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GREGORIO ORTEGA MOLINA
*Lo que está a la vista nos indica que las funciones constitucionales y legales de los tres niveles de gobierno, prácticamente dejaron de ejercerse por una claudicación, pero también por temor. Sólo unos cuantos querrán morir en el intento, porque el desafío es grande y, por lo que parece, el entusiasmo y la inteligencia para iniciar la reconstrucción, son pocos
Para Diego Valadés
Paz y Estado de Derecho
¿Desde dónde abordar este temario que nos ofrece mexicolectivo? ¿Al pie de las fosas clandestinas, encerrados en las mazmorras donde esconden a los secuestrados, reunidos en las estaciones migratorias que se incendian, azorados por la existencia de una seguridad jurídica con precio? Es cierto, en este tema hace mucho que el país arrastra podredumbre, pero hoy además hiede.
Seguridad, legalidad y justicia. Nos indican que la seguridad pública es un tema multifuncional y multifactorial. Abordarla en estricto sentido policial representa un concepto parcial del problema. En todo caso, las propuestas (de empezar a solucionarlo) correspondientes deben apoyarse en diversos ejes: prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia, administración de justicia, prevención y readaptación social, protección civil, información e inteligencia, y narcotráfico y crimen organizado.
Gobernabilidad y democracia. En este país existen claros indicadores de un déficit de gobernabilidad, que se traduce en un sufrimiento social cuyos signos más evidentes son desigualdad, pobreza, deterioro del nivel de vida, injusticia y carencia de servicios oportunos y satisfactorios; también afecta el Estado de Derecho propiciando autoritarismo, violencia delincuencial, impunidad, violación de los derechos humanos, traslación de funciones civiles a las fuerzas armadas, crecimiento geométrico de la corrupción, desmantelamiento del aparato institucional, deterioro del ambiente, y renuncia al progreso científico y tecnológico.
Corrupción e impunidad. La corrupción es y ha sido uno de los problemas públicos más visibles y más nocivos para el país. Definida como el abuso de una posición para obtener un beneficio privado o la “apropiación ilegitima de lo público” (Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 2022), la corrupción socava la confianza pública e interpersonal, profundiza las desigualdades, erosiona la legitimidad de los gobiernos, debilita las capacidades del Estado y vulnera el ejercicio de derechos…. Se ha convertido en una atractiva herramienta política para, en el mejor de los casos, ganar legitimidad y popularidad; y en el peor, eliminar del espacio político a quienes resultan incómodos al poder.
Lo que está a la vista nos indica que las funciones constitucionales y legales de los tres niveles de gobierno, prácticamente dejaron de ejercerse por una claudicación, pero también por temor. Sólo unos cuantos querrán morir en el intento, porque el desafío es grande y, por lo que parece, el entusiasmo y la inteligencia para iniciar la reconstrucción, son pocos.
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Del Twitter de Jesús Ramírez Cuevas: “El presidente @lopezobrador enviará queja al @CJF_Mx por la actuación injusta, sectaria y politiquera del juez 8o. de Distrito en Materia Administrativa, Martín Antonio Santos Pérez, en su contra para silenciarlo, afectando la vida democrática y la libertad de expresión”.
¿Quién tiene la razón? ¿Quién dedica sus conferencias de prensa a destruir la democracia, a conculcar el Estado de Derecho?
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