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IRMA PILAR ORTIZ
Preocupa el rumbo por el que la mayoría parlamentaria en el Poder Legislativo está encaminando a México.
Lo avanzado en las últimas décadas en materia de derechos civiles y el avance democrático, se está derrumbando; realmente creen que ya no hay mañana y olvidan que todas esas herramientas, que hoy confeccionan para ejercer el poder absoluto, se podrán aplicar en su contra.
Sin duda, los dirigentes de Morena, seguramente ofuscados por esa forma que tienen para ejercer el poder, no han entendido que esto no es eterno, por más que manipulen y acomoden las cosas a su modo.
Si bien el PRI estuvo 70 años en el Poder, del 2000 a la fecha México ha cambiado y difícilmente podría repetirse.
Por lo pronto, esta semana viene otra andanada de leyes que cambiarán, para mal, el entramado institucional de este país, con la aprobación de leyes como la que va contra lavado de dinero, la desaparición forzada de personas, competencia económica y el tema de telecomunicaciones, estas últimas ya aprobadas por el Senado de la República.
Un tema que tiene especial importancia para el Gobierno federal es el lavado de dinero, después del señalamiento que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre que Intercam, CIBanco y casa de bolsa Vector lavan dinero del narcotráfico, ahora les urge enviar señales claras de que México cuenta con un marco legal fuerte contra este ilícito.
Con esta ley que regresó el Senado a la Cámara de Diputados y que se aprobará en los próximos días, obligados por la lupa que ha puesto el gobierno de Trump en el combate al narcotráfico, ahora sí los legisladores de Morena en San Lázaro aprobarán una legislación que exige a las instituciones financieras identificar beneficiarios, conservar registros, implementar auditorías y presentar avisos de operaciones sospechosas.
Algo relevante es que se crea la figura de Personas Políticas Expuestas (PPE) que incluye a legisladores, integrantes de órganos autónomos, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno.
Para esto, se reforzarán los mecanismos de identificación y monitoreo, para buscar mayor transparencia y seguridad en operaciones económicas al eliminar la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar a sujetos obligados que proporcionen información falsa o alterada en los avisos de actividades vulnerables. evasión.
Dentro de sus propósitos está garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional; será una herramienta para enfrentar los desafíos que México afronta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto; sin embargo, como dijo la senadora Claudia Anaya “la reforma persigue a sectores vulnerables e informales más que al lavado de dinero propiamente dicho”.
Se reducen los umbrales para que ciertos movimientos financieros en efectivo sean considerados sospechosos, afectando a pequeños negocios, asociaciones religiosas y ciudadanos sin actividad empresarial formal; “mientras se endurece la fiscalización a los ciudadanos, el gobierno no actúa contra bancos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero”.
Desde el PAN, Guadalupe Murguía calificó como grave que la Secretaría de Hacienda pueda acceder sin orden judicial a información financiera, personal y digital de cualquier ciudadano, con lo que vulnera la privacidad y los derechos fundamentales de las personas, impone mayores cargas a los pequeños negocios al exigirles más recursos y capacitación sin garantizar el debido resguardo de datos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, al INE, a los Oples y tener acceso a archivos, llamadas, documentos, fotografías, información financiera, con lo que se vulnera gravemente la privacidad y los datos personales, pues no se exige autorización judicial para que pueda realizarse esta intervención.
Para Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, lo que preocupa es el uso discrecional de las nuevas facultades que se otorgarían a la Unidad de Inteligencia Financiera para acceder a datos personales y financieros sin orden judicial y que incluso se vigile a los allegados y trabajadores de las personas políticamente expuestas.
Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de las personas clasificadas políticamente expuestas y monitoreará intensivamente sus operaciones financieras, sobre todo en actividades de alto riesgo como casinos, joyerías, compraventa de bienes raíces, automóviles, obras de arte, préstamos y donativos, mientras que el INE proporcionará a Hacienda información sobre partidos, coaliciones y candidaturas, mientras que las secretarías del Trabajo, en sus ámbitos federal y local, deberán entregar datos sobre los sindicatos y sus dirigentes.
Veremos si la Administración Trump queda conforme con este esfuerzo para evitar el lavado de dinero, aunque sea a costa de la privacidad de los mexicanos que correrán el peligro de que estas disposiciones sean usadas en su contra, bajo el argumento de evitar delitos.
