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MURIEL SALINAS DÍAZ (SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero). En días pasados Jalisco fue sede de la primera Convención Nacional de Movimiento Ciudadano y no es casualidad, pues ha sido el gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro Ramírez, quien ha planteado la necesidad de construir un nuevo pacto fiscal. En esta convención a la que llamaron “El Futuro es un Nuevo Pacto Fiscal”, MC dio a conocer seis ejes temáticos para la construcción de un proyecto socialdemócrata para México, que son: 1) Federalismo fiscal, 2) Progresividad, 3) Igualdad sustantiva y perspectiva de género, 4) Transparencia, rendición de cuentas, calidad del gasto, 5) Sustentabilidad y 6) Construcción de acuerdos y consensos.
Ciertamente un proyecto socialdemócrata debe comenzar por plantear un nuevo pacto federal más justo y equitativo, tanto para la recaudación de impuestos como para la distribución de los fondos federales a estados y municipios. Ello pasa por definir nuevas reglas de colaboración administrativa, rediseñar los organismos en materia de coordinación fiscal y sentar las bases de su organización y funcionamiento. Pero sobre todo se tiene que partir de una nueva visión del desarrollo nacional, la cual deberá apegarse al marco de los derechos humanos y contribuir al logro de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
Así, el debate sobre el Pacto Fiscal al que convoca MC no sólo tiene que ver con el jaloneo entre estados y la federación sobre cómo se distribuyen los fondos federales. Desde una perspectiva socialdemócrata, además de definir una visión del desarrollo nacional será fundamental incorporar al debate un serio análisis sobre los criterios, métodos y fórmulas desde los cuales se estima la distribución del gasto federalizado y también será indispensable responder la interrogante sobre cómo va a cumplir el Estado Mexicano con la Agenda Regional de Género – la cual es sinérgica con la Agenda 2030 – y cómo se incorporarán al Nuevo Pacto Fiscal las directrices y compromisos que ha adoptado el Estado Mexicano en el marco de la Estrategia de Montevideo. (CEPAL, 2016)
Entre las medidas que los Estados se comprometieron a adoptar en la Estrategia de Montevideo y que deben ser incorporadas en el debate y el proceso de construcción de un nuevo Pacto Federal, están las siguientes: (CEPAL, 2016)
- Diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, salvaguardando los avances alcanzados y movilizando los máximos recursos disponibles.
- Estimar las necesidades presupuestarias de las diferentes dependencias del Estado vinculadas con el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando ejercicios de estimación de gastos con perspectiva de género, e identificar las fuentes de financiamiento público disponibles y potenciales que respondan a las necesidades económicas y sociales de cada país.
- Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres.
- Asegurar que las medidas de ajuste fiscal o de recortes presupuestarios dirigidas a enfrentar las situaciones de desaceleración económica se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres.
- Dar seguimiento a la evolución del monto, nivel, composición y desembolso de las asignaciones presupuestarias para las políticas orientadas a reducir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, y difundir información sobre dichas asignaciones.
- Asegurar que el sector privado, en particular el empresarial, contribuya de manera eficaz al financiamiento de emprendimientos de mujeres, al financiamiento de los servicios públicos y la protección social a través del pago de impuestos progresivos, y que el Estado evite la existencia de privilegios fiscales.
- Implementar estudios de impacto de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación, asegurando que estas no tengan un efecto negativo explícito o implícito sobre la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, por ejemplo, en la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados o en los niveles de pobreza de las mujeres.
- Fortalecer la cooperación regional para combatir la evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, y mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza a través del impuesto a la renta corporativa, los impuestos a la riqueza y a las propiedades, entre otros, y así disponer de mayores recursos para las políticas de igualdad de género.
Cualquier opción política que se plantee un proyecto de nación socialdemócrata, se verá comprometido a adoptar una agenda federalista progresista y feminista, comprometida con un modelo de desarrollo sostenible con igualdad y perspectiva de género, que no sea mera retórica y que verdaderamente rompa con la simulación de las políticas de igualdad y su desmantelamiento, algo de lo que se ha encargado la 4T de forma inaudita.
México requiere de un Nuevo #PactoFiscalFeminista, para no dejar a nadie atrás y colocar al centro el derecho de todas las niñas y mujeres de México al desarrollo en pie de igualdad.
