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TERESA GIL
No es la primera vez que nos enteramos de que, a la hora de una toma de posesión de un nuevo poder, los recién llegados se encuentran con un saqueo total. Pero no hemos sabido que las denuncias lleguen al final. Todo organismo público está obligado a llevar un control de sus enseres incluyendo los que se adquirieron con dinero público durante su mandato. Si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada menos que el organismo superior en la determinación de la justicia en el país, hay una lista de objetos y bienes perdidos o saqueados, ya era hora de que se hubieran levantado denuncias y se fincara responsabilidad a los responsables, en primer lugar a quienes presidían la Corte iniciándose por la presidenta. Es ya hora de que se deje de vulnerar la confianza del pueblo, demostrando el ejercicio de la propia justicia, con las evidencias del saqueo. Prisión a los ladrones.
LO QUE SE GASTABA EN LA ANTIGUA CORTE, ERA INSULTANTE PARA EL PUEBLO
Esto viene a cuento ahora que la Suprema ha sido sujeta a un reproche público que pretende reducir los principios que se esperan de ella, por la compra de camionetas de seguridad . Muchos aprovechan su odio político a quien gobierna, los reproches por el uso de recursos y la intención de hacer ver que el nuevo poder judicial es igual al anterior. La lógica ha demostrado de inmediato que las rentas de vehículos para el transporte de personal que precisa seguridad, es más caro que la compra de los nuevos vehículos. A la par que la propia presidenta Sheinbaum dio a conocer las muchas renuncias y cambios que experimentó el organismo judicial en el momento del traslado, entre ellos lo fundamental, sus salarios, reducidos de 206 mil pesos a 134 mil, la también reducción de 59 apoyos de los 149 que existían y una serie de gastos reducidos y otros desaparecidos entre ellos el dinero de comilonas que daban fe en el cuerpo amplio de doña Norma Piña, que era nada menos que de 5 millones 341 mil pesos para los ricos alimentos. Se suman la desaparición de un millón 953 mil pesos de medicinas complementarias (¿analgésicos de 20 pesos, quizá?) y la reducción de los aguinaldos que es algo fuera de toda justificación. De 585 mil pesos reducidos a 377 mil. Cantidad esta última que a nuestro entender debe de ser ajustada a la baja. Es importante para el trabajador hacerlo, sobre todo para los pensionados del IMSS que reciben ¡poco más de 3 mil 500 pesos de aguinaldo! Doña Piña debió carcajearse todos los días en diciembre.
SI SE QUIERE JUSTICIA DEBE SANCIONARSE A LOS QUE SE FUERON
Nunca se ha entendido el por qué el macheteo de los libros de derecho convierte a unos simples abogados, en personas fuera de lo común, fincados nada menos que en lo divino. Se habla en forma especial cuando se menciona a un ministro. Pero un ministro es simplemente un conocedor en interpretación, como un médico es experto en curar la salud. Con la diferencia de que éste defiende la vida. Se reconoció la labor de estos demostrada durante la pandemia, y se les dio las gracias de forma encarecida pero nunca se les santificó. Y a un ministro que firma la salida de una tesis sobre alguna cosilla que a lo mejor no interesa a muchos, se le elogia y se le permitió por décadas, el contexto del saqueo como sucedió con la antigua Corte. Es hora de hacer justicia, mientras se prepara la segunda fase del cambio del Poder Judicial. Debe hacerse una profunda valoración de lo saqueado y señalar nombres y puestos de los responsables.
