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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. “Hay que dividir a las clases de personas y “reconocer” de entre ellas a las de elevado carácter que pudieran estar al frente de otros ciudadanos; después, hay que reorganizar al Estado y formar magistraturas con personas que presuman buenas habilidades para administrar la justicia, –la mayoría será integrada por amigos y partidarios–, pero establezcamos controles para evitar que los ambiciosos quieran atentar contra el gobernante o su régimen, sus decisiones deberán ser sometidas a constantes revisiones.
Las instituciones privilegiadas serán para amigos y partidarios, de tal forma que el ejército, la justicia y la elaboración de leyes, este en manos del gobernante. A la clase última hay que prometerles poder, pero deberá ser de poco a poco, prometamos puestos en cargos públicos y participación en las tomas de decisiones públicas. De esa forma el pueblo estará satisfecho bajo la promesa de que se le devolverá parte de la administración del Estado y con eso no se opondrán a las decisiones del gobernante.”
Maquiavelo
Si algo tiene la historia, es que a pesar de conocerla se puede actualizar de forma reiterada y sin dejarnos de sorprender.
Y es lo que ha pasado con la reforma judicial. Esta ocurrencia vino a cimbrar no solo la forma en la que se concebía la impartición de justicia, si no también, uno de los pilares principales de la democracia que es, la independencia judicial.
Ante este asalto democrático, mucho se habló y se discutió, los expertos hicieron visibles las consecuencias negativas de implementar el nuevo modelo judicial, incluso la comunidad internacional se manifestó advirtiendo sobre el retroceso judicial y democrático que generaría tal decisión, pero no se logró un consenso que apelara al bien común.
La batalla por la defensa a la independencia judicial se dio y fracasó, y ante el avasallamiento de la mayoría legislativa, hoy estamos en un proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior, no implica que exista una aceptación a este sistema judicial, si no que, la realidad está poniendo a prueba la capacidad de adaptación a los retos que plantea la repartición del poder judicial y su politización, las imprecisiones legislativas de la propia reforma, el desacato constitucional a las sentencias de la Corte y la posible ausencia de capacidades jurídico procesales que requiere la impartición de justicia.
Estas y otras circunstancias que abonan a la incertidumbre jurídica, son las que están pasando desapercibidas por el circo mediático de algunos candidatos a juzgadores, que apuestan por un golpe de suerte y simpatía que por sus capacidades reales.
Situación, que tampoco sorprende pues vivimos en una sociedad que está acostumbrada a las comedias políticas, en donde el ingenio partidista ha usado el populismo como estrategia para lograr la confianza y obediencia de la ciudadanía, pero, sobre todo como una forma eficaz de desviar la atención de asuntos de interés social.
Lo preocupante es, que ahora los ciudadanos le hacen comparsa al régimen en su comedia; unos ignorando las acciones que atentan contra el bien común y otros tantos, aprovechando al máximo las circunstancias que les ofrece el partido en el poder, para sacar de ellas el mayor beneficio posible.
Lo anterior, no significa la inexistencia de perfiles idóneos. Claro que los hay, y muy buenos. La duda es, si el gobierno cumplirá con la promesa hecha a los mexicanos, y si los buenos perfiles ocuparán los cargos de impartición de justicia con independencia o si solo llegarán sus partidarios; pero, eso es otro tema.
Es así como, habríamos de preguntarnos, qué tan preparados estamos para el sistema de elección de jueces y qué tanto nos costará habituarnos a las nuevas formas de impartición de justicia.
Porque una cosa, es aceptar que la disposición constitucional al sistema de justicia es vigente e inatacable; y otra cosa, es estar preparados para participar de manera informada en las elecciones judiciales.
Situación, que por más optimista que seamos, la realidad es que el modelo electoral implementado por el Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, es compleja y confusa.
De ahí que, el primer reto a enfrentar serán las elecciones judiciales, pues no solo se trata de ir a ejercer el voto, la ciudadanía debe conocer la oferta electoral por especialidad y los perfiles de todos los candidatos, así como los requisitos que deben poseer cada uno para poder desempeñar las funciones de juzgador.
Pero, no solo es eso, deben conocer las reglas para emitir su voto, ya que la confusión al momento de llenar las boletas, puede generar votos nulos o dejar varias materias judiciales sin cargos electos, entre otras situaciones.
Hay que mencionar, además, los resultados que generará el abstencionismo. Si en algo se caracterizan los procesos electorales, es por la baja participación ciudadana al momento de ejercer el voto, de hecho, el INE calcula una participación entre el 8% y el 15% del total de mexicanos convocados a las urnas.
Una cifra baja si se compara con la tasa de participación para las elecciones presidenciales del 2024, que fue del 61.04%.
En fin, las experiencias tanto positivas como negativas que se susciten en este proceso electoral, nos permitirá desarrollar habilidades que contribuyan a superar las complicaciones de esta reforma, solo así podremos transitar de una mejor forma al nuevo cambio.
