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GREGORIO ORTEGA MOLINA
*Los uniformados los presentan ante el Ministerio Público. Son sus abogados los que elaboran las carpetas de investigación para los juicios, pero desconocemos cuál es el porcentaje de las correctamente integradas, o de las que llevan error de procedimiento, para que los “protegidos” sean liberados por los juzgadores. No es en los tribunales de justicia donde se tuerce su administración, sino en su procuración
Diferentes personas y en diversos tonos me aseguran que la delincuencia organizada no se combate, se administra. Es posible que así sea como funciona buena parte del mundo.
Un amigo, del cual omito su nombre, me confió haber asistido a un interrogatorio a delincuentes por parte del director general de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal. Arturo Durazo Moreno se quitó la casaca, se arremangó la camisa y los golpeó, al tiempo que les decía: “hijos de la chingada, ya les dije dónde pueden operar, en qué colonias se pueden meter, ¡pendejos!” ¿Es así como se obtiene la ansiada paz social?
Pueden reinventar el hilo negro en sus propuestas de pacificar a México y disminuir drásticamente la violencia, pero ni siquiera decomisar los dineros de los grandes capos nos regresará al orden -primitivo o moderno, pero al fin y al cabo un orden-, pues lo que se necesita es destruir el nido de la corrupción.
El primer contacto de los delincuentes con la autoridad es a través de los uniformados, sean de las corporaciones policiacas municipales, estatales o federales, o de las instituciones militares, marinos o ejército. Los responsables de contener el delito, son los primeros en ser tentados por las enormes cantidades del dinero negro. Y son ellos los que lo llevan a las otras instancias.
Cayó José de Jesús Gutiérrez Rebollo aquí, no en Estados Unidos. ¿Después? Genaro García Luna está en Estados Unidos. Allá también fueron detenidas autoridades civiles mexicanas. ¿Aquí no se puede?
Los uniformados los presentan ante el Ministerio Público. Son sus abogados los que elaboran las carpetas de investigación para los juicios, pero desconocemos cuál es el porcentaje de las correctamente integradas, o de las que llevan error de procedimiento, para que los “protegidos” sean liberados por los juzgadores. No es en los tribunales de justicia donde se tuerce su administración, sino en su procuración.
Ciertamente hay jueces corruptos, es una corrupción política y se les llama jueces de consigna. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su socio, Carlos Arturo Alpízar Salazar, instruían a los jueces para que dictaran sentencias de acuerdo a “intereses políticos superiores a la ley”. Está consignado, y lo mismo quien fuera ministro presidente de la SCJN y su amanuense, gozan de libertad y fortuna.
Así no puede recuperarse la paz social.
@OrtegaGregorio
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