Los fantasmas del huachicol*

Valeria Durán/ Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Ciudad de México, 27 de noviembre (MCCI/ entresemana.mx). En los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, un grupo de contribuyentes que el SAT ha identificado como “factureros” recibió permisos para importar más de 1,240 millones de litros de diésel y gasolina. Luego, ya en el sexenio de López Obrador, esas mismas importadoras recibieron permisos para comercializar los combustibles. Las compañías recurrieron a una compleja operación para clonar pedimentos legales de importación y de esa forma introducir volúmenes mayores a los autorizados, además de eludir el pago de impuestos al reportar una fracción arancelaria distinta al producto que importaban. Este esquema ha sido identificado por las autoridades como “huachicol fiscal”.

Entre junio y octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su listado de empresas fantasma a 9 comercializadoras de combustible que, junto con compañías vinculadas y operadores, obtuvieron permisos gubernamentales para importar 1,240 millones de litros de combustible, valuados en más de 20 mil millones de pesos.

El SAT determinó que los contribuyentes señalados carecían de activos y personal, además de no tener capacidad material para realizar la comercialización de combustibles, por lo que fueron catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

En documentos oficiales de la Secretaría de Energía consta que algunas de las empresas señaladas por el SAT obtuvieron en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto permisos para importar grandes volúmenes de diésel. Luego, en el primer año del sexenio de López Obrador, esas importadoras recibieron autorización para comercializar los combustibles en territorio nacional.

En este documento de la Secretaría de Energía aparecen marcados en amarillo los permisos para importación de combustibles otorgados a algunos contribuyentes que el SAT identificó como “factureros”, así como personas físicas y empresas vinculadas.

Según denuncias de gasolineros, los pedimentos legales de importación con frecuencia eran clonados, alterados o copiados para simular la legal procedencia del combustible e introducir grandes volúmenes de contrabando.

De acuerdo con las acusaciones, cada comercializadora “fantasma” tenía autorizado un volumen determinado de importación, y para excederlo recurrían a clonar o alterar los documentos, en los cuales reportaban fracciones arancelarias distintas al producto que introducían, para de esa forma evadir el pago de impuestos.

Así podían vender el diésel más barato en expendios en México que se prestaban a esta práctica ilegal, la cual fue identificada por las autoridades como “huachicol fiscal”.

Red de contrabando

Entre los importadores que el SAT señala de simular operaciones está Karina Melissa Guerrero Rodríguez, quien ha sido acusada de ser parte de una red de contrabando de combustible en la que presuntamente participaron empresarios gasolineros y autoridades federales y estatales de Tamaulipas.

En mayo de 2019, Guerrero Rodríguez obtuvo permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos y al año siguiente facturó importes superiores a los 2 mil millones de pesos por unos 115 millones de litros vendidos a más de 200 empresas distribuidoras y estaciones de servicio; esas operaciones de posible “huachicol fiscal” fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República, según reportó el periódico Reforma.

Con amarillo están marcadas tres de las contribuyentes identificadas por el SAT como “factureras”; dos de ellas recibieron permisos en 2019 de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar combustibles.

A los seis meses de que esta persona obtuvo el permiso de la CRE, fue involucrada en operaciones de contrabando. Eso consta en un expediente oficial en el que se relata una supervisión realizada en noviembre de 2019 en la carretera libre Monterrey-Reynosa a una pipa que trasladaba 37 mil litros de diésel introducidos ilegalmente al país. En los documentos revisados por los agentes se encontraron pedimentos de importación alterados y facturas emitidas a nombre de Karina Melissa Guerrero Rodríguez, vecina del municipio de Río Bravo, colindante con Reynosa.

El pasado 17 de septiembre de 2024, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el nombre de Karina Melissa en el listado definitivo de contribuyentes que simulan operaciones con fines de evasión fiscal o lavado de dinero.

Tres meses antes, el SAT incluyó en esa lista a Julia Mendoza Cruz por emitir facturas por concepto de venta de gasolina y diésel, sin tener activos, personal ni capacidad material. Esta persona también ha sido involucrada en el contrabando de combustible.

Entre junio de 2017 y junio de 2018 Mendoza Cruz había recibido cuatro permisos de la Secretaría de Energía para importar 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina.

En el número 29 de la avenida Mariano Escobedo, en Tlalnepantla, fue reportada la dirección de dos comercializadoras de combustibles que el SAT enlistó como “fantasmas”.  En el histórico de google maps hay imágenes en las que el nombre de una de las contribuyentes está pintado en la puerta de acceso a ese domicilio.

El domicilio de las dos importadoras “fantasma” está ubicado justo frente a las oficinas regionales del SAT en Tlalnepantla.

En operaciones de comercio exterior reportó su domicilio en el número 29 de la avenida Mariano Escobedo, en Tlalnepantla. Esa dirección e inmuebles anexos corresponden en realidad a pequeños locales en los que han funcionado, desde hace más dos décadas, despachos contables y oficinas de gestoría de todo tipo de trámites fiscales, ya que se encuentran ubicados justo frente a las oficinas regionales del SAT.

La dirección que Julia reportó corresponde a una pequeña puerta negra donde aún se alcanza a ver que antes estaba rotulado su nombre, pero ahora está oculto bajo pintura de color negro.

El mismo domicilio aportó Araceli Juárez Casas, también comercializadora de combustibles, que el SAT incluyó en mayo de 2024 en el listado de presuntas factureras. Justo seis años antes, en mayo de 2018, esta persona había recibido de la Secretaría de Energía un permiso para importar 100 millones de litros de diésel ultrabajo en azufre.

En su sesión del 21 de mayo de 2019, el órgano de gobierno de la CRE otorgó permisos a Karina Melissa Guerrero y Araceli Juárez Casas, dos contribuyentes que el SAT ha identificado como factureras.

Otra red en Naucalpan

El 17 de junio de 2024, el SAT también incluyó en su listado definitivo de empresas fantasma a AG Packline de México, compañía que, junto con otra firma vinculada y su administrador, recibieron entre mayo y julio de 2018 tres permisos para importar 300 millones de litros de diésel al año, valuados en 5 mil millones de pesos.

La mencionada empresa fue constituida el 7 de marzo de 2108 en Tultepec, Estado de México, por el notario Enrique Agustín Martínez Salgado. Las hermanas Karen Araceli y Tania Penélope Torres Juárez firmaron como accionistas de la compañía.

Promocionales de AG Packline, empresa que el SAT identificó como “fantasma”

En los documentos del Registro Público de Comercio, AG Packline de México registró como administrador único a José Arturo Salvador Torres Perez, quien en mayo de 2018 también recibió un permiso de la Secretaría de Energía para importar hasta 100 millones de litros de diésel y sus mezclas.

El día en que fue constituida AG Packline, se creó ante el mismo notario la compañía Olsimex Transportes y Logística Internacional, la cual también ha estado involucrada en operaciones de contrabando de combustible.

Un informe oficial menciona un caso específico: el 24 de enero de 2020, en un punto de revisión de la carretera Monterrey-Reynosa, se detuvo un tractocamión que remolcaba dos pipas con 60 mil litros de combustible. Los inspectores reportaron que el conductor “no presentó documento alguno que compruebe la legal estancia de la mercancía en territorio nacional”.

Lo que sí presentó el chofer fueron las tarjetas de circulación del tractocamión y de las dos pipas, todas emitidas por la SCT a favor de Olsimex Transportes y Logística Internacional.

Olsimex es una empresa hermana de AG Packline, pues además de haber sido constituidas el mismo día ante el mismo notario, comparten accionistas, domicilio y administrador.

Otra coincidencia es que el 5 de julio de 2018 tanto Olsimex como AG Packline obtuvieron permisos de la Secretaría de Energía para importar cada uno 100 millones de litros de diésel.

Cuando José Arturo Salvador Torres Pérez se registró como administrador único de Olsimex, dio como domicilio un departamento ubicado en la calle Circuito Centro Cívico, de la colonia Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

Ese domicilio es a la vez la dirección de Olsimex, AG Packline y de otra compañía llamada Topa Combustibles, que según su sitio web es una empresa mexicana dedicada a la venta y distribución de combustibles al mayoreo.

Este edificio de oficinas en Satélite es el domicilio que reportó una comercializadora de combustibles que el SAT identificó como “fantasma” o “facturera”.

Las mismas accionistas de Packline y Olsimex aparecen como socias de TR Water Professionals, otra empresa que el SAT ha declarado oficialmente como fantasma.

TR Water fue constituida el 5 de mayo de 2017 por el mismo notario, Enrique Agustín Martinez Salgado, y tiene como accionistas a Karen Araceli y Tania Penélope Torres Juárez y como miembro de su órgano de vigilancia aparece José Arturo Salvador Torres Pérez, el administrador de Olsimex y de AG Packline.

El 15 de mayo de 2020, tres años después de haber sido constituida, el SAT comenzó a investigar a TR Water por supuestamente simular sus operaciones. A los cinco meses, la autoridad fiscal determinó que la compañía era fantasma y la incluyó en su listado definitivo de compañías simuladoras.

HB Segind SA de CV, otra distribuidora de combustibles que también fue declarada fantasma en junio de 2024, difunde en su sitio en internet el mismo teléfono celular que Olsimex y AG Packline, aunque su domicilio es distinto al de esas dos empresas, en un edificio de despachos ubicado en la avenida Fuentes de Satélite, en Naucalpan.

Un despacho de este otro edificio en Naucalpan es el domicilio reportado por otra comercializadora de combustibles que el SAT colocó en su lista de “factureras”.

Los fantasmas de Reynosa

Entre las comercializadoras de combustible que el SAT identificó este año como factureras hay al menos cuatro establecidas en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas.

El 17 de junio de 2024, mismo día en el que AG Packline de México fue declarada fantasma por el SAT, la compañía Maquinaria Pesada para la Construcción IPR también entró al listado definitivo de empresas que simulan operaciones.

La compañía se constituyó en junio de 2017, aunque tuvo cambio de accionistas el 10 de febrero de 2023, cuando el SAT ya investigaba sus operaciones.

Al igual que la red de AG Packline, esta compañía ha sido involucrada en el comercio ilícito de combustibles. El 20 de abril de 2018, la empresa obtuvo un permiso de la Secretaría de Energía para importar hasta 1 millón 120 mil litros de gasolina; al mes siguiente obtuvo otro permiso, ahora para introducir al país 144 millones de litros de diésel y sus mezclas.

El 30 de septiembre de 2019, ya durante el sexenio de López Obrador, Maquinaria Pesada para la Construcción IPR obtuvo el aval de la Comisión Reguladora de Energía para la comercialización de petrolíferos. Cuando tramitó el permiso, reportó tener su domicilio en la colonia Las Lomas, de Reynosa, aunque en operaciones de comercio exterior con una petrolera de Texas declaró que su dirección estaba en una casa de la colonia Lago de Cuitzeo, en la colonia Valle Alto de la misma ciudad fronteriza.

Esa misma dirección es la que reportó tener Maquinaria e Hidrocarburos Reynosa, una compañía del giro petrolero que el SAT incluyó recientemente, en octubre de 2024, en el listado de presuntas fantasma. Esta firma se constituyó en marzo de 2019 y en agosto del año siguiente incorporó como socio a un comerciante que dijo estar de paso por Tamaulipas y que declaró tener su domicilio en un local de organización de bodas en la colonia San Nicolás, en León, Guanajuato.

Otra importadora de combustibles de Reynosa que está siendo investigada por el SAT es Distribuidora Industrial Fronteriza. Desde el 6 de mayo de 2024 aparece en el listado de presuntas empresas que simulan operaciones.

Entre enero y mayo de 2018 la empresa obtuvo tres permisos para importar 288 millones de litros de diésel y 1.1 millones de litros de gasolina, y en septiembre de 2019 la CRE le otorgó permiso para comercializar petrolíferos en territorio nacional.

La empresa fue fundada en abril de 1991 y tuvo un cambio de accionistas en mayo de 2021; según los documentos del Registro Público de Comercio, uno de los socios fundadores es jubilado de Pemex. Casi a la par de que hubo cambio de socios, la CRE le retiró el permiso y Hacienda la suspendió del padrón de importadores.

En agosto de 2024, el SAT puso en su lista definitiva de “factureros” a Contactos Empresariales de Reynosa SA de CV, que en julio de 2018 había recibido un permiso para importar 144 millones de litros de diésel.

Esta empresa fue creada en agosto de 2017, y tuvo un cambio de accionistas en junio de 2018.  De acuerdo con los documentos consultados por MCCI en el Registro Público de Comercio, entre los actuales accionistas está Dulce Daniela Vazquez Navarro, a quien el SAT también colocó en agosto de este año en la lista de “factureros”.

*Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/los-fantasmas-del-huachicol/