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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. En los próximos meses, los partidos políticos comenzarán a revelar sus cartas y empezarán a hacerle frente a la eterna campaña de Andrés Manuel López Obrador, la pugna por el poder traerá consigo una serie de transgresiones a la democracia y a los derechos civiles y políticos de los mexicanos.
En especial, con aquellos grupos que aun cuando no forman parte de la oposición política, transparentan y hacen visible el abuso de poder, la corrupción, la violación a derechos humanos y la impunidad.
Y no es que sea algo nuevo, pero la información juega un papel importante en los procesos electorales.
Por una parte, su función es dotar al ciudadano de instrumentos que le faciliten tomar decisiones informadas y libres; y por otra, funge como un arma que puede jugar a favor o en contra de los grupos de poder.
Por ello, es común ver a personajes políticos comportándose como celebridades frente a los medios de comunicación, emitiendo discursos estridentes y agresivos cuando se les cuestiona por ocultar o minimizar la información sobre sus actos o al despertar suspicacias en torno a sus intereses privados, ya sean económicos o políticos.
Personajes que al sentirse expuestos, usan el servilismo de las instituciones para censurar, intimidar o violentar a aquellos periodistas, activistas y ciudadanos que los cuestionan.
Violando y restringiendo el derecho de libertad de expresión de todos aquellos que ejercen su ciudadanía, provocando un aumento en el número de agresiones físicas e institucionales, así como la impunidad en la que se mantienen las violaciones a los derechos humanos de las personas que deciden cuestionar los actos de estos funcionarios y políticos.
La utilización de controles indirectos, el sometimiento de la discrecionalidad de los impartidores de justicia, la influencia del poder y el dinero, han puesto en evidencia a un Estado débil y deficiente en el ejercicio de la democracia, en donde grupos de poder imponen sus criterios a una ciudadanía poco informada y participativa, negándoles el ejercicio de un peso real en el ámbito de las tomas de decisiones.
Lo anterior, se debe a la escasa tolerancia que tienen frente a las críticas y la innegable pobreza en la calidad del debate y la cultura política, en donde, sus actores se convierten en un producto que se comercializa a través de la simplificación de sus mensajes, para hacerlos atractivos y consumibles.
O en que su actuación política sea calificada por su capacidad de persuasión y seducción de un grupo minoritario y no por una evaluación racional de propuestas y de la información que emite.
Lo que permite deducir que, estos personajes políticos y funcionarios públicos, consideran a la ciudadanía como un grupo de electores que solo pueden intervenir y tomar decisiones al momento de emitir un voto y no al momento de exigirles responsabilidad a estos políticos; arrebatándoles con ello su calidad de ciudadanos al dejarlos solo como espectadores.
Tal restricción no solo atenta contra la democracia, la participación social y el compromiso cívico, sino que, contribuye a una situación de impunidad y corrupción, al no permitir que la ciudadanía vigile el actuar y cuestione la responsabilidad de los sujetos que se comprometieron a administrar al Estado.
De seguir colocando obstáculos en la democracia, solo se mantendrá un Estado de Derecho limitado envuelto en serios problemas sociales, culturales y económicos.
Es por lo anterior, que el Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en el cual, los ciudadanos puedan expresarse sin el peligro de ser expuestos a severos castigos, por emitir críticas sobre cuestiones políticas, críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socioeconómico y a la ideología prevaleciente.
En conclusión, respetar la libertad de expresión y posicionar al ciudadano como un sujeto con posibilidades jurídicas de exigir información, manifestar libremente sus ideas y, en ocasiones, participar en la conformación de la opinión pública, otorgará credibilidad al Estado y a las instituciones, en el sentido de legitimar sus acciones frente a una sociedad que solo espera que sus demandas sociales contribuyan al bienestar social.
