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SAÚL ESCOBAR TOLEDO
SemMéxico, Ciudad de México. Las movilizaciones de las y los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que llevaron a cabo en las dos últimas semanas terminaron sin acuerdos con el gobierno federal. Según la información disponible la principal demanda de la CNTE es la abrogación de la ley del ISSSTE aprobada en 2007. Hay, además, otras peticiones relacionadas con los salarios y la derogación de la Reforma Educativa.
Sin embargo, aparentemente, el principal escollo fue el sistema de jubilaciones. En este caso, el gobierno federal no ofreció ninguna solución y argumentó falta de presupuesto.
La confrontación entre los maestros de la CNTE y el gobierno tiene un fondo político innegable debido a la alianza establecida públicamente entre el partido del gobierno, MORENA, y la dirección del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) que se ostenta como la representación legal y mayoritaria del magisterio nacional.
El líder de este sindicato declaró que la alianza no se reducía a cuestiones laborales y educativas y ofreció millones de afiliaciones y votos para el partido oficial. La CNTE consideró, con toda razón, que se intenta revivir el corporativismo de los años dorados del PRI (1948-2000) y, al mismo tiempo, enviar un mensaje ominoso: de ahora en adelante la relación del partido y el gobierno con el SNTE será prioritaria; la disidencia ya no será tomada en cuenta y la democratización del sindicato está descartada.
La CNTE entonces trató de demostrar que tiene una fuerza propia que no se puede desdeñar y se manifestó en franca oposición al gobierno y a su partido. No fue así en el pasado. La CNTE apoyó al PRD y luego a MORENA explicita o implícitamente en diversos procesos electorales; o al menos no llamó a votar por un partido distinto. Aunque dentro de esa organización ha habido siempre dirigentes que han defendido el abstencionismo, otros han manifestado su simpatía por esos partidos incluyendo las candidaturas de AMLO y Sheinbaum a la presidencia de la república.
Ahora bien, la abrogación de la Ley 2007 del ISSSTE (y por lo tanto para los trabajadores del sector público regidos por el aparatado B del 123) tiene implicaciones políticas y presupuestales.
Para empezar, hay que recordar que esta ley fue posterior a la que se aprobó en 1997 (para trabajadores del apartado A del 123 constitucional) y que cambió radicalmente el sistema de pensiones. Creó las administradoras privadas (AFORES); surgieron las cuentas individuales en lugar del fondo solidario del sistema anterior; y modificó las edades y requisitos para obtener una jubilación entre otros muchos asuntos.
Sin embargo, en 2021 los representantes de esas administradoras privadas reconocieron que el sistema sufriría severos problemas . Varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70 por ciento de los jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo.
Frente a esta triste realidad, el presidente López Obrador propuso una reforma a la ley de 1997 que consistió en disminuir las semanas de cotización; aumentar la contribución del empleador; incrementar la cuota social del gobierno (con el propósito de mejorar las pensiones más bajas); y reducir las comisiones que cobran las AFORES.
No obstante, quedaba pendiente el problema de las jubilaciones para los trabajadores al servicio del Estado. Para responder a las protestas, sobre todo los maestros, el presidente decidió en 2024 enviar una reforma constitucional para garantizar una pensión mínima para los trabajadores que aportan a una AFORE, “equivalente al salario promedio registrado en el IMSS”, en ese momento de $16 777. 68. Vale la pena recordar que, en la exposición de motivos de esa propuesta de enmienda, el texto presidencial hace una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Sin embargo, el presidente decidió no cambiar el sistema y mantener la administración en cuentas individuales; fue un parche para aplacar el descontento y que requerirá un mayor gasto público.
Hay que recordar que la mayoría de los maestros se han jubilado de acuerdo con la con la fracción X transitoria de la ley de 2007, es decir bajo el amparo del sistema solidario. No obstante, las futuras generaciones que se jubilarán en los próximos años y que entraron a laborar después de 2007, ya no tendrán las prestaciones del viejo sistema y corren el riesgo de recibir una pensión mínima después de muchos años de servicio.
No hay duda de que el sistema de cuentas individuales debe revisarse y abrir la posibilidad de modificarlo, como lo han hecho diversos gobiernos del mundo que incluso han regresado al sistema solidario.
El gobierno federal ha argumentado razones presupuestales para no modificar la ley del ISSSTE de 2007. Y ,en efecto, las pensiones absorben una enorme cantidad del gasto público (en 2024, 1 billón 106 mil millones de pesos).
Los recursos que tiene que desembolsar el gobierno para pagar las pensiones del IMSS se debe principalmente al rubro que técnicamente se llama “Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago”, es decir, a aquellas que se tienen que cubrir con el sistema solidario para los trabajadores que ya estaban laborando antes de 1997, lo que se ha llamado “el costo de transición” de un sistema a otro. En cambio, el gasto para la “cuota social” y la “pensión mínima garantizada” destinada a los trabajadores que se están jubilando con el sistema privado es bastante menor ya que todavía son poco numerosos.
El caso del ISSSTE es similar: el gasto del gobierno para cubrir el “déficit de la nómina de las pensiones” es decir para los trabajadores que ya se jubilaron o lo harán con el “decimo transitorio” y con el viejo sistema sumó 644 mil millones de pesos, mientras que lo que se tuvo que desembolsar para la cuota social de aquellos trabajadores que cotizaron en el sistema AFORE fue de 4.3 mil millones de pesos.
De esta manera, el gasto mayúsculo del gobierno obedece a los pagos que tiene que hacer a los trabajadores tanto del A como del B que se jubilarán o ya se jubilaron con el sistema solidario.
Las preguntas que surgen entonces son ¿Cuánto costará en los próximos años seguir pagando el “costo de transición” de las reformas de 1997 y 2007 y la reforma de 2024? ¿Será más barato o caro que regresar al modelo solidario? Contestar estas preguntas requeriría de un conjunto de estudios que no se han hecho o por lo menos no están a la mano.
Sin embargo, el problema tiene un filo político que reside en el inmenso poder que han adquirido las administradoras privadas por el volumen de recursos que manejan, alrededor del 20 % del PIB, y por las jugosas ganancias que han obtenido. Los accionistas de esas empresas financieras verían la abrogación del sistema en la ley del ISSSTE como un peligro inminente que podría llevar al gobierno a proponer una operación similar en la ley de 1997 y regresar al modelo solidario para todos los trabajadores.
Dicho esto, también hay que considerar que la estrategia de la CNTE para lograr una meta tan relevante como la abrogación de la ley de 2007 no ha sido muy adecuado. Tal parece que piensan conseguirla con sus propias fuerzas y sin una política de alianzas con otras organizaciones sociales y sindicatos. Ya hemos visto cómo para hacer realidad la semana laboral de 40 horas se ha requerido de tiempo, capacidad de diálogo y flexibilidad. De un día para otro, bloqueando avenidas y rompiendo ventanas de las oficinas púbicas no será viable. La CNTE debería considerar que se trata de una demanda que incumbe al conjunto de los trabajadores mexicanos y que requiere su involucramiento.
La disidencia magisterial ha abierto un conflicto con el gobierno de magnitudes y consecuencias difíciles de prever. Pero si mantiene su demanda de abolir el modelo de pensiones manejado por las AFORES, el camino será necesariamente largo, complejo y requerirá construir un consenso social mucho más amplio. saulescobar.blogspot.com
