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SOFÍA GONZÁLEZ TORRES
La reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México, es un paso fundamental para la protección de nuestra biodiversidad, nuestra soberanía alimentaria y la salud de nuestra población. Esta medida no sólo fortalece el decreto presidencial que ya restringía el uso de transgénicos, sino que también refuerza el compromiso del país con la preservación de una de sus mayores riquezas: el maíz nativo.
México es el centro de origen del maíz, con más de 60 razas nativas que han sido cultivadas y mejoradas a lo largo de milenios. Permitir la introducción de maíces genéticamente modificados pone en riesgo esta diversidad, ya que la contaminación genética puede afectar la pureza de las variedades criollas y, con ello, la capacidad de los agricultores para seguir desarrollando semillas adaptadas a las condiciones locales. La protección de nuestra riqueza genética no es una cuestión de nostalgia, sino de seguridad alimentaria a largo plazo.
Existen opiniones que argumentan que prohibir el maíz transgénico es una decisión que nos aísla del avance tecnológico y nos pone en desventaja en el comercio es internacional. Sin embargo, esta visión ignora que el modelo de producción basado en organismos genéticamente modificados ha generado dependencia de las grandes corporaciones semilleras, las cuales controlan el mercado de semillas y agroquímicos, limitando la autonomía de los agricultores y encareciendo los costos de producción. Más que promover una modernización agrícola, esta dependencia puede debilitar la capacidad de México para definir su propio rumbo en materia agroalimentaria.
Otro punto clave es la salud pública. Si bien sigue existiendo debate en torno a los efectos de los transgénicos en la alimentación humana, hay estudios que advierten sobre los riesgos del glifosato, herbicida ampliamente usado en cultivos transgénicos y cuya presencia ha sido detectada en productos de consumo cotidiano, como las tortillas. Adoptar el principio de precaución es una decisión responsable y alineada con la protección del derecho a una alimentación sana.
En cuanto a la seguridad alimentaria, se ha dicho que esta prohibición afectará la producción y encarecerá los costos para los consumidores. Pero hay que recordar que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, el cual se destina al consumo humano, mientras que las importaciones de maíz amarillo transgénico se utilizan principalmente en la industria y la alimentación animal. La reforma no prohíbe la importación de este maíz, sino que se enfoca en evitar su siembra en territorio nacional, con el fin de proteger nuestros cultivos tradicionales.
Esta reforma es un avance necesario y una oportunidad para fortalecer el campo mexicano a través de políticas que impulsen la producción sustentable y el apoyo a los pequeños y medianos productores. El verdadero reto es asegurar que quienes cultivan maíz nativo reciban incentivos y acompañamiento técnico para incrementar su productividad sin depender de insumos que comprometan el medio ambiente y la biodiversidad.
México tiene la responsabilidad y el derecho de proteger su maíz. La modernización agrícola no debe basarse en modelos que comprometan nuestra independencia y nuestro futuro. En lugar de depender de semillas modificadas en laboratorios, es momento de valorar y fortalecer las prácticas agroecológicas que han sustentado nuestra alimentación por siglos. Con esta reforma, el país da un paso firme en defensa de su patrimonio, su cultura y su soberanía alimentaria.
