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EDGAR HERNÁNDEZ*
XALAPA, Veracruz. Tras un año de gobierno fallido y plagado de mentiras donde la gobernadora Roció Nahle solo mostró que lo suyo es el autoritarismo y los malos modos contra la prensa libre y abierto repudio los “zopilotes y carroña”, como califica a sus críticos, queda clara su intención de poner a la disidencia tras las rejas por terrorismo.
Tanto cuento de la presidenta Sheinbaum de que el terrorismo no existe en los Carteles, ni en las acciones de protesta de la disidencia, para que de buenas a primeras la zacatecana abra las puertas de la cárcel a los periodistas inconformes con su quehacer gubernamental.
No basta con ahogarlos cerrando toda posibilidad publicitaria e ignorando toda acción periodística de reclamo con justicia social manifiesta a través de la opinión pública, sino que ahora el camino del reportero, del incómodo fotógrafo o videograbador, del columnista y líder de opinión es la cárcel.
Veracruz que siempre ha sido baluarte de las libertades enfrenta ahora a una represora que, sin tiento, con la mayor ignorancia de las leyes y con un pésimo sentido de lo que es Veracruz, así como el bienestar ciudadano por la vía de la crítica responsable acude al garrote, a la venganza, para cubrir sus yerros y satisfacer su ego.
Inconcebible la detención del colega Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, un periodista con más de 20 años de ejercicio profesional, principalmente en la cobertura de la nota policiaca, labor que lo hizo conocido en Coatzacoalcos y la región sur del estado de Veracruz.
Fue acusado de terrorista.
La autoridad lo señala de que “todo lo que él hace está causando terrorismo ante la población, que todo lo que hace es indebido y que, por tanto, no tiene derecho a la libre expresión”.
Actualmente León Segovia se encuentra recluido en el Cereso Duport Ostión, en Coatzacoalcos, bajo el cargo de presunto responsable del delito de terrorismo y otros delitos “similares por sus notas en vivo”.
Hasta el momento, se sabe que la denuncia fue interpuesta por una persona de identidad resguardada, quien acusa al periodista por supuestas amenazas y el delito de terrorismo.
Eso de una “persona de identidad guardada” -a menos que sea Nahle- es una verdadera jalada que ha provocado el repudio total del gremio periodístico y que regresemos a nuestras labores columnistas y moderadores de opinión que abrimos una tregua navideña.
Ya mismo el gremio “Comunicadores de Coatzacoalcos” ha expresado su repudio adelantando manifestaciones frente al Cereso, en la zona de la sala de juicios orales.
Mientras el llamado “Grupo periodístico de Veracruz” expresa su profunda preocupación y rechazo ante la detención del periodista.
La consideran una imputación desproporcionada y contraria a los principios básicos de un Estado democrático; son derechos constitucionales protegidos por la libertad de expresión y el derecho de información.
En paralelo la organización internacional “Artículo 19” exige respuestas claras a las autoridades. “El periodismo no es un crimen”, apunta.
Y es que ahora resulta -tal como escribe “El Justiciero”- que informar ya es delito y que “la línea entre justicia y censura se borró peligrosamente y que hoy informar puede costarle la libertad a cualquier periodista en pleno ejercicio de su labor consagrada en nuestra Constitución”.
Lo de “Lafita León”, “no es un hecho aislado ni un error administrativo. Es un mensaje político. Un aviso sin rodeos desde el poder: quien exhiba la violencia, quien incomode, quien no se alinee… pagará el precio y ello es moralmente indignante y democráticamente peligroso”.
“Porque si documentar balaceras, ejecuciones y el fracaso de la seguridad pública es terrorismo, entonces el problema no es el periodista… es el Estado que no quiere verse en el espejo”.
El simbolismo es brutal, el periodista es detenido en Navidad, como si se tratara de un capo del crimen organizado, no de un comunicador. Lo que hace Nahle no es más que normalizar el miedo.
Al reclamo del gremio se suma el ícono del periodismo en Coatzacoalcos, Carlos Velazco Jara, Cevejara, quien apunta:
¡A la represiva zacatecana 10/90 Nahle ajá! Su quesque «tierra adoptiva» Coatzacoalcos, le gustó para acusar a Rafael León Segovia Periodista de la Nota Roja, por Terrorismo. ¿Terrorismo? ¡Eso sí, el Coche Bomba Michoacán no ¡recontraajá!
Y sí.
Ni en los peores momentos represivos de los gobiernos de Miguel Angel Yunes Linares, ni del atarantado Cuitláhuac García se observó la aplicación del “terrorismo” como medida represiva para contener la andanada de críticas y censuras a su mal gobierno.
Nahle, en menos de un año y en medio de su acentuado voluntarismo rompe, violenta y lleva a la cárcel a sus críticos empezando por los de su propia sede donde vivió mientras trabajaba su esposo en el sindicato petróleo de Coatzacoalcos al que desfalcó.
A todo ello la pregunta obligada es ¿Qué diablos hace la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)?
En su columna “por si estaban con el pendiente”, la periodista Quetzalli Hernández concluye en que “Ahora que digan que no reciben los de CEAPP línea del gobierno estatal. Urge una modificación de la designación de sus integrantes para tener una verdadera representación gremial y no una vocería institucional”.
O resuelve Nahle a la brevedad lo del caso del periodista señalado de terrorista, como lo hizo con la transa orquestada por su gobierno con los vales de Chadraui en lugar de las compensaciones en efectivo para sus trabajadores, o ¡Arderá Paris!
Primera llamada, primera.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
