LETRA CLARA/ Violencia infantil con otros datos invisibles

TERESA VALDÉS BETANCOURT

(SemMéxico, Colima, Colima). Cuando se trata de actualidad, resultan insospechados ciertos momentos que ocurren en la sociedad mexicana y que se presentan como otros datos en la comunicación gubernamental, como la violencia infantil que está omitida de los relatos oficiales y merecen esta reflexión,  aunque inicialmente, se denuncie la flagrante violación constitucional al Supremo Poder de la Federación  constituido por los tres poderes  Ejecutivo,  Legislativo y  Judicial.

Inadmisible y hasta surrealista resulta el trágico ejemplo de la jueza Angélica Sánchez Hernández con 25 años del servicio, presa en una cárcel por orden del gobernador de Veracruz, quien trata de imitar las  manifestaciones de violencia  política y de género que ejercita con frecuencia, el Presidente de la República contra Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y primera mujer en ocupar tan alto cargo.

En los medios de comunicación se escucha el clamor de las denuncias y el respaldo de decenas de organizaciones civiles y juristas de México que, declaran el arresto de la jueza, como un atropello a la independencia judicial. La omisión  y el silencio cómplice no podrán ocultarse ante la historia.

La construcción del pensamiento feminista lleva implícita, las acciones para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en su proceso de formación porque suponen, la obligación jurídica y social para materializar su cuidado y atención obligados.

Se sabe que desde de 20 de noviembre de 1989 existe la Declaración sobre los Derechos del Niño, aprobada por México en 1990 y que, en 2014, agrega la palabra niña a sus textos oficiales, para reconocer el papel de niños y niñas como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, como logro histórico para los derechos humanos. La Convención garantiza y establece normas mínimas a fin de proteger sus derechos en todas las circunstancias.

Vale reflexionar sobre la realidad de esta exigencia jurídica, política y social de los Derechos Humanos: Que tengan una adecuada nutrición; accedan a servicios de salud sexual y reproductiva; asistan a la escuela en los horarios establecidos; participen expresando su opinión y sus necesidades sean tenidas en cuenta en la planeación y respuesta a emergencias y crisis humanitaria.

Las realidades contradicen

En México, 6 de cada 10 NNA entre 1 y 14 años han experimentado algún tipo de violencia o maltrato en su hogar; 1 de cada 20 padres o madres aceptan el castigo físico.

Las violencias alcanzan  niveles insospechados. Entre 2015 a abril de 2022, se reportaron 85, 952 lesiones contra NNA con arma de fuego, arma blanca y otro objeto o elemento.

El informe Nacional sobre Violencia Infantil en México identifica a 27 por ciento de las personas encuestadas, que gritar no se considera una forma de violencia infantil.

Durante los 26 meses de pandemia, el 51 por ciento de mujeres y niñas señalaron la casa como el espacio con mayor violencia.

También debe considerarse la impunidad para otras manifestaciones de violencia y discriminación presentes en el trabajo infantil de menores en las calles y avenidas ante nuestros ojos que no quieren ver.

El INEGI reportó en México 2023, alrededor de 3.3 millones de niñas y niños involucrados en alguna forma de trabajo, lo que representa el 11.5 por ciento de la población de entre 5 y 7 años.

Allí están niños y las niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil a veces en igualdad de condiciones con sus familiares adultos, como explica la maestra Laura Jiménez Galván, presidenta de Acción Afirmativa AC  de Colima, “el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos e hijas de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social”.

Urge entonces, considerar otras alternativas para prevenir acciones que protejan la infancia, su desarrollo, porque otras formas de violencia les acechan, vale mencionar las migraciones, la pobreza extrema, la trata de personas y las amenazas de los grupos criminales. Sí, los estados tienen la obligación que solo se materializa con la acción individual, persona a persona, en la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad en su conjunto. Es su derecho a la vida.

@Letra Clara

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