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Ciudad de México, 18 de julio (entresemana.mx). Un juez federal mexicano suspendió este lunes de forma indefinida la más reciente política energética del Gobierno, que obligaba a empresas privadas a comprar gas natural a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al menos a 10 empresas que solicitaron amparo.
“De no concederse (el amparo), se podría afectar irreversiblemente el desarrollo de las actividades reguladas en el sector hidrocarburos, específicamente, en materia de gas natural”, argumentó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.
Las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro solo benefician a las 10 empresas amparadas sin que su resolución tenga efectos generales para todo el sector energético.
Entre las empresas que obtuvieron el amparo legal se encuentran: Tractebel, Engie, GDF Suez México, Consorcio Mexi-Gas, Natgasmex, Tamauligas, Energía Natural Peninsular y GE Gaseco GNV Región Golfo.
Esta política establece que los distribuidores del gas natural en México solo podrán comprar gas natural extraído o importado por las empresas estatales mexicanas, Pemex y la CFE, si quieren utilizar los gasoductos mexicanos.
El juzgador previó posibles afectaciones a al menos tres artículos de la Constitución mexicana: 16, 25 y 28, así como violaciones a las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador energético y encargado de los permisos de almacenamiento, transporte y distribución del gas natural en México.
También consideró que el establecimiento repentino de esta exigencia podría ocasionar que los distribuidores que no adquieran el gas natural de las empresas estatales mexicanas ya no puedan acceder al servicio de transporte de gas natural.
Lo anterior, señaló, “alterando el esquema de suministro y transporte de gas natural, poniendo en riesgo la seguridad energética y confiabilidad del sistema, lo cual afectaría no solo a los permisionarios, sino a los consumidores finales”.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), también advirtió sobre riesgos este domingo a la competencia del mercado del gas natural por esta política, lo que podría incrementar los costos de los energéticos.
La Secretaría de Energía (Sener) emitió el 13 de julio la «Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural».
Cabe señalar que el Gobierno de México todavía puede volver a objetar hasta que se resuelva de fondo si la política de la Sener contraviene la Constitución y si vulnera el adecuado suministro del gas natural en el país latinoamericano.
El juzgador señaló que el artículo 41 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que la Comisión Reguladora de Energía se encuentra facultada para regular y promover el desarrollo eficiente de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímico.
Por esta razón, consideró, que de manera aparente, la citada Comisión, en su calidad de órgano regulador en la materia, es la facultada para emitir la regulación en relación con los criterios para la prestación del servicio de transporte de los puntos de importación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas).
Dichas disposiciones le conceden la facultad expresa para regular en materia de transporte y almacenamiento de gas natural, así como respecto de la gestión de los sistemas de integración incluido el Sistrangas.
