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Ciudad de México, 29 de julio (entresemana.mx). Un juez federal admitió un amparo que busca frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, obra prioritaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasará por los estados de Quintana Roo y Campeche.
Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán, el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, que ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se trata de un recurso, amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5.
Sin embargo, una vez logrando que se detuvieran las obras, la organización civil solicitó una ampliación al recurso, ahora por los tramos 6 y 7, que corren de Tulum a Bacalar y de Bacalar a Escárcega, respectivamente, y que representan una superficie mayor a 500 kilómetros, casi 10 veces lo que comprende el primer tramo impugnado.
Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución de la construcción de todo el tramo, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier actividad que implique su ejecución material.
Pero el 25 de mayo, ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.
El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez.
El acuerdo se refiere al expedido por AMLO, con el cual declara obras como el Tren Maya como de Seguridad Nacional y por el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios, y con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
El Gobierno podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 sur, alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El 5 de agosto es la fecha que se agendó para la audiencia incidental y en caso de que no se difiera, cuando se resuelva sobre el asunto, y el juez podría retirar la suspensión o decidir mantenerla en definitiva.
Solicita Decreto sobre declaración de “seguridad nacional” del Tramo 5
De manera paralela, el mismo juzgador solicitó ayer al gobierno federal presentar ante el poder judicial la copia certificada del decreto por el cual las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación ordenaron la reactivación de los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya, pese a la suspensión, por considerarla prioritaria y de seguridad nacional.
“En el término de tres días informe a este Juzgado Federal sobre el cumplimiento dado a la misma y exhiba las constancias respectivas que acrediten el citado cumplimiento y también en caso de contar con ello, remita copia certificada del Decreto donde se advierta que el Proyecto denominado Tren Maya, pertenece a seguridad nacional”, detalla el documento consultado por El Sol de México.
Lo anterior, porque pese a que las autoridades han asegurado la existencia de dicho decreto -necesario para continuar los trabajos-, éste no se ha publicado en ningún canal o medio oficial. Hasta el momento, los únicos documentos de esta naturaleza son los difundidos en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 y 23 de julio, que contemplan no detener los trámites burocráticos del Tren Maya y ocupar de manera temporal ocho predios en los municipios de Solidaridad y Tulum mientras se llevan a cabo los trabajos.
En cuanto a la entrega de la copia certificada del decreto que declara el Tren Maya como una obra de seguridad nacional, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y como parte del desahogo del juicio de amparo 820/2022, se ordenó a la empresa Fonatur Tren Maya, que en un plazo de tres días “remita copia certificada del Decreto donde se advierta que el Proyecto denominado Tren Maya, pertenece a seguridad nacional”.
El juez Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple “se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
