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TERESA GIL
En un país de más de 35 millones de viviendas, un alto porcentaje de casi 7 millones son rentadas, de acuerdo con el censo nacional de vivienda de 2020 y representan un ingreso de apoyo para muchas familias. El control civil que se aplica para formalizar los casi 7 millones de arrendamientos estalla en crisis cuando los arrendatarios se niegan a pagar y tienen el apoyo del poder judicial, en detrimento del propietario. El aumento en las casas rentadas se debe al alza de los créditos para comprar vivienda, lo que lleva a entrar en los formalismos creados al arrendador para poder configurar un contrato de arrendamiento. Y en la falsa idea de la protección a la propiedad privada, la gran mayoría de las disposiciones del poder judicial son a favor del arrendatario. Más cuando se trata de una pequeña propiedad que sirve como apoyo económico a una familia.
DAMOS UN EJEMPLO EN LUCÍA MELÉNDEZ Y SU ARRENDATARIO MOROSO
Las leyes civiles deberían de tener salidas más rápidas y accesibles, más cuando una morosidad puede alcanzar los niveles de lo penal. Sabemos del caso de la joven Lucía Meléndez Ortiz, que rentó la propiedad que le dejó su mamá de herencia, para completar sus ingresos normales en su vida diaria. La propiedad está en la capital, en Cerro Macuiltepec y se rentó a Emilio Antonio Valcárcel Bello, de Consultores de Negocios, que ha dejado de pagar desde 2013. Como muchos morosos se niega a abrir la puerta menos cuando va la propia policía a la que se ha contactado. El hombre se apoya en la resolución del juez Arturo González Cortés y de la secretaria de acuerdos Rosa Rojas González, que le dicen a la dueña que puede recibir el pago (que no se da), pero no puede recuperar la propiedad hasta que terminen los trámites. Pese a que el mismo juez dijo en su resolución que el arrendatario presentó documentos falsos, desde agosto de 2013. Como muchos que están en la misma situación, Lucía da vueltas y busca apoyo, pero la resolución judicial está en defensa del moroso.
LOS GRANDES ARRENDADORES QUE VIVEN DE ESO, ESTÁN PROTEGIDOS
Los que concentran propiedades para hacer negocio con su renta, tienen el apoyo judicial de muchas maneras, Lo vemos muy seguido en la información de medios que hablan de desalojos violentos en los que participa la propia policía de la alcaldía en cuestión. Eso sería difícil para un pequeño propietario porque se necesitan abogados, juicios a veces largos y aparte de la presencia policial, la contratación de personas de apoyo para exhibir la fuerza del lanzamiento. Atrás de eso, está una orden del poder judicial. Esto se puede parecer al crecimiento del geocentrismo en la capital y la expulsión de pequeños propietarios de las zonas más destacadas, con el fin de adquirir casas y departamentos para rentar a extranjeros o turistas mexicanos. La renta se convierte en una forma hotelera, que asume otra dimensión y está causando mucho daño en la capital. Al grado de que esto ya se ha perfilado en las cámaras y hay quien pide mayor vigilancia en ese problema. En otros países se han emitido leyes prohibiendo la venta o arrendamiento de ese tipo, en zonas de gran turismo.
