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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. En el proceso electoral que está por venir, se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo la presidencia.
En estos comicios, la violencia política ha provocado el terror en los partidos políticos y candidatos que figuran en las zonas con mayor presencia del crimen organizado, lo que representa un atentado a la democracia y la restricción a los derechos políticos electorales, tanto de los contendientes como del electorado.
Si bien, las causas de violencia no son imputables a las víctimas ni a los candidatos en turno, lo cierto es, que el ambiente político polarizado y los partidos débiles y oportunistas, han contribuido a que los grupos criminales se valgan de favores y amenazas para ganar influencia entre los candidatos. *
Mientras algunos aspirantes compiten por conseguir votos, los grupos criminales se mantienen ocupados buscando potenciales aliados entre los futuros funcionarios, independientemente de su filiación política.
La lucha entre estos grupos por conseguir una mayor influencia sobre el Estado, ha desatado una ola de violencia político electoral.
Violencia política
La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas, o en atentados contra las personas con quienes mantienen una cercanía. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante.
La violencia política puede ser perpetuada por agentes del Estado, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de personas.
Conviene subrayar, que en los procesos electorales es muy común hablar de la violencia política contra las mujeres por razón de género, la cual es una tipología, que impacta severamente en los derechos de las militantes y candidatas. Sin embargo, en esta ocasión, el tema se aborda desde un aspecto mas general.
Las cifras
El proceso electoral 2024, sin duda representará un hito en la historia del país, por primera vez las mujeres encabezan la candidatura presidencial, lo que vaticina la elección de la primera presidenta de México; pero, además, la resistencia ante un posible cambio de poder y la intervención de grupos criminales, es lo que marcará a este proceso como el más violento.
Datos aportados por el Laboratorio Electoral, señalan que al mes de abril se tienen registrados más de 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 51 fueron asesinatos, de los que 27 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. **
Siendo los partidos con mayor número de aspirantes asesinados Morena y el PAN, en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones.
Las consecuencias
Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal.
Estos grupos ejercen la presión más intensa y abierta sobre los procesos electorales en las regiones afectadas por el conflicto y a nivel municipal, que sigue siendo la capa más débil del gobierno y también la que enfrenta el desafío más abrumador en la lucha contra el crimen. *
En el contexto actual del país, la violencia asociada a los comicios mantiene una tendencia que preocupa a las instituciones electorales, ya que, se ha precisado que la violencia ejercida en contra de los partidos políticos y candidatos, se han suscitado en territorios controlados por grupos criminales.
Siendo Michoacán, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Morelos, las entidades federativas con mayores incidencias de violencia política.
Hasta el mes de abril, el INE ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo.
Lo anterior, ha representado dificultades para que algunos partidos políticos y aspirantes, sostengan sus candidaturas y realicen sus campañas políticas, estas condiciones de terrorismo reflejan las nulas garantías para participar en los procesos electorales locales de estos Estados.
De ahí que, el Instituto Nacional Electoral tenga que determinar si existen las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones en alguna de estas entidades.
Ya que, de darse algún supuesto de violencia generalizada por el crimen organizado, podría causarse la nulidad de las elecciones en los territorios en conflicto, lo que traería implicaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales, que significarían una perdida en la calidad de la democracia.
Concluyendo
Si bien, las instituciones electorales son las responsables de garantizar elecciones libres y auténticas, no se les puede trasladar la totalidad de la carga, es necesario señalar y hacer visible el continuo lazo entre el gobierno y el crimen organizado, ya que eso es lo que ha mantenido altos niveles de violencia del país.
Por ello, es necesario implementar medidas para frenar la corrupción e impunidad durante y después de las elecciones, ya que es lo único que puede evitar que los grupos criminales obtengan ventaja al establecer pactos con aquellas personas que posiblemente sean electas.
