tiene una creciente importancia. En los municipios, el impuesto “estrella” es el predial, pero excepto Mérida, poco aporta para sus enflaquecidas finanzas. Con esta severa limitación harán su debut los nuevos cabildos en 2025.
Un particular reto para las autoridades de la capital del estado, que ha resentido sensibles incrementos en sus prediales. Por la puerta de atrás, sin aumentar la tasa impositiva, con la revaluación catastral se ha elevado considerablemente la cantidad a pagar. Si además, como se rumora, disminuirán sensiblemente los descuentos por pronto pago, incluyendo el de internet, habrá otra carga pesada para la ciudadanía.
Dos vías adicionales de dinero federal que llega a Yucatán. La primera, son las obras de infraestructura, siendo la ampliación del puerto de Progreso la más relevante. Contra lo anunciado y festinado, las obras en Progreso no aparecen en la relación de Programas y Proyectos de Inversión federales. Sólo la CFE tiene un crecimiento significativo, destinado al programa de mantenimiento de su planta Mérida II. Para la terminación de las dos plantas generadoras en proceso no aparece partida alguna.
El otro camino de “derrama” de dinero federal es el de los programas sociales. Pensión a Adultos Mayores, becas escolares, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y ahora, apoyo a las mujeres entre 60 y 64 años. Es posible que más de un tercio de la población yucateca (alrededor de 800 mil personas) reciba recursos que provengan del presupuesto federal 2025.
Se distribuye dinero, pero el gobierno dejará de prestar servicios eficientes de salud, educación, cuidado al medio ambiente, agua potable, etc. Es el cambio de un modelo de desarrollo en que se privilegia la entrega individual de dinero mientras el gobierno —el Estado— se hace “chiquito”.
Los guindas de Morena ven el “paquete” económico en rosa. Las oposiciones, en gris opaco. La realidad de la ciudadanía muestra una vida diaria azotada por las alzas de precios, servicios públicos —luz, agua, salud, educación, salud, seguridad— deficientes. Medias verdades, porque sobrevivimos. ¿Hasta cuándo? ¿Con cuánto?
[email protected] Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán