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YANETH TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro). Ya es común ver en la conferencia presidencial mañanera -día tras día- a personajes políticos y funcionariado público, comportándose como celebridades ante la presencia de los medios de comunicación, emitiendo discursos estridentes y declaraciones agresivas, cuando son cuestionados por ocultar o minimizar la información en torno a sus intereses privados, económicos y políticos.
En especial, cuando son confrontados por activistas de derechos humanos, periodistas o ciudadanos y ciudadanas que descubren y señalan sus arbitrariedades; este funcionariado de forma inmediata, usa el servilismo de las instituciones para censurar, intimidar o violentar a aquellos y aquellas que los cuestionan.
Violando y restringiendo el derecho de libertad de expresión de todos aquellos que ejercen su ciudadanía, provocando un aumento en el número de agresiones físicas e institucionales, así como la impunidad en la que se mantienen las violaciones a derechos humanos de las personas que deciden cuestionar los actos de estos funcionarios.
La utilización de controles indirectos, el sometimiento de la discrecionalidad de impartidores de justicia, la influencia del poder y el dinero han puesto en evidencia a un Estado débil y deficiente en el ejercicio de la democracia, en donde grupos de poder imponen sus criterios a una ciudadanía poco informada y participativa, negándoles el ejercicio de un peso real en el ámbito de las toma de decisiones.
La escasa tolerancia que estos personajes tienen frente a las críticas y la innegable pobreza en la calidad del debate y la cultura política, convierte a las instituciones que representan, en un producto que se comercializa a través de la simplificación de sus mensajes para hacerlos atractivos y consumibles.
De ahí que, su actuación política sea calificada por su capacidad de persuasión y seducción a un grupo y no por una evaluación racional de propuestas y de la información que emiten.
Esto nos permite deducir que estos personajes políticos y funcionariado público consideran a la ciudadanía, como un grupo de electores que solo pueden intervenir y tomar decisiones al momento de emitir un voto y no al momento de exigirles responsabilidad a estos políticos y políticas, arrebatándoles con ello su calidad de ciudadanos al dejarlos como simples espectadores.
Tal restricción no solo atenta contra la democracia, la participación social y el compromiso cívico, sino que, contribuye a una situación de impunidad y corrupción al no permitir que la ciudadanía vigile el actuar y cuestione la responsabilidad de los sujetos que se comprometieron a administrar al Estado, por lo que de seguir colocando obstáculos en una democracia solo se mantendrá un Estado de Derecho limitado envuelto en serios problemas sociales, culturales y económicos.
Es por lo anterior que, el Estado debe comprometerse a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en el cual la ciudadanía pueda expresarse sin el peligro de ser expuesta a severos castigos por emitir críticas al funcionariado, al gobierno, al régimen, al orden socioeconómico y a la ideología política prevaleciente.
Respetar la libertad de expresión y posicionar a la ciudadana y al ciudadano como sujetos con posibilidades jurídicas de exigir información, manifestar libremente sus ideas y, en ocasiones, participar en la conformación de la opinión pública, otorgará credibilidad al Estado y a las instituciones, en el sentido de legitimar sus acciones frente a una sociedad que espera que sus demandas sociales contribuyan al bienestar social.
