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TERESA GIL
Dos diputadas priístas fueron eliminadas pública y ofensivamente de su partido, por votar a favor de Ernestina Godoy, cuyo trabajo fiscal tuvo grandes méritos a favor de la justicia. En ese partido, el PRI, se prohíbe pensar diferente, así esté de por medio una cuestión fundamental. A esos extremos ha llegado el viejo partidazo. Peligrosa y grave la imposición priísta a sus militantes de votar obligadamente a favor de su partido, más cuando está de por medio una situación de odio y de venganza. Estar en ese partido, es entregar el derecho a pensar y a decidir lo que realmente conviene a la ciudadanía. Es cierto que pertenecer a un partido es asumir los principios del mismo, ¿Pero ¿qué pasa cuando el militante considera que esos principios están en juego? Se dan multitud de casos en el que el militante se abstiene o vota en contra de la decisión de su partido, porque considera justa otra propuesta. Las diputadas expulsadas, Mónica Fernández y Wesly Jiménez, que asumirán el papel de independientes, serán dos diputadas menos para el PRI.
ALEJANDRO MORENO, ALITO, DICTADOR EN UN PARTIDO QUE VIOLA LA LEY
Los derechos humanos, dos de ellos pensar y decidir, están por encima de cualquier estructura. Con la decisión priísta de expulsar militantes que no coincidan con el que dirige su partido, se está violando la Constitución. Es cierto que al militante le queda la opción de retirarse de un partido en el que ya no cree, pero hay posturas diversas que no necesariamente tienen la anuencia de todos los militantes y éstos no tiene porqué renunciar. Se acaba de ver en el vergonzoso caso de Coahuila en el que los dirigentes del PAN Marko Cortés y el del PRI, se habían repartido los puestos antes de las elecciones y aparte Cortés publicó el documento firmado. Militantes del PAN han repudiado el hecho, en especial el senador Damián Zepeda. Este reclamó a Cortés su error de una manera tajante y destacó que lo acordado entre los dos líderes “es indebido y sobrepasa los límites legales y morales”. Hasta la mujer inventada por los opositores para candidata a la presidencia, censuró el acto y se dijo deslindada de esos partidos y ahora será candidata ciudadana. Cosa poco creíble en su caso, porque ya había rechazado al Alito y dijo realmente lo que se sabe de él y no obstante, al poco tiempo estaban los dos, en abrazo y beso.
PUEDE HABER SANCIÓN PARA EL PRI. EL JURADO DE SUS IGUALES
No es absurdo sancionar al que impide una expresión de voluntad, que es uno de los valores de la democracia, porque ataca la norma básica. Los partidos tienen como función primordial promover esa democracia y los reglamentos internos de los partidos tienen que contemplarlo. Impedir la pluralidad es violar la democracia y por lo tanto la ley. Esta se puede aplicar. Las diputadas expulsadas que aplicaron su justo derecho pueden demandar. El Jurado de sus iguales (Los policíacos involuntarios Editorial Arte y Literatura, Habana Cuba 1981), de la dramaturga y escritora estadounidense Susan Glaspell, plantea una situación en la que, aunque no tiene nada que ver con partidos, si rescata la expresión de voluntad como atenuante, cuando la situación llega al límite. Una especie de legítima defensa. Cuento famoso o novela corta, que ha sido reproducido en infinidad de publicaciones, trata el caso de una mujer permanentemente agredida por el esposo, que ante el extremo de esa agresión, lo ahorca. Ante la investigación fría de los órganos fiscales, dos mujeres cercanos a éstos (esposas), van recogiendo una serie de elementos que evidencian la agresión que el muerto infería a su esposa y los presentan como un argumento de expresión de voluntad inmediata, al ser agredida. En el caso del PRI, el jurado de sus iguales está en una norma y una sociedad, que consideran legítima esa expresión en las legisladoras expulsadas.
