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>> La legisladora federal del PAN lo encabezó en la Cámara de Diputados con la participación de la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos (NDLON) y la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP)
Ciudad de México, 15 de julio (entresemana.mx). Con el objetivo de abrir el diálogo en torno a la propuesta de garantizar una pensión justa para los mexicanos que residen y trabajan en el extranjero, la diputada federal Liliana Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, encabezó el conversatorio “Por una Pensión del Bienestar más allá de las fronteras”, realizado en la Cámara de Diputados.
“De acuerdo con un informe del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, aproximadamente el 71% de los migrantes mexicanos en EE. UU. se emplea en sectores como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, o de la hotelería en donde los empleadores suelen evadir sus responsabilidades legales, dejándolos fuera de beneficios básicos como el acceso al seguro social o a fondos de retiro.
Mientras que un estudio del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York revela que solamente 15% de los migrantes mexicanos mayores de 65 años logra acceder a algún ingreso por jubilación; de ahí la importancia de estos foros”, explicó la legisladora poblana.
El evento inició con la bienvenida de la diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza, legisladora migrante e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, quien resaltó la urgencia de atender las demandas históricas de los migrantes.
En su mensaje, la presidenta de dicha comisión, Marcela Guerra Castillo, destacó que la justicia social debe trascender las fronteras y reconoció la importancia de establecer acuerdos bilaterales en materia de seguridad social.
Por su parte, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Deliamaria González Flandez, enfatizó la necesidad de impulsar reformas que reconozcan las aportaciones económicas de los connacionales en el extranjero y garanticen que, al concluir su vida laboral, accedan a una pensión digna.
Desde el ámbito académico, la doctora María de Lourdes Rosas López, profesora-investigadora de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), presentó la ponencia “La contribución de los mexicanos en el exterior: el impacto de las remesas”, en la que explicó que los migrantes han enviado más de 60 mil millones de dólares en el último año, convirtiéndose en un pilar económico para millones de familias mexicanas, pero sin contar con un esquema sólido que proteja sus derechos de retiro.
En la ponencia “México, nación transterritorial. Por la inclusión a la política social de todos los mexicanos”, José Joel Paredes Olguín, representante en México de la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos (National Day Laborer Organizing Network – NDLON, llamó a reconocer a los migrantes como parte activa del desarrollo social y a generar un sistema de portabilidad de pensiones que incluya sus años de trabajo en Estados Unidos.
Durante el evento, dicha Red compartió el video-testimonio de Martha Salazar, migrante mexicana que evidenció las dificultades que enfrentan los connacionales que trabajan en Estados Unidos de América al no poder acumular sus aportaciones para una pensión y que, tras décadas de esfuerzo, regresarán a México sin acceso a programas sociales como la pensión del bienestar.
En su intervención, la directora de la Comisión de Pueblos Originarios en Fuerza Migrante y de Lazos América Unida, Teresa Vivar, subrayó la urgencia de establecer un marco legal que reconozca los derechos sociales de los pueblos originarios migrantes.
Al concluir, la diputada Liliana Ortiz Pérez declaró: “Sé que con el apoyo de las diputadas aquí presentes haremos las gestiones pertinentes para hacer llegar esta necesidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 y a la Secretaría de Bienestar para modificar las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el siguiente ejercicio fiscal”.
Finalmente reconoció que se trata de un acto de justicia social para quienes, desde el extranjero, no solo han sostenido a sus familias, sino que han contribuido de manera decisiva al desarrollo económico del país.
