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TERESA GIL
Como lo señalamos en anterior crónica, el inicio presidencial de Ernesto Zedillo dejó mostrenco al Estado mexicano y violó flagrantemente la Constitución del país, al cancelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin la Corte y sus ministros, el Poder Judicial dejó de serlo tal como lo propone la Constitución en su artículo 94 y por tanto México dejó de ser tripartita. O sea, la contextura de nuestro país ante su pueblo y ante la comunidad internacional, tuvo un grave cambio legal que pudo haber generado varias catástrofes, entre ellas invasiones o apoderamientos geográficos. Zedillo como nuevo presidente desde el primero de diciembre de 1994, corrió a los 26 ministros de los cuales solo rescató a dos, y nombró a once nuevos ministros en un intervalo que se prolongó hasta los primeros días de febrero. O sea que el país vivió con Ernesto Zedillo, una etapa anticonstitucional y nos puso a todos en peligro. El mandatario cometió un grave delito que puede ser sancionado porque entra en la lista de delitos graves que si se pueden sancionar a un presidente, pero la fuerza del ejecutivo apoyado por el PRI todavía, permitió este tipo de circunstancias y pobre del que se quejara.
HUBO JURISTAS DE LA UAM, QUE DENUNCIARON PRESUNTO GOLPE DE ZEDILLO.
En un excelente reportaje del periodista Guillermo Mora Tavares, publicado por la revista Contralínea el 12 de marzo de 2023, se hace mención de un golpe de estado debido a los cambios impuestos por el ejecutivo y dos destacados abogados, maestros de la UAM, Alberto Rocha Arrieta y Guillermo Ruiz Morales advirtieron de la situación. En un trabajo de los académicos La reforma del Poder Judicial 1994, ¿fue golpe de estado? publicado en el número de marzo-abril 2012, del medio El Cotidiano, ellos plantean esa interrogante. Pero su intervención pasó de largo 18 años después, sobre aquel funcionario que tomaba desde sus inicios en 1994, el carácter dictatorial, que siempre ejercieron los presidentes priístas. En el trabajo inserto en Contralínea, muy completo, y dado a conocer cuando la polémica en torno a la Reforma Judicial de AMLO se empezaba a instalar en pleno proceso electoral, el periodista hace un recorrido sobre el caso, con fechas, nombres, incluso de los ministros que fueron depuestos y los que entraron a sustituir. Pero en esa buena minuciosidad de la violación zedillista, no se menciona la posibilidad del castigo.
SI NO HAY PRESCRIPCIÓN AL PONER EN PELIGRO AL PAÍS, ZEDILLO DEBE PAGAR
Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no prescriben y lo propio tiene que suceder con los delitos que ponen en peligro grave a la nación. El cuasi gringo expresidente califica la Reforma Judicial de este sexenio, como “una atrocidad”, un hecho que fue consultado y votado legalmente en las cámaras es eso, para quien eliminó a la Corte, la desapareció, corrió a los ministros y puso a los suyos. Mayor arbitrariedad y ejercicio dictatorial solo se vio en las etapas de Santa Ana, en el siglo pasado. Su ausencia tan prolongada desde que terminó su sexenio, evidencia desde luego su preocupación de algún repunte en este caso. Pues ahora debería de ser sacado a colación, hacer una investigación a fondo y aplicar justicia en nombre de un país que estuvo expuesto a un gran descalabro. Nunca es tarde esa justicia, más si se deja sellado un principio.
