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>> Que nadie vaya a prisión sin que un juez explique por qué es estrictamente necesario, pide la senadora del PAN
>> “Una Constitución que encarcela sin juzgar no es una Constitución justa. Una Constitución que castiga sin pruebas no es una Constitución democrática. Y una Constitución que ignora sentencias internacionales no es una Constitución fuerte, sino una Constitución en crisis”, alertó
CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE FEBRERO 2026 (ENTRESEMANA.MX). La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Lilly Téllez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, y dejar únicamente la prisión preventiva justificada, decidida por un juez, caso por caso, con razones, pruebas y control judicial.
Al presentar la iniciativa que deroga el párrafo octavo del artículo 16 y reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, la legisladora afirmó que en México nadie debería estar en prisión sin haber sido declarado culpable, y subrayó que la Constitución existe para proteger a las personas frente al poder, no para castigar primero e investigar después.
Lilly Téllez sostuvo que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa permiten encarcelar a personas sin que un juez analice su caso, sin pruebas suficientes y sin sentencia, lo que —dijo— es injusticia y no justicia.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2023 al Estado mexicano por estas prácticas, al considerar que el arraigo es incompatible con los derechos humanos y que la prisión automática viola la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.
Añadió que la ONU, a través de su oficina de derechos humanos, también ha solicitado la abolición de estas figuras por funcionar en los hechos como una pena anticipada sin evaluación judicial.
“Aquí no hay interpretaciones políticas, no hay margen de discrecionalidad, hay una obligación jurídica clara. Y Morena, la mafiocracia de Morena, se niega a aceptar y a cumplir”.
En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, puntualizó que afecta principalmente a los pobres y a los inocentes. “Las cárceles en México están llenas de personas que no han sido condenadas, pero sí castigadas”.
Recordó que esta iniciativa ya la había presentado en 2023, pero la bancada de Morena la archivó.
“Una Constitución que encarcela sin juzgar no es una Constitución justa. Una Constitución que castiga sin pruebas no es una Constitución democrática. Y una Constitución que ignora sentencias internacionales no es una Constitución fuerte, sino una Constitución en crisis”, alertó.
Versión de la intervención de la senadora Lilly Téllez, al presentar una iniciativa que deroga el párrafo octavo del artículo 16 y que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Queridas familias mexicanas hoy presento esta iniciativa porque en México nadie debería estar en la cárcel sin haber sido declarado culpable.
La Constitución existe para proteger a las personas frente al poder, no para facilitar abusos, no para castigar primero e investigar después.
Morena, la mafiocracia de Morena pervirtió la Constitución y permite dos figuras que hacen exactamente eso: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que permiten encerrar a una persona en la cárcel sin que un juez analice su caso, sin pruebas suficientes y sin sentencia.
Eso no justicia, es exactamente lo contrario, es injusticia.
Escuchen esto, es muy importante.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más importante del continente en materia de derechos humanos ya condenó dos veces al Estado mexicano, en particular al gobierno de la mafiocracia de Morena, en el 2023.
La Corte Interamericana dijo que el arraigo es incompatible con los derechos humanos y que la prisión automática viola derechos como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.
Inclusive la ONU, también a través de su oficina de derechos humanos, ha solicitado a Morena, al Estado mexicano, la abolición de esta práctica nefasta, porque en los hechos funciona como una pena anticipada, una pena automática, sin evaluación judicial de riesgos.
México, la mafiocracia de Morena fue sentenciado, fue notificado y México está obligado a cumplir.
Aquí no hay interpretaciones políticas, no hay margen de discrecionalidad, hay una obligación jurídica clara. Y Morena, la mafiocracia de Morena, se niega a aceptar y a cumplir.
No sólo eso, en lugar de cumplir, el Estado mexicano, malamente gobernado por Morena, ha desacatado esta orden.
En lugar de fortalecer la justicia, la mafiocracia blindó el abuso.
Tan es así que, en diciembre del 2024, Morena reformó la Constitución, pero en lugar de hacerlo para corregir, lo hizo para ampliar la prisión automática y atarle las manos a los jueces, impidiéndoles proteger derechos humanos, incluso vía amparo.
Eso no es soberanía, eso es autoritarismo constitucional.
Y la prisión preventiva oficiosa, hay que decirlo, es muy importante esto, afecta principalmente a los pobres y a los inocentes. Las cárceles en México están llenas de personas que no han sido condenadas, pero sí castigadas.
Por eso mi iniciativa propone algo justo: eliminar el arraigo y eliminar la prisión automática y dejar únicamente la prisión preventiva justificada, decidida por un juez, caso por caso, con razones, con pruebas y con control.
Que nadie vaya a prisión sin que un juez explique por qué es estrictamente necesario.
Esta no es la primera vez que lo propongo, en el 2023 ya había presentado esta iniciativa, ¿y qué pasó? Absolutamente nada, la bancada de los mafiosos la archivó.
Hoy la presento nuevamente porque la injusticia no se corrige sola. Una Constitución que encarcela sin juzgar no es una Constitución justa. Una Constitución que castiga sin pruebas no es una Constitución democrática.
Y una Constitución que ignora sentencias internacionales no es una Constitución fuerte, sino una Constitución en crisis.
No podemos seguir viviendo en un país donde se encarcela primero y se averigua después. La Constitución debe averiguar primero.
La Constitución debe decir con hechos, los discursos no sirven de nada, con hechos que todas las personas son inocentes hasta que el Estado demuestre lo contrario.
