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TERESA GIL. Para aplicar justicia, a veces hay que echar mano de recursos excepcionales. Vale señalar de nuevo en esta crónica, madurada por los meses y los hechos, la necesidad de la excepción. Si hay obstáculos legales para juzgar a los ex presidentes, y el pueblo lo ordena, se puede aplicar la razón de estado. Las demandas insistentes de sectores de la población para juzgar a los que gobernaron al país, se topan con la postura de constitucionalistas que dicen que consultas y encuestas no son necesarias. Ahí está la ley común, sostienen ¿Pero tomarán en cuenta esos destacados juristas que la intención primordial de quien cometió algo irregular, es evitar que se pruebe? Unos días son suficientes para fraguar y cometer un hecho censurable o delictivo y al mismo tiempo ocultar la carga de la prueba. Imagínense lo que se puede hacer en seis años. Las demandas populares para aplicar justicia no andan erradas, se fincan en evidencias que se conocieron, salieron a la luz pública y la lógica y profundidad del pueblo las tasó como ciertas. Las conclusiones se centraron en hechos que se tramaron desde el poder o por grupos, que es difícil que no se conocieran desde ese poder y el momento en que se desarrollaron. Es el caso claro de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Regresando a casi 39 años al crimen de Manuel Buendía, por ejemplo, lo cometió un funcionario de estado con cómplices que se reunían para fraguar el hecho. Todavía como una burla, el instigador José Antonio Zorrilla, que fue encarcelado cinco años después, en 1989, asistió al velorio del destacado periodista como en una parodia de Macbeth ¿Lo sabía el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid? ¿por qué no se le investigó?
LA RAZÓN DE ESTADO ES PARA PRESERVAR INTEGRIDAD, PAZ Y CONFIANZA
Aunque hay dudas, los juristas echan mano de Maquiavelo como uno de los precursores de la razón de estado, y contradictoriamente se oponen a su radicalización. Y es que el gran genio italiano exige para esa razón pasar sobre todas las cosas que impidan la sobrevivencia del estado: la eliminación del derecho, la agresión incluso. No eran naderías las que mencionaba para usarla, como la que utilizó Felipe Calderón para dejar libre a Florence Cassez ¿Creería entonces Calderón, que Francia podría volver a invadirnos? Absurdo. Entre los que opinan están Elisur Arteaga experto en Maquiavelo y el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío que fue promovido por uno de los ex presidentes en pugna y que ahora es gran defensor del INE. El tema de la razón de estado se presta a polémica y un sector está por aplicarlo fundado solo en casos estrictos. Y no sería lo mismo que aplicar la ley común directamente, como algunos de ellos sostienen. La razón de estado es un caso excepcional, como la suspensión de garantías individuales y deben mediar situaciones extremas que obliguen a ello. Si hay un clamor popular para que se haga justicia en casos que son del conocimiento público y que pide que no siga privando la impunidad, hay que aplicar situaciones excepcionales. Hay casos que siempre estuvieron expuestos al público, como el de la guardería ABC, los entenados de Fox, la Casa blanca, los casos de Odebrecht, Ayotzinapa, Oaxaca, Atenco. En este caso se tipifica la lesa humanidad por la persecución y la agresión a una comunidad. Hay muchos casos igual de graves.
LA SEGURIDAD DE LAS PRUEBAS, ANTE UNA VERDAD PÚBLICA EVIDENTE
Hay situaciones que se pueden probar y no ameritan la excepción. En los casos que señalan a los ex presidentes, mayormente económicos, la pruebas son evidentes no solo en la hacienda publica, sino en las propias fortunas de los ex funcionarios. El enriquecimiento ilícito puede ser demostrado aunque sus fortunas estén en paraísos fiscales. Los asuntos que implican desapariciones forzadas, tortura, persecución etcétera, aún cuando se hayan desaparecido expedientes, hay testimonios y siempre quedan resabios de actas. El asunto es complejo y podría llevar mucho tiempo, pero si implica la tranquilidad de la población, es fundamental. Lo otro es llegar a lo excepcional. En el relato La carta robada, de Edgar Allan Poe (El que la hace la paga, selección de Vicente Leñero, Pepsa 1976) un alto funcionario, un ministro, ejerce el chantaje a partir de un documento que tiene oculto. Durante un largo tiempo ha mantenido a la persona dueña de la carta bajo presión y la policía no ha podido hacer nada aplicando todos sus trucos para localizar la mencionada carta. Así es como entra en escena Auguste Dupin, el célebre investigador de Poe, a través del cual trasmite al lector todos los secretos de lo evidente como principio que han aplicado muchos autores que lo imitan. Fracasada la policía, Dupin va a la oficina del ministro y observa enfrente de él, en pleno escritorio, un papel que sobresale de un recipiente. El doblado se le hace extraño y por la forma del mismo, infiere que es una carta y que el ministro que además de poeta es matemático ha ideado lo evidente, para burlar a sus perseguidores. Y en una escaramuza para distraer al funcionario, Dupin saca la carta la sustituye por otra parecida y logra extraer el secreto que afectaba tanto a una tercera persona. Si en el caso de los ex presidentes la evidencia que ellos no ocultaron, los señala como responsables y no se logran instalar los juicios, esa mancha de décadas tendrá que entrar a la historia del olvido. Lo otro es el recurso excepcional.
