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ANGÉLICA DE LA PEÑA*
SemMéxico, CIUDAD DE MÉXICO. Son mentiras los dichos del diputado Monreal respecto a que habrá participación ciudadana para la iniciativa en materia electoral.
Aunque convocaron desde la Comisión Presidencial a mesas para escuchar propuestas, y ahí se plantearon preocupaciones sobre el debilitamiento del sistema electoral con el INE alineado al gobierno, y lo mismo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en realidad dichas propuestas no serán tomadas en cuenta porque quieren una reforma electoral para acabar de sepultar el sistema electoral legal, profesional y autónomo que se ha venido construyendo desde 1976, porque aspiran a tener el control total del poder.
No es suspicacia. Su comportamiento en estos siete años, evidencian que seguirán la línea de otros populismos latinoamericanos. Por lo tanto, van por el poder absoluto y lo que pretenden es imponer una Ley Maduro, en referencia a lo que pasó en Venezuela después del triunfo de Chávez y de Maduro.
Si acaso tomarán en cuenta al PT y al PVEM para que no quiten las candidaturas plurinominales, ya que, sin ellos, no tendrían los dos tercios para concretar su reforma.
Ahora bien, ¿es necesaria una reforma electoral? Sí, una reforma a la legislación secundaria para cuando menos lo siguiente:
Restaurar la autonomía plena del Instituto Nacional Electoral; con una Unidad de Fiscalización especializada e independiente del propio Consejo General del INE, con mayores atribuciones para encauzar hacia la judicialización, no sólo la malversación de los recursos financieros que reciben los partidos políticos, sobretodo la vigilancia de que no haya recursos sucios en las campañas.
La prohibición del uso de acordeones o similitudes que orienten y manipulen el voto ciudadano. Lo que observamos en la elección del Poder Judicial fue vergonzoso e ilegal: no puede repetirse.
Fortalecer la vigilancia para detectar el dinero que invierten los grupos de la delincuencia organizada para influir en ciertas candidaturas o partidos. Al candidato o candidata que lo haga, no sólo se le debe penalizar, sino que a su partido se le debe quitar el registro.
La compra del voto se da usando dinero que se reparte en estructuras piramidales desde las secciones, ya sea de manera directa o a través de intermediarios. Es común en las elecciones el uso de personas que se han especializado en la movilización de votantes a quienes se les paga para que se vote por cierta candidatura; esta especialidad ha dejado de ser una leyenda urbana y se debe sancionar con rigor.
Se debe prohibir entrar a la casilla con el celular. Todo mundo sabe que la foto del voto, tiene un precio.
Sancionar el uso de los recursos del Programa del Bienestar para coaccionar el voto. En datos oficiales hay 18 mil 500 servidores de la nación distribuidos en todo el país apuntando sección por sección a beneficiarios. La alta votación de Morena en zonas donde mayormente se distribuye ese dinero en efectivo, no es casual. Prevenirlo se logra con la prohibición del trabajo de campo de esos servidores desde la etapa preelectoral y la denuncia cuando sucede.
Sólo apunto algunos temas de urgente resolución para restituir la legalidad del voto, si en verdad hubiese voluntad democrática por parte del gobierno. Pero no es así.
La reforma electoral que se propone la presidenta y Morena en realidad será profundamente regresiva y restauradora del viejo régimen de partido de Estado. Al tiempo.
*Defensora de derechos humanos
