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>> Y llama a mantener la unidad laboral en defensa del Instituto y de los verdaderos beneficiarios
>> Romero Oropeza debe actuar con plena observancia de la ley y cumplir con su responsabilidad directa con el patrimonio del organismo
>> Siempre en beneficio exclusivo de las y los derechohabientes y sus familias, demanda la central obrera
Guillermo Pimentel Balderas
Ciudad de México, 22 de junio (entresemana.mx). La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que encabeza Isaías González Cuevas, llama a mantener la unidad y firmeza sindical para defender al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y a sus verdaderos beneficiarios.
Demanda vigilar que su director general, Octavio Romero Oropeza, actúe con plena observancia de la ley, cumpliendo con su responsabilidad directa de proteger y fortalecer el patrimonio del INFONAVIT, en beneficio exclusivo de las y los trabajadores y sus familias.
Mediante un posicionamiento dirigido a las y los Secretarios Generales de la CROC rechaza contundentemente la propuesta que plantea legalizar la compra a bajo costo de viviendas invadidas o despojadas en forma ilegal.
Firmado por el Consejero de Administración, Ulises Bravo Cruz, en el documento se especifica que, se considera que esta medida, además de validar actos ilícitos como la invasión y el despojo, pone en riesgo el patrimonio que pertenece a los trabajadores y sus familias.
Octavio Romero ha promovido la posibilidad de que personas que actualmente ocupan de forma irregular e ilegal viviendas propiedad del Instituto, puedan acceder a una opción de compra a bajo costo, lo que implicaría, en los hechos, una regularización de actos ilícitos y reprobables a través de mecanismos institucionales.
“Regularizar viviendas invadidas, más allá del discurso social, representa una afectación directa al patrimonio institucional. Se vulnera el principio de legalidad. Se incentiva la ocupación ilegal de viviendas. Se pone en entredicho la seguridad jurídica de los derechohabientes. Se comprometen recursos y activos que pertenecen a los trabajadores y en consecuencia, cualquier acción que implique la disposición del patrimonio del Instituto a favor de terceros no derechohabientes y delincuentes, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del INFONAVIT y contradice su naturaleza jurídica”.
Por lo tanto, CROC llama a mantener la unidad y firmeza en defensa del Instituto y de sus verdaderos beneficiarios y a vigilar al director general del INFONAVIT.
En tanto, Antonio Baltierra Morales, secretario de Capacitación de la Unión Donceles 28 de de la CROC en la ciudad de México, en breve charla con este reportero, explica que la Ley del INFONAVIT establece que las viviendas recuperadas deben destinarse exclusivamente a programas de arrendamiento social, y no a la venta directa.
Además, recuerda que el Artículo 3, fracción II, de la Ley del Instituto ordena que éste deba ejecutar programas de vivienda para ser adquiridas en propiedad o en arrendamiento social por trabajadores. Por otro lado, el Artículo 51 Ter., establece que estos programas deben garantizar legalidad y sostenibilidad financiera.
Ahora bien, precisa que el Artículo 23 señala que el director general tiene la obligación de proteger el patrimonio institucional y asegurar la solidez financiera a largo plazo. “Sin embargo, la regularización de viviendas invadidas contraviene estos principios y pone en peligro la seguridad jurídica de los derechohabientes”, advierte.
Resalta que es importante recordar que la misión fundamental del INFONAVIT es garantizar el acceso a una vivienda adecuada a sus derechohabientes; es decir, a las y los trabajadores que, mediante sus aportaciones, financian y sostienen al Instituto.
Por tanto, “cualquier medida que desvíe recursos, patrimonio o capacidad operativa hacia personas ajenas a este universo, representa una afectación directa a los intereses de quienes legítimamente deben ser atendidos primero”.
Advierte que esta acción no solo valida una conducta ilegal como lo es la invasión o despojo de vivienda, sino que además vulnera los principios de equidad, justicia social, legalidad y contraviene lo estipulado en la ley del Instituto, en la cual se establece que la vivienda recuperada debe destinarse al programa de arrendamiento social para los derechohabientes, como se menciona en el Artículo 3 fracción II: “el Instituto tiene por objeto coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de viviendas destinadas a ser adquiridas en propiedad o en arrendamiento social por las personas trabajadoras”.
Asimismo, el Artículo 51 Ter. Indica: “el Instituto podrá establecer programas que otorguen a las personas trabajadoras acceso a vivienda mediante arrendamiento social, los cuales se regirán por las reglas que emita el Consejo de Administración debiendo cumplir los siguientes principios: I.- Las operaciones a que se refiere el presente artículo se podrán realizar respecto de viviendas propiedad o en administración del Instituto”.
La Ley del INFONAVIT, en su Artículo 23, establece claramente lo que corresponde al director general: “Establecer medidas que aseguren la solidez financiera a largo plazo del Instituto”. El mismo artículo señala mecanismos directamente vinculados a garantizar la sostenibilidad financiera del instituto y la protección del patrimonio de sus derechohabientes.
Agrega que el Estatuto Orgánico del INFONAVIT otorga al director general la responsabilidad de: “Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. Formular el presupuesto y asegurar la viabilidad financiera. Velar por los intereses de los derechohabientes como eje central de su función”.
Ante todos estos conceptos, la CROC externa una profunda inconformidad respecto a la reciente postura asumida por el gobierno de la presidenta Claudia Shembaum al promover de que personas que actualmente ocupan de forma irregular e ilegal viviendas propiedad del Instituto, puedan acceder a una opción de compra a bajo costo, lo que implicaría, en los hechos, una regularización de actos ilícitos y reprobables a través de mecanismos institucionales.
A pesar de que la misión fundamental del INFONAVIT es garantizar el acceso a una vivienda adecuada a sus derechohabientes, es decir, a las y los trabajadores que, mediante sus aportaciones, financian y sostienen al Instituto, Romero Oropeza plantea regularizar a los invasores o delincuentes de vivienda en el país.
Están en la mira, alrededor de 843 mil viviendas que, según el funcionario: “actualmente se encuentran en una situación irregular dado que los derechohabientes originales las abandonaron o las dejaron de pagar”.
Por tanto, queda claro que cualquier medida que desvíe recursos, patrimonio o capacidad operativa hacia personas ajenas a este universo, representa una afectación directa a los intereses de quienes legítimamente deben ser atendidos primero. De lo contrario, implicaría, en los hechos, una regularización de actos ilícitos, reprobables y delincuenciales a través de mecanismos institucionales.
Por cierto, ante el intento de regularizar ocupaciones ilegales de viviendas, AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET exigen respetar la ley y el patrimonio de los trabajadores.
