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NOEMÍ LUNA*
México está frente a una decisión histórica: defender su democracia o permitir que sea vaciada desde la ley.
La llamada reforma electoral de Morena, renombrada Ley Maduro, no es un ajuste técnico ni una modernización institucional. Es un intento deliberado de capturar el sistema electoral mexicano, eliminar los últimos contrapesos, disminuir los recursos de la oposición, permitir el ingreso de dinero ilegal a las campañas y asegurar el poder a cualquier costo.
El nombre de Ley Maduro no es retórico. En Venezuela, la democracia no murió de golpe: la desmantelaron poco a poco desde la ley. Capturaron al órgano electoral, eliminaron contrapesos, fabricaron mayorías artificiales y convirtieron las elecciones en una simulación.
Lo que pasó en Venezuela es el mismo ejercicio que el régimen morenista intenta aplicar en México.
Una reforma elaborada desde el Ejecutivo, sin parlamento abierto, sin deliberación plural y excluyendo a la oposición, no puede tener otro objetivo que la concentración del poder.
Debilitar al INE, como lo propone la iniciativa presidencial, no ahorra recursos; cuesta democracia. Un árbitro sometido al gobierno deja de ser árbitro. Centralizar funciones que deben ser independientes nos regresa a los peores momentos de nuestra historia, cuando el poder organizaba elecciones para ganarlas.
Eso no es transformación: es regresión autoritaria.
Eliminar la representación proporcional tampoco fortalece la democracia; al contrario, la empobrece. Los plurinominales no son un privilegio: son un mecanismo de equilibrio frente a la tentación hegemónica.
El verdadero problema no es la pluralidad, sino la sobrerrepresentación fraudulenta que Morena ya utilizó para fabricar mayorías que no reflejan la voluntad ciudadana, así como la subrepresentación de la oposición, a la que quieren minimizar y hasta desaparecer.
Pero lo más grave es lo que esta reforma electoral pretende normalizar: el dinero ilegal en la política. Morena busca desaparecer el financiamiento público no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita: cuenta con financiamiento que se ostenta como ilícito.
Los casos de huachicol fiscal, La Barredora o los Carmona evidencian un patrón de penetración del crimen organizado en campañas electorales.
Lo advierto desde ahora: reducir recursos sin fortalecer controles no es austeridad; es abrir la puerta para que el narco decida elecciones.
Que no haya confusión: en el PAN no defendemos el financiamiento por sí mismo; defendemos controles efectivos, elecciones libres y votos sin miedo.
La Ley Maduro no destruiría la democracia de inmediato; la apagaría lentamente, como ocurrió en Venezuela, bajo el discurso de una falsa “voluntad popular”.
Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir. Esto no se trata sólo de una ley: es elegir entre democracia o dictadura.
En el PAN lo tenemos claro: las elecciones se ganan con votos libres, no con dinero sucio ni con árbitros sometidos.
Por eso, en el PAN no podemos respaldar, como se ha anunciado, la Ley Maduro en la en la Cámara de Diputados, porque rechazamos una reforma impuesta desde el poder, con sesgo partidista y diseñada por el gobierno para beneficiarse sólo a sí mismo.
*Diputada Federal del Partido Acción Nacional
